Fiscal reconoce necesidad de reformar ley para agilizar extradición de Celso Gamboa y otros 14 ticos

La reforma a la Constitución Política que permitió la extradición de ciudadanos costarricenses por nacimiento o naturalización ya ha posibilitado someter a 15 supuestos criminales de alto perfil a procedimientos para remitirlos a países que los requieren por narcotráfico.

Sin embargo, tras la aprobación de las primeras extradiciones —entre ellas la del exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez; el exconvicto y líder narco Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata o Diosito; el empresario Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe; así como la del sublíder del Cártel del Caribe Sur, Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni—, las autoridades detectaron un nuevo obstáculo para concretar las entregas.

Estas extradiciones ya fueron concedidas en primera instancia, pero de forma diferida, bajo la condición de que la entrega se realice únicamente cuando fenezcan las causas penales que los imputados afrontan ante la justicia costarricense.

El problema se resuelve con relativa facilidad cuando los expedientes aún están en etapa de investigación, pues el Ministerio Público (MP) —órgano encargado de la persecución penal— puede optar por aplicar un criterio de oportunidad y suspender o cerrar el caso, a fin de facilitar la entrega.

De hecho, esta alternativa ya fue aplicada en un caso del exministro Gamboa. No obstante, el principal tropiezo surge cuando la investigación ya concluyó y se presentó acusación.

Ya sea que el proceso se encuentre en fase intermedia —donde se define si se eleva a juicio— o esté a la espera de la celebración del debate, esta situación se ha convertido en un freno para la extradición.

Por esta razón, el MP considera necesaria una reforma legal que amplíe los supuestos bajo los cuales se puede suspender un proceso penal en el país para dar vía expedita a la entrega de un sospechoso requerido por otra nación.

Carlo Díaz, fiscal general de la República, reconoció la necesidad de impulsar un cambio normativo, ya sea en la Ley de Extradición, en la Ley Orgánica del Ministerio Público o en el Código Procesal Penal (CPP).

"El Ministerio Público tiene una herramienta que está en el artículo 22 (del CPP) que es el criterio de oportunidad. Nosotros podríamos prescindir o pedir la suspensión de la acción penal cuando tengamos en investigación un proceso penal. 

Donde sí estamos "amarrados" es cuando ya se judicializó, o sea, ya se hizo una acusación y está pendiente la realización de una audiencia preliminar; o cuando ya pasó esta etapa y se está en espera de una etapa de juicio.

Ahí no tenemos esta posibilidad. Nos gustaría una reforma en ese sentido, donde el Ministerio Público, la Procuraduría o las partes puedan disponer de esos procesos para agilizar la extradición", enfatizó Díaz.

Este cambio tendría que ser propuesto y aprobado por la Asamblea Legislativa, ya que el Poder Judicial —y, por ende, la Fiscalía General— no tiene iniciativa de ley, es decir, no puede presentar proyectos de reforma legal.

Solo el Poder Ejecutivo o algún diputado pueden asumir esta necesidad y convertirla en un expediente legislativo.

Otra alternativa planteada es que la ley permita no desechar las causas penales que enfrentan los extraditables en Costa Rica, sino modificar el orden de prelación de los procesos.

"Cambiar la prioridad, que no dependa la extradición de nuestros procesos nacionales, sino que puedan continuarse una vez que se definió qué sucedió con el extraditable cuando ya se hizo la entrega o se le juzgó en el país requiriente", puntualizó el jerarca judicial.

La intención es ampliar los escenarios para que los tribunales —o incluso la Fiscalía, como órgano encargado de la persecución penal— puedan adoptar este tipo de decisiones.

"Sería el Ministerio Público que es quien le da impulso procesal a todas estas causas, que el Ministerio Público valore qué le interesa más: si continuar con los procesos penales que tiene ya judicializados o si le da prevalencia a la extradición de una persona", señaló Díaz.

Urgencia

A criterio del fiscal general, una reforma legal podría acelerar no solo las extradiciones futuras, sino también las que ya están en curso.

Existen dos tipos de reformas de ley: las sustantivas, que modifican el fondo del derecho (derechos y obligaciones, como el Código Penal), y las adjetivas o procesales, que alteran normas de forma, procedimientos y plazos.

La diferencia es clave, pues las leyes sustantivas no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio de derechos adquiridos, mientras que las normas procesales rigen de inmediato. Las actuaciones ya concluidas se mantienen bajo la ley anterior, pero las futuras se ajustan a la nueva normativa.

Esto implica que, de aprobarse el cambio, podría aplicarse a los casos actualmente en trámite. Para Díaz, la modificación tendría efecto inmediato y permitiría acelerar extradiciones ya autorizadas.

"Sería una modificación procesal, por lo que se afecta únicamente es el curso del procedimiento", manifestó el fiscal.

Estos retrasos son comprendidos por las autoridades estadounidenses, que se mantienen tranquilas al entender que los procesos de extradición pueden tardar incluso años. El propio Díaz mantiene conversaciones frecuentes con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para dar seguimiento a estos casos.

Los representantes de la agencia antinarcóticos de EE. UU. reconocen los obstáculos legales existentes y la demora que suelen implicar estos procesos judiciales. Aun así, se busca cómo eliminar trabas.

Lista en crecimiento

Los primeros tres capturados para responder a solicitudes de extradición de Estados Unidos fueron el exministro Gamboa Sánchez; Pecho de Rata y Gato o Profe.

A esta lista se sumó Noni, hermano de Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock. Ambos lideraban una organización dedicada al envío de grandes cargamentos de droga hacia Norteamérica.

Noni se encuentra detenido en Costa Rica, mientras que su hermano permanece arrestado en Londres, Inglaterra, desde diciembre del año pasado, también sujeto a una solicitud de extradición de EE. UU., aunque ese proceso se tramita en Europa.

Asimismo, se gestionan las extradiciones de Andrés Felipe Restrepo Uribe, colombiano nacionalizado costarricense, acusado de narcotráfico junto a Luis Alberto Sinisterra Lozano; así como del venezolano Yon Freddy Sánchez Chavarro, ambos residentes en el país.

Entre los solicitados más recientes por EE. UU. figuran el oficial de la Fuerza Pública Michael Amador Corella, alias Rojo; William Iván Ramírez Arguedas, alias Rambo o Kimba; Gerardo Castro Muñoz, alias Precioso, Muñeco o Lalo; y Jorge William Cordero Obregón, alias Gordo, Candado o Pallín, quienes operaban cargamentos de droga desde Colombia por vía marítima.

Otros países también han presentado solicitudes. Italia requiere a Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, por dos envíos de cocaína ocultos en productos agroexportados desde Moín, Limón.

Panamá solicitó la extradición de José Villalobos López, alias Boligoma, pescador de Golfito detenido en 2016 con media tonelada de cocaína. Francia requirió a Iván Pablot Martínez y Hamilton Restrepo Osorio, detenidos el 30 de septiembre, por narcotráfico.

Posteriormente, fue solicitado Gilbert Hernán de los Ángeles Bell Fernández, alias Macho Coca, empresario limonense de 62 años, requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por tráfico internacional de drogas.

El décimo quinto extraditable es un costarricense de apellidos Morales Araya, alias Beto, requerido por el presunto trasiego de cargamentos de drogas sintéticas hacia Florida, Estados Unidos.