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Figuras del PUSC se desdibujaron pronto en Gabinete de Alvarado

Dos ya están fuera del Gabinete, otras dos acumulan fuertes críticas y tres enfrentan polémicas en sus ministerios

Por Gerardo Ruiz | 10 de Jun. 2019 | 12:02 am

(CRHoy.com).- Sobre la gestión de las figuras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) le aportó al "Gobierno de unidad nacional" del presidente de la República, Carlos Alvarado, hay más sombras que luces a un año de haber iniciado labores.

Durante este lapso la mayoría de los jerarcas de proveniencia socialcristiana perdieron protagonismo, se desdibujaron por culpa de errores en sus funciones, o ya están del todo fuera del círculo de altos funcionarios que apoya la labor del mandatario elegido por el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Solo uno, André Garnier, ministro de Coordinación y Enlace con el sector productivo, tiene perspectivas positivas en su misión y goza del reconocimiento del segmento para el que labora desde Casa Presidencial.

Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), afirmó este jueves que Garnier "ha tomado su posición con mucha responsabilidad y dinamismo".

Al resto, o les queda poco capital político, o un tienen un liderazgo desgastado tras enfrentar retos de magnitud, o lidian con cuestionamientos y polémicas en sus ramos de acción producto de lo que han hecho o dejado de hacer durante estos 13 meses.

El primer grupo, el de quienes agotaron rápidamente el caudal con el que llegaron a la administración, lo encabeza el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.

Para el analista político Daniel Calvo, Piza quemó muchos de sus cartuchos durante el trámite del proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el cual asumió la labor de convencimiento tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa. Afuera, tuvo que enfrentar el rechazo de los beligerantes sectores sociales que optaron por la huelga en los servicios públicos para intentar descarrilar la iniciativa.

Apenas la semana pasada el titular de la Presidencia afirmó que las amenazas de huelga en la educación pública se deriva del trámite de un proyectos de ley "que no compete al Poder Ejecutivo", en referencia al proyecto de Ley que brinda seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos, texto que redactó e impulsa la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) que durante el primer año del gobierno de Carlos Alvarado fue el máximo aliado en el impuso de iniciativas como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El desliz del ministro lo captó en el aire la jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández, quien emitió un pronunciamiento en el que acusó a Piza de "dinamitar" su relación con el Parlamento, de perder más credibilidad como ministro y de faltarle a su responsabilidad política.

Hernández además se encargó de recordarle al titular que el Poder Ejecutivo convocó las iniciativas que objetan los sindicatos (expedientes 21.097 y 21.049) para su debate durante las pasadas sesiones extraordinarias, durante las cuales controla la agenda de trabajo del Congreso, entre el 1.° de diciembre y el 30 de abril de cada legislatura.

"Asimismo, pasa por alto que ninguno de los jerarcas del Poder Ejecutivo se ha opuesto a dichos proyectos cuando han sido convocados por los distintos órganos legislativos (…)", le reclamó la diputada al ministro.

 

Además de ese rechazo popular por sus posiciones, el excandidato presidencial del PUSC también se topó pronto con las críticas de la oposición por un presunto ausentismo suyo del teatro político más importante, el legislativo.

El secretario general y diputado de Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales, acusó al jerarca de abandonar el diálogo con el Parlamento—su principal labor, aparte de servir de escudero del mandatario—después de que Casa Presidencial lograra el aval al plan fiscal en diciembre del 2018.

Encima, para "celebrar" el primer año de Gobierno, Piza incurrió en un aparente error de cálculo al manifestar públicamente que con total seguridad no va a seguir en el cargo hasta el final de la administración de Alvarado.

Aunque insistió en que no era nada nuevo, el anuncio tomó mucho relevancia y ahora le mete incertidumbre al desempeño del Gobierno y del propio presidente, que se quedará sin su principal aliado político.

Consejo Económico cambia de manos

A la economista Edna Camacho, una descollante profesional que hizo carrera en la Academia de Centroamérica, un prestigioso centro de investigación privado, y que llegaba antecedida por su reconocida labor en el ámbito fiscal y económico en gobiernos socialcristianos, también se le agotó rápido su cuerda como ministra coordinadora del sector económico del Gobierno.

Camacho se marchará el 1.° de julio del Gabinete con rumbo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sin mostrar mayores resultados en ámbitos como la reactivación de los mercados, de la producción, y el retorno de la confianza del consumidor que respalden una buena evaluación sobre su labor.

Los vaivenes empresariales tampoco le favorecieron a Camacho. En medio de su labor en el Gobierno ocurrió la crisis de Aldesa Corporación de Inversiones, empresa dirigida por su esposo, Javier Chaves, con los cuestionamientos que han hecho públicos algunos representantes de los cientos de inversionistas perjudicados. La economista tuvo que enfrentar la tormenta al descubierto, más expuesta a la opinión pública que su cónyuge.

Ahora su rol lo asumirá la ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien ha hecho su corta carrera política bajo el ala del PAC. El economista Eli Feinzaig, líder del Partido Liberal Progresista, ve en el recambio una señal de que las políticas públicas que se aplican en el área ahora tendrán un aderezo más estatista, propio de Acción Ciudadana y lejano al pragmatismo fiscal y económico del PUSC.

La tercera gran figura del Gobierno con raigambre socialcristiana que enfrenta el segundo año de la administración en otras circunstancias es la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

Desde un principio la jerarca ha estado bajo la presión que ejerce la oposición para que el segundo gobierno del PAC dé un giro en sus hábitos de gasto en múltiples áreas del presupuesto de la República, labor que sorteó relativamente bien durante el primer año de la administración con decretos para contener la erogación en algunos rubros. Dentro de esas directrices destaca la que le puso un techo al crecimiento de la anualidad que devengan los empleados públicos.

Pero, después de echarse al hombro la negociación de los contenidos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el liderazgo no le ha alcanzado a la ministra para llevar a buen puerto otras prioridades financieras del Poder Ejecutivo, como el proyecto que autorizaría al Gobierno a endeudarse de nuevo en el exterior.

Aguilar solicitaba un aval para la colocación de títulos de la deuda soberana hasta por $6.000 millones. Sin embargo, no logró convencer a los diputados de oposición de la necesidad de endeudarse en ese monto para restructurar la deuda costarricense y trasladarla a un mayor plazo para ganar liquidez al reducirse el pago en intereses en lo inmediato.

Finalmente, el Parlamento dictaminó un proyecto para la emisión de eurobonos tan solo por $1.500 millones, obligando al Gobierno a tener que acudir nuevamente a pedir autorización si desea hacer posteriores colocaciones de títulos valores, a cambio de que dé muestras de mayor austeridad en el manejo del presupuesto.

A la ministra también la minó la decisión de la Contraloría General de la República de abrirle un procedimiento disciplinario que, de encontrarla responsable por el pago de deuda sin el aval legislativo, podría derivar en una suspensión o incluso en la remoción del cargo.

La titular siempre ha dicho que considera haber actuado en tutela de los intereses del país cuando Hacienda, apenas en el arranque del Gobierno de Alvarado, pagó más de ¢400.000 millones por concepto de intereses a compradores de títulos de deuda estatal sin que esos dineros se presupuestaran para el 2018, pues la administración de Luis Guillermo Solís no los incluyó en el plan de ordinario de gasto, hecho que se conoce como el "hueco fiscal".

Rodolfo Méndez Mata, quien asumió la cartera de Obras Públicas y Transportes (MOPT) también opera con las luces en amarillo debido a los cuestionamientos que ha acumulado a lo largo del primer año del Gobierno.

A este veterano militante del PUSC que dirige por tercera vez el conflictivo MOPT lo recibió el segundo año de Gobierno con cuestionamientos sobre el verdadero avance en una serie de obras menores para descongestionar las vías del país, denominadas topics, y con la urgencia de apagar el incendió que implicó la reducción de la categoría de seguridad aérea de Costa Rica producto de una auditoría de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que no terminó bien.

Trece meses después de que Méndez Mata asumiera el cargo el MOPT tampoco ha dado muestras de cambio producto de la reforma interna que el jerarca anunció como necesaria cuando asumió el puesto.

Patricia Vega, excandidata a vicepresidenta de Rodolfo Piza en el 2014 y acutal presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia tuvo el peor arranque de segundo año de gobierno posible.

La alta funcionaria deberá rendir cuentas ante los diputados por la supuesta negligencia de la institución en el caso de un niño de 5 años que el pasado 9 de mayo murió, presuntamente, como consecuencia de las agresiones y abandono de sus padres a pesar de que la institución que dirige conocía previamente el caso.

Usted puede conocer más acerca de la situación en el Gobierno de otras personas que provenían de las filas del PUSC en la infografía que acompaña este reportaje.

Analista: "Asumieron la papa caliente"

La experiencia acumulada en la gestión pública en altos cargos de gobiernos anteriores, la necesidad de construir alianzas que fortalecieran el pequeño músculo legislativo del Gobierno y la urgencia de ganarse la confianza del país después de un primer gobierno del PAC con yerros difíciles de disimular, llevaron a Carlos Alvarado a colocar a las fichas afines a Rodolfo Piza en puestos de alto impacto.

Para el politólogo Daniel Calvo es natural que los cuadros socialcristianos sufran desgaste a estas alturas de la administración y hayan cambiado las expectativas sobre su gestión porque les correspondió echarse al hombro el peso de los problemas de las finanzas públicas, primordialmente.

"Asumieron la papa caliente. Por ejemplo, no hay un ministro de la Presidencia, con excepción de Rodrigo Arias (86-90 y 2006-2010), que haya durado más de dos años en el cargo y Rodolfo Piza parece entender eso al anunciar su salida. Doña Edna (Camacho) ha tenido un rol interesante e importante, pero más tras bambalinas, lo mismo que André Garnier y eso se puede ver en los juicios que hace el sector empresarial, que no son tan crudos como los que hizo durante la gestión de Luis Guillermo Solís", consideró.

Calvo agregó que el costo es más alto porque muchas de las medidas que tomaron funcionarios como Rocío Aguilar durante el primer año de mandato fueron impopulares, como el tope al crecimiento de la anualidad y el aumento en los impuestos.

Para el analista es momento de dilucidar la respuesta a la interrogante de si las figuras socialcristianas en el Gabinete fueron usadas por Carlos Alvarado o si más bien fueron los rojiazules los que de alguna forma pretendieron sacar réditos políticos de su alianza con el mandatario.

"Creo que el PUSC podría estar contento pues su equipo económico bien que mal moldeó la reforma fiscal, que es ideológicamente más cercana al PUSC que al PAC. Por el contrario, no sé hasta qué punto el PUSC podrá quitarse el peso de que fueron cogobierno con el PAC en una administración que pinta a que no podrá terminar bien parada. Sin duda, para estos últimos será más fácil desligarse de la influencia del PUSC que al contrario, porque aún tienen tiempo de cerrar filas y de colocar en el Gobierno a su gente, con su pensamiento, y para complacer a su base electoral", dijo Calvo.

El declive del grupo de jerarcas que el socialcristianismo le aportó al Gobierno de Carlos Alvarado coincide con la decisión de la fracción del PUSC de esforzarse por demostrar, a través de un control político más agresivo, que el pacto con el Gobierno del PAC fue una decisión personal de Rodolfo Piza y no un acuerdo de partido.

También ocurre en momentos en que el presidente del Comité Ejecutivo socialcristiano, Randall Quirós, enfatiza sus críticas hacia la gestión de Piza, a quien catalogó como un ministro de la Presidencia "regular". Recientemente afirmó en un programa radial que el liderazgo del excandidato presidencial de su partido en el Gobierno "es cada vez menos".

Quirós fue jefe de campaña del precandidato Rafael Ortiz—rival de Piza, hoy embajador en el Reino Unido—durante la pasada precampaña del PUSC.

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