Fabricio Alvarado pretende frenar investigación en el Congreso porque exdiputada lo denunció ante la Fiscalía
El diputado y excandidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, pretende frenar una investigación en su contra en el Congreso por las recientes acusaciones públicas de acoso y abuso sexual planteadas por la exdiputada Marulin Azofeifa, debido a que ella lo denunció penalmente ante la Fiscalía.
Así consta en un oficio suscrito por el legislador neorepublicano y dirigido a la comisión especial creada en la Asamblea Legislativa para investigar el caso a nivel administrativo y rendir un informe, según lo establece el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para diputados y diputadas.
Inicialmente, en su contestación ante la comisión, Alvarado negó los cargos y presentó prueba para refutar que la denuncia era improcedente. No obstante, dado que la exdiputada presentó una denuncia ante la Fiscalía, pidió declarar a la comisión como incompetente para examinar su caso.
"La denunciante anunció que eligió actuar en la vía judicial sobre la presente vía administrativa, presentando una denuncia ante la Fiscalía General, la cual aún no conozco y de la cual no se me ha dado traslado. De esta manera me encuentro en un grave estado de indefensión.
Al elegir la vía jurisdiccional penal sobre la administrativa, me han instruido mis abogados acatar la incompetencia que sobrevino sobre el presente procedimiento, dado que ambos procesos (judicial y administrativo) son incompatibles simultáneamente en lo que respecta a mi ejercicio de los derechos de defensa y debido proceso", cita el documento al cual CR Hoy obtuvo acceso.
Según Alvarado, sus abogados le instruyeron no referirse al caso fuera de los tribunales de justicia y que será solo en la vía judicial donde se refiera a los hechos y ofrezca prueba. Además, el congresista pidió que la comisión se abstenga de proseguir con el procedimiento, por estar en trámite un proceso penal y al considerar incompatible el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso.
La comisión investigadora se instaló el 19 de febrero y ya inició su trabajo. Este órgano está integrado por cinco legisladores.
La preside el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, mientras que la diputada de Nueva República, Olga Morera, funge como secretaria. También forman parte de la comisión la diputada independiente Johana Obando, la legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez, y el diputado del oficialismo, Waldo Agüero.
De acuerdo con el reglamento, la comisión cuenta con acompañamiento técnico de la Dirección Jurídica de la Asamblea Legislativa.
Azofeifa sostiene que los actos de acoso sexual que atribuye a Alvarado se remontan a 2018 y habrían ocurrido durante varios años, tanto en actividades políticas como dentro de la Asamblea Legislativa.
Según la versión difundida por su defensa, el primer incidente ocurrió en enero de 2018, durante una gira en Guápiles, cuando Alvarado —entonces candidato presidencial— supuestamente la besó sin su consentimiento en una casa de campaña.
La exdiputada afirma que posteriormente expuso lo sucedido ante miembros del movimiento político y que, entre 2020 y 2022, cuando ambos coincidieron en el Congreso, se habrían producido nuevos episodios de contacto físico no consentido.
El caso tomó relevancia pública tras el debate presidencial de Radio Columbia del 26 de enero de 2026, cuando la entonces candidata y hoy presidenta electa de la República, Laura Fernández Delgado, denunció haber sufrido acoso por parte de Alvarado. Un día después, Azofeifa publicó un video denunciando su caso y el 4 de febrero presentó una denuncia formal en la Asamblea Legislativa.
Este caso representa la primera vez que se aplica el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual aprobado por el Congreso el 28 de julio de 2021 para investigar a un legislador.