Fernández llama vagabundos a educadores que fueron a a la marcha y dice que les rebajará el día

11 de Nov. 2026 | 1:46 pm
La presidenta de la República, Laura Fernández y el ministro de Educación, Leonardo Sánchez

La presidenta de la República, Laura Fernández y el ministro de Educación, Leonardo Sánchez

El Gobierno buscará que los tribunales declaren ilegal la huelga de educadores de este miércoles.

La presidenta Laura Fernández insistió en que "esa huelga es absolutamente ilegal y que le rebajarán el salario del día a los vagabundos que acudieron a reclamar por cosas que no existen".

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, anunció que ya coordinó con la Procuraduría General de la República (PGR) las acciones legales para presentar la solicitud ante el Juzgado de Trabajo.

El jerarca hizo el anuncio durante la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo, en la que cuestionó los argumentos de las organizaciones sindicales para convocar al movimiento.

"Ya coordinamos con la Procuraduría General de la República para que se presenten del Juzgado de Trabajo la ilegalidad de la huelga. ¿Por qué? Porque para poder hacer una huelga, además de toda la documentación que tienen que presentar, tienen que demostrar que hay una afectación social y económica a los funcionarios y por ningún lado se ve eso. Así que espero que el Juzgado de Trabajo cuando reciba nuestra documentación tome las decisiones correctas en cuanto a la ilegalidad de la huelga", manifestó Sánchez.

El ministro sostuvo que las organizaciones sindicales deben demostrar que cumplen los requisitos establecidos para realizar una huelga y defendió que, a criterio del Ministerio, no existe una afectación que justifique la suspensión de labores.

La decisión final sobre la legalidad del movimiento corresponde al Juzgado de Trabajo.

Fernández llama "sanguijuelas" a sindicalistas

Fernández también cuestionó las razones expuestas por los sindicatos para convocar a la movilización.

La mandataria aseguró que su administración está cumpliendo con los compromisos hacia el sector educativo y pidió a los funcionarios no dejarse convencer por quienes promueven las protestas.

"En todo les estamos cumpliendo, señores educadores, no se dejen engañar por las sanguijuelas que viven de desangrarlos. Hay gente que vive de la protesta. Mire, lo tengo tan claro después de tenerlos sentados aquí en mi oficina", expresó Fernández.

La presidenta lanzó esas críticas en referencia a los dirigentes sindicales que impulsan el movimiento de protesta.

La huelga fue convocada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

Las organizaciones plantean varios reclamos relacionados con el financiamiento de la educación pública, las condiciones salariales de los trabajadores y las obligaciones del Estado con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.

Uno de los principales cuestionamientos es el presupuesto destinado a educación para 2027, que representa un 4,9% del producto interno bruto (PIB), lejos del 8% que establece la Constitución Política.

Los sindicatos consideran insuficientes los recursos asignados para atender las necesidades de los centros educativos y reclaman que se cumpla el mandato constitucional de financiamiento.

También exigen el reconocimiento y pago de anualidades, recargos y lecciones de planeamiento, además de cuestionar la transición al salario global.

Otro de los puntos centrales es la deuda del Estado con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).