Fallo judicial obliga al MOPT a “devolver” $12 millones a Aeris por sanción impuesta en 2011
Cetac impuso multa en 2009 por atrasos en obras que le correspondían a anterior administrador
(CRHoy.com). Por una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá pagar aproximadamente $12 millones a la empresa Aeris Holdings, la cual se encarga de administrar la operación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) bajo la figura de la gestión interesada.
El pago, sujeto al fallo judicial, fue confirmado a CRHoy.com por Fernando Naranjo Elizondo, quien es el director ejecutivo de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) desde el mes de octubre de 2022.
El caso se remonta a 2011, cuando Aeris Holdings pagó una multa de $8.706.624 impuesta por el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) atrás atrasos en obras de infraestructura en la terminal aérea.
En realidad, la sanción se dictó contra Alterra Partners (anterior administrador del AIJS) intervenciones que debieron efectuarse entre los años 2003 y 2007.
En 2009, cuando Aeris asumió el manejo de la terminal aérea, optó por cancelar las sanciones económicas.
En 2011, la multa se desglosaba en 2 rubros: $2 millones por el retraso de 846 días en la construcción de la nueva terminal aérea y $6.7 millones por retrasos en las obras de salas de abordaje, puentes, rampas y la calle Delta. A
También, en ese entonces, se sancionó por la demora en el inicio de las instalaciones para mantenimiento, traslado de terminal doméstica y del edificio del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Naranjo explicó a CRHoy.com que tomando en cuenta los intereses acumulados hasta diciembre de 2022, el monto a cancelar ascendía a los $12 millones.
"Este caso data de 2011 y se da por unas multas que se le impusieron al gestor por parte, en aquel entonces, del Cetac. Ellos luego llevaron el tema al TCA y por sentencia se dictaminó que debía devolvérseles ese monto, que era lo que ellos habían depositado", comentó el funcionario.
La sentencia puso en aprietos al MOPT y lo obligó a efectuar ajustes presupuestarios a lo interno. Por ejemplo, el 17 de noviembre de 2022, el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) autorizó trasladar ₡3.209 millones al Cetac para honrar lo señalado por el fallo judicial. Los recursos provenían de la subejecución presupuestaria en partidas destinadas a conservación vial.
"Se hizo la solicitud del Ministerio de Hacienda de recursos para pagar y la respuesta fue que el MOPT debía de encontrar los recursos haciendo los movimientos presupuestarios internos, pues no había recursos para cubrir esta condena en el Ministerio de Hacienda, ni en el Gobierno Central.
"Siendo que el Conavi, el Cetac y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) presupuestariamente son subprogramas del MOPT y la sentencia en firme condena al MOPT a pagar y esto podría congelar los recursos del presupuesto del MOPT y por ende de todas las instituciones. Existen recursos de subejecución presupuestaria en el Conavi, que pueden destinarse a colaborar con el pago, así mismo, Conavi contribuiría en conjunto con Cosevi y el MOPT, para recaudar la totalidad del monto necesario para el pago", explicó el ministro Luis Amador, durante la sesión del 17 de noviembre pasado.
Según Naranjo, el monto total a pagar a la empresa asciende en colones a los ₡7.744 millones. "Dependiendo del tipo de cambio, eso se saldaría todo durante este año (2022) o quedaría un remanente para el próximo año (2023)", dijo.
Esta deuda no tiene ninguna relación con los otros $130 millones que reclamó Aeria al Estado por el desequilibrio financiero sufrido durante los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19.
El Poder Ejecutivo pretende ampliar por 10 años más el contrato con la empresa como parte de un reclamo económico planteado.
Este planteamiento, que está bajo la lupa de la pasada Administración (Alvarado Quesada, 2018-2022), fue retomado por el actual gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026).
El ministro Amador sostuvo una reunión el 18 de octubre de 2022 con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa para exponer la necesidad de ampliar el contrato, a través de una adenda, como alternativa para honrar el monto millonario que reclamó la compañía por el "desequilibrio financiero".
El contrato establece cláusulas que, cuando no se llega al nivel de demanda garantizada de ingresos por el flujo de pasajeros, el Estado debe garantizar al administrador los recursos que ellos dejaron de percibir.
Desde 2009, el Estado delegó en Aeris la administración de la terminal aérea. Sin embargo, el contrato vigente de gestión interesada vencerá en 2026. Por eso, antes de que asumiera el actual gobierno (2022-2026), la idea era ampliar el contrato por 10 años más (hasta 2036).