FEES 2027 podría terminar en el Congreso y divide a diputados electos
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- El Gobierno advierte que el FEES 2027 podría ser definido por la Asamblea Legislativa si no hay acuerdo el 21 de abril.
- El fondo financia universidades públicas y el Ejecutivo propuso no aumentar el monto base de ¢593.484 millones.
- Diputados chocan: PLN y PUSC proponen negociaciones quinquenales, mientras el Frente Amplio critica falta de voluntad del Gobierno.
El Gobierno advirtió que trasladará al nuevo Congreso la definición del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 si no se alcanza un acuerdo en la sesión del martes 21 de abril, lo que ya generó un choque de posiciones entre diputados electos.
El FEES es el mecanismo mediante el cual el Estado financia a las universidades públicas. Cada año se define el monto adicional al presupuesto base fijado por la Constitución Política.
Estos recursos financian becas, investigación, infraestructura y el funcionamiento de las universidades públicas.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, confirmó que, de no lograrse consenso en la próxima sesión —cuyo monto base asciende a ¢593.484 millones—, la definición podría recaer en el nuevo Congreso.
La negociación del FEES busca definir el porcentaje adicional sobre el monto base.
En la sesión del pasado 7 de abril, el Gobierno propuso no aumentar ese monto para 2027. Para esa reunión, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) no presentó una propuesta, ya que se encontraba a la espera del planteamiento formal del Ejecutivo.
PLN y PUSC coinciden en volver a negociaciones quinquenales del FEES
El diputado electo del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, defendió el papel de las universidades públicas como motor de desarrollo y planteó la necesidad de reformar el esquema actual de negociación del FEES.
A su criterio, el fortalecimiento de la educación superior requiere tanto mayores recursos como un uso más eficiente de estos, para maximizar su impacto en la sociedad.
"Las universidades públicas son esenciales para la prosperidad económica y la movilidad social en Costa Rica", afirmó.
Además, cuestionó las negociaciones anuales al considerar que limitan la planificación universitaria, por lo que abogó por acuerdos de mayor plazo.
En la misma línea, la diputada electa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, también planteó retomar negociaciones quinquenales en lugar del esquema anual y advirtió sobre el desgaste que ha generado el modelo actual.
Gordienko añadió que el proceso debería mantenerse entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), evitando trasladarlo a la Asamblea Legislativa para no aumentar la confrontación política.
"Hay que tomar en cuenta la situación fiscal, pero también ser muy cuidadosos con el impacto que esto puede tener en la capacidad de las universidades públicas para cumplir su misión", afirmó Gordienko.
Frente Amplio acusa falta de voluntad del Gobierno
El diputado electo del Frente Amplio, Edgardo Araya, criticó la postura del Poder Ejecutivo y aseguró que existe poca disposición para alcanzar acuerdos con las universidades públicas.
Según advirtió, una eventual congelación del presupuesto afectaría el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de bajos recursos y de zonas alejadas.
Araya sostuvo que este tipo de decisiones impacta la movilidad social y podría escalar a instancias constitucionales si no se respeta el marco vigente.
"Yo creo que hay una intención del Gobierno de no negociar con las universidades. Eso es una pantomima", afirmó Araya.
Gobierno insiste en salida constitucional
El diputado electo y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, recordó que, en ausencia de acuerdo, la definición del FEES puede pasar a la Asamblea Legislativa.
"Yo espero que tanto los rectores como el Poder Ejecutivo logren un acuerdo. De no hacerlo, habrá que valorar, en el contexto económico actual, qué es lo más conveniente para el país", indicó Acosta.
Además, señaló que, en caso de que la discusión llegue al Congreso, será necesario un análisis técnico y político para definir el monto.