Fiscal: Jurisdicción contra crimen organizado está colapsada

La Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada del Poder Judicial (JEDO) está colapsada de casos a un año de entrar en funcionamiento: así de contundente lo describe el fiscal general de la República, Carlo Díaz. Esta es una ‘sede' judicial especial, creada recientemente para tramitar los expedientes más complejos y graves de crimen organizado que ocurran en cualquier parte del país.

Fue constituida con el objetivo de dar más herramientas de investigación, plazos y trámite a la administración de justicia, para desarticular grupos principalmente de narcotráfico, sicariato y legitimación de capitales, y de esta forma hacerle frente a la ola de inseguridad que afronta Costa Rica desde hace años.

No obstante, pese a tener poco tiempo en funcionamiento, ya la Jurisdicción está saturada de trabajo y no consigue dar abasto con todos los casos que se le asignan. Así lo detalló Díaz, tras revelar que el megacaso de fraudes y lavado conocido como Madre Patria, es el primer expediente similar que se tramitará en esa dependencia.

La Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada prácticamente tiene un año, como ustedes saben la ley estipula que es el fiscal general quien dirige las investigaciones a esa jurisdicción. Esta ha sido una labor bastante ardua, hemos tratado de llevar todas las causas de crimen organizado posibles a esta Jurisdicción. No obstante, la misma ya tiene un colapso. 

Justamente, Díaz ejemplificó que casos como ‘Madre Patria', con alrededor de 40 sospechosos y un daño multimillonario causado, el volumen del expediente, la importancia, el monto de dinero y la cantidad de propiedades, obligan al Ministerio Público a disponer de una fiscal especializada coordinadora y dos fiscales auxiliares para manejar todo el caso.

Son alrededor de 40 expedientes judiciales grandes en uno solo. Esto demuestra la carencia de recursos para combatir el crimen organizado, dado que ellos no podrían dar abasto con otra causa penal de dimensiones similares. 

Contamos con escasos recursos. De inicio se pensó que eran los adecuados, pero en la práctica vemos que no son los suficientes. Es parte de la realidad con la que contamos en esta Jurisdicción. Pese a los recursos que se dotaron se creía que alcanzarían, ya podríamos decir que no son suficientes. 

Síntomas

El trámite de casos mediáticos de crimen organizado como Fénix, Azteca o Turesky, exhiben los síntomas de una sede judicial que desde sus inicios está saturada. Por ejemplo, el caso Fénix por narcotráfico y lavado de dinero, debió ser devuelto a los juzgados de Pérez Zeledón, debido a que la JEDO ya no tenía jueces disponibles para hacerse cargo de la audiencia preliminar. Esto ocurrió a finales del mes pasado.

El expediente involucra a 23 personas con una red narco cuyo patrimonio ilícito ronda los $17 millones, supuestamente. La audiencia ha tenido que ser suspendida en varias ocasiones. El último episodio de pausa fue la carencia de jueces titulares y suplentes en esta jurisdicción, así como la imposibilidad de designar un juzgador que no haya conocido el caso.

Todo el embrollo en torno a este expediente, inició cuando el juez encargado del análisis preliminar de la acusación y las pruebas, se hizo a un lado y se excusó de conocer el caso, debido a que fue defensor público de un sospechoso en una causa penal que se está utilizando como hecho precedente a la investigación por tráfico de drogas.

Por esa razón, la Jurisdicción intentó trasladar el tema a otros tres jueces. Sin embargo, ya todos han hecho trámites y no podían asumir la audiencia preliminar. El caso volvió a las manos del primer juez, quien se había apartado.

Entonces, los abogados presentaron recusación, una actividad procesal defectuosa y un recurso de revocatoria, para evitar que se continuara el trámite, y exigiendo que al no tener jueces imparciales, entonces se asigne a un juez de los tribunales penales ordinarios para que se haga cargo.

Finalmente, el Juzgado JEDO dio la razón a los abogados defensores y tomó la decisión de devolver el Caso Fénix a Pérez Zeledón, al no tener personal para proceder.

A esto se suman una serie de cuestionamientos y advertencias que han hecho distintos jueces al manejo que ha tenido la Fiscalía en los casos Azteca y Turesky.

En este último, sobre supuesta importación de droga desde América del Sur para meterla en contenedores y enviarla a Europa, el Tribunal de Apelación de JEDO no permitió extender las medidas cautelares por presuntos fallos del fiscal, lo que provocó que las 22 personas acusadas quedaran en libertad. En la resolución donde tomaron la decisión, esto indicaron:

(…) Preocupa a esta cámara de apelaciones, que después de tres años de investigación y tres años de haberse practicado las detenciones de las personas endilgadas y habérseles impuesto, por primera vez, las medidas cautelares que soportan, la representación fiscal no cuente aun con una solicitud acusatoria formalmente incorporada al expediente y puesta en conocimiento de las partes, situación que a todas luces riñe con el principio de imputación, ya que de la sola lectura de los hechos que motivan la solicitud de prórroga de las medidas cautelares y que son los únicos que ha tenido a la vista esta integración de alzada, no se derivan de forma clara, precisa y circunstanciada los hechos que se les endilgan a los imputados e imputadas.

De forma similar en mayo, tres jueces del Tribunal de Apelación de Goicoechea advirtieron las graves falencias que han cometido funcionarios del Ministerio Público, al tramitar este expediente judicial conocido como caso Azteca: otra supuesta estructura de tráfico internacional de drogas que en apariencia logró conseguir contratos con Acueductos y Alcantarillados (AyA) para lavar sus ganancias.

Señalaron los jueces la inexactitud de los fiscales es que en varias ocasiones dijeron que tenían la acusación en un 50% lista, cada vez que pedían extender la prisión preventiva, provocando que los imputados estuvieran más de 2 años en la cárcel. Además de otros errores, según se muestra en la resolución:

(Hemos) venido advirtiendo sobre las graves falencias en las actuaciones del Ministerio Público en este proceso (incluso comunicando a la Fiscalía General para lo de su cargo) y, principalmente en lo que atañe a sus gestiones de prórroga de prisión preventiva señalándose que, de parte de la fiscalía, en específico, del fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Delincuencia Organizada, se han advertido actuaciones erráticas que reflejan desidia, irrespeto al proceso y a las partes. 

En ambos casos, la Fiscalía se ha sacudido de los cuestionamientos.