(CRHoy.com) -El proyecto de ley que fijaría topes al cobro de intereses de las operaciones de crédito para frenar la usura divide a los diputados.

Legisladores de 4 bancadas representadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios  sostienen que es urgente frenar el cobro de intereses desproporcionados que ahogan a miles de familias costarricenses.

Esta es la posición que une a congresistas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA).

Sin embargo, para diputados de los partidos Restauración Nacional (PRN), Republicano Social Cristiano (PRSC) y el independiente Erick Rodríguez, quienes adversan la redacción del texto, aseguran que el remedio podría salir más caro que la enfermedad y hacen eco a la advertencia lanzada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Según el proyecto de ley, que se dictaminaría la próxima semana en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) fijaría los topes máximos anuales para el cobro de intereses de las operaciones de crédito en colones y dólares.

Con la metodología acogida por la mayoría de la comisión, la tasa máxima anual en colones sería de 30,18% y en dólares de 15,31%, según cálculos efectuados a hoy por el Banco Central.

El cobro de intereses por encima de esos topes se consideraría usura y sería castigado penalmente, de acuerdo con la propuesta de ley.

¡Cuidado!

La ABC advirtió este martes que los topes establecidos pueden provocar la exclusión de cerca de una tercera parte de las personas con tarjetas de crédito, quienes tendrían que recurrir al crédito informal, y eso implicaría un retroceso en el proceso de bancarización.

"Además, el tope generará una significativa reducción en las ventas del comercio por la reducción del acceso al crédito de los consumidores, profundizándose así el problema de reactivación económica que enfrenta el país. Adicionalmente, es necesario resaltar que el tope establecido carece de sustente técnico", manifestó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC.

Esta misma preocupación condujo a los diputados Carlos Avendaño, del PRN, y Otto Roberto Vargas, del PRSC, a objetar la propuesta en los términos en que ha sido avalada por la mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Según Avendaño, es falso que la fijación de topes beneficie a las personas altamente endeudadas.

"Eso es un populismo. A la gente que está ahogada en deuda, en este momento, podemos darle otro tipo de opción. Creo que todos lo tenemos claro, salvo quien esté convencido en este populismo, de vender este humo. No va a suceder eso, pero lo que sí va a suceder, que es un gran riesgo, es una gran exclusión de consumidores, que serán lanzados al mercado informal, eso es lo que yo llamo: fijemos una tasa tope, pero hagámoslo científicamente y responsablemente", dijo.

Avendaño insistió en que está a favor de fijar topes, pero que no se puede realizar "cubriendo solamente unas aristas, sin tomar todo el panorama del mercado ".

"No solamente tomar -por ejemplo- las tarjetas de crédito como un todo, hay otros productos importantes que se tienen que tener en consideración", agregó.

Similar posición externo el congresista Vargas, quien explicó que fijar topes provocaría que no se le otorguen créditos a un grupo de la población porque los bancos y empresas establecen intereses más altos por el riesgo de no recuperar las deudas.

"Esto deja a un sector vulnerable fuera de la opción de poder conseguir créditos y también implica el financiamiento de un sector informal. Más del 50% de los costarricenses tiene empleos informales (…) Esas personas son financiadas por entidades, obviamente con intereses más altos, pero tienen acceso al crédito", amplió.

El legislador puntualizó que esas entidades dejarían de financiar a esas personas con créditos a intereses más bajos porque no asumirían ese riesgo.

Sostuvo que a esas familias no se les puede pedir que ahorren para que compren artículos -como hornos de microondas, lavadoras o cocinas, por ejemplo- porque eso significaría que no podrían pagar servicios, como el agua o la electricidad.

Por eso, insistió que su propuesta consiste en que las tasas de las operaciones de microcrédito sean excluidas de la metodología general y sean calculadas de manera diferenciada por el Banco Central.

Los riesgos

El independiente y economista Erick Rodríguez, quien también cuestiona la propuesta, explicó que la fijación de topes a los intereses de los créditos conllevaría un conjunto de consecuencias negativas, como las siguientes:

• Siempre que se regulan precios (las tasas de interés son uno de ellos), lo único que se provoca es escasez.
• Una tasa de usura entre el 30% y 35% generaría exclusión bancaria porque hay actividades riesgosas que se cubren con intereses mayores.
• A esas personas o actividades no se les podría prestar y no se les daría tarjetas de crédito, y se verían obligados a recurrir al mercado informal.
• Si esto sucede, la gente, al dejar de usar tarjetas, utilizaría más dinero en efectivo, y esto afectaría la recaudación fiscal.
• Se deben establecer tasas diferenciadas porque hay distintos productos. No todas las actividades tienen el mismo riesgo.

"Por eso digo que de buenas intenciones está empedrado el camino de los infiernos (…) Estas son las ideas estatistas y que creen que con fijación de precios van a resolver los problemas", concluyó.

Cobros desproporcionados

Los diputados David Gourzong, del PLN y proponente de la iniciativa, María Vita Monge, del PUSC, y José María Villalta, del FA, defienden la propuesta y aseguran que su objetivo es frenar los cobros desproporcionados que se le hacen a los deudores.

Según Gourzong, a los deudores "se les está extrayendo recursos para trasladarlos a los sectores más poderosos del país".

"En la fórmula del riesgo, hay un 12% incluido en la tarifa y supera lo que es máximo para la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Hay 4 veces el riesgo, está el encaje legal, el costo del dinero, las comisiones y el costo administrativo. Esto lo multiplican por un 40%, y genera hasta un 10% bruto de interés para los bancos", argumentó.

Calificó esta práctica como una "barbaridad" y manifestó que en otros países se paga menos por intereses en los créditos.

Dijo que en otras naciones -como Paraguay y Brasil- que fijaron límites a las tasas la población excluida del acceso al crédito fue absorbida por cooperativas que crecieron más que los bancos.

Monge, del PUSC, afirmó que, de una u otra forma, el proyecto de ley contra la usura podría ayudar a la reactivación económica del país.

"Se habla de exclusión financiera, pero, por el contrario, exclusión financiera es el tener hoy en día más de 800 mil personas con créditos, manchadas y con procesos judiciales. Creo que es importante poner ya un tope a las tasas de usura, en Costa Rica no hay condenas a la usura porque no hay un tope", declaró.

El congresista José María Villalta, del FA, opinó que el texto es razonable y que el tope propuesto es "más que suficiente".

"No lleva razón la Asociación Bancaria Costarricense. Ese tope se fundamenta en criterios técnicos y tampoco tienen razón cuando afirman que si ese proyecto se aprueba, se va a excluir gente del sistema financiero. Creo que mantener a la gente en esclavitud financiera, que es lo que provoca la usura, no es la forma de incluir a la gente en el sistema financiero", declaró.