Fiscal general dirigirá acusación penal contra diputado chavista en juicio por supuesta corrupción
Carlo Díaz, fiscal general de la República, dirigirá la acusación y la acción penal contra el diputado chavista Alexander Barrantes, acusado del delito de cohecho impropio por supuestamente ofrecer embajadas y puestos en el Gobierno a otra diputada, a cambio de votos.
El Ministerio Público confirmó que será su jerarca quien encabezará la representación de la entidad en el juicio que iniciará este martes 13 de enero y cuyo conocimiento está a cargo de los magistrados de casación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el jefe del MP es el encargado de investigar a los miembros de los Supremos Poderes —como los diputados— y de solicitar lo necesario para la resolución de los casos.
También le corresponde intervenir en los juicios que se tramitan en la Sala Tercera, donde puede hacerse acompañar por un fiscal. El debate se desarrollará desde este martes y se extenderá hasta el próximo viernes 16 de enero, en el edificio de la Corte.
El legislador oficialista, una de las fichas del mandatario Rodrigo Chaves en el Congreso, es señalado por un encuentro con una diputada del Frente Amplio, a quien presuntamente le habría ofrecido cargos en la función pública a cambio de su apoyo para aprobar los eurobonos en 2022.
Los hechos se remontan al 9 de noviembre de 2022, cuando Barrantes solicitó a la legisladora un espacio para conversar sobre el proyecto de ley que pretendía autorizar al Ministerio de Hacienda a contraer deuda por varios miles de millones de dólares.
Durante la conversación, Barrantes le habría ofrecido plazas en el actual Poder Ejecutivo o en embajadas —vacantes en ese momento— a cambio del respaldo del Frente Amplio para avalar la emisión de deuda externa.
De hecho que la diputada frenteamplista Sofía Guillén comparecerá como testigo el miércoles. El fiscal general presentó la acusación formal hace un año, tras recibir la denuncia y concluir la investigación correspondiente.
La pieza acusatoria fue revisada por los magistrados, quienes determinaron que cumplía con los requisitos para iniciar un proceso penal. Luego, el oficialista renunció a su inmunidad.
Tal como reveló CR Hoy, la Procuraduría General de la República, entidad que actúa como abogada del Estado, solicitará una indemnización de ₡10 millones durante el juicio. La institución presentó una querella —o acusación particular— y una acción civil resarcitoria, adjuntas a la acusación elevada por la Fiscalía General contra el legislador.