Extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata solo depende de EE. UU.: esto falta
Que se concrete la extradición y finalmente se entregue a los costarricenses Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, ya está exclusivamente en manos del aparato de justicia de Estados Unidos.
Esto, luego de que el Tribunal Penal de Limón aceptara congelar la última causa penal que tenía pendiente en Costa Rica el exconvicto por narcotráfico López, señalado en un expediente judicial por legitimación de capitales.
La aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público y avalado por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, eliminó el último bloqueo jurídico y despejó por completo el camino para que se conviertan en los primeros nacionales extraditables.
La pelota está ahora del lado de las autoridades estadounidenses: lo único que está pendiente es que la Corte del Distrito Este de Texas entregue la documentación en la que se compromete a no imponer cadena perpetua, pena de muerte ni una sentencia mayor al máximo permitido en Costa Rica: 50 años de cárcel.
CR Hoy pudo constatar, mediante dos fuentes muy cercanas al caso, que hasta la tarde de este lunes dichas garantías no habían sido remitidas. Una vez que se presenten los oficios, un juez verificará que se cumpla con ese trámite y dará el visto bueno final para concretar la entrega.
Posteriormente, se realizarán las coordinaciones logísticas para el envío de una aeronave que aterrizará en suelo nacional a fin de formalizar la entrega.
Ese país pretende juzgar al exmagistrado y al supuesto cabecilla por narcotráfico internacional, específicamente por los delitos de distribución de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, así como por asociación ilícita para el trasiego de droga.
La causa congelada por el Tribunal de Limón este lunes (expediente 15-000026-1322-PE) versaba sobre un caso en el que se investigó a López —conocido también como Diosito o El Rey de Cahuita— por lavado de dinero. La acusación ya había sido presentada y todo estaba listo para realizar el juicio en mayo, pero se le puso freno para priorizar la extradición.
Algo similar ocurrió el 18 de febrero, cuando el Tribunal Penal de Goicoechea admitió la solicitud de la Fiscalía para congelar, mediante la aplicación de otro criterio de oportunidad, el expediente 25-000071-0016-PE, en el cual también se investigaba a Pecho de Rata por legitimación de capitales.
Esa causa, iniciada poco antes de la detención con fines de extradición, se originó luego de que este exconvicto por narcotráfico fuera detenido con una gran cantidad de dinero en efectivo sin poder justificar su origen, meses antes de que se confirmara la existencia de un proceso de extradición.
Los casos en suelo costarricense constituían un obstáculo, dado que la extradición aprobada y ratificada es diferida, lo que significa que solo puede ejecutarse una vez concluidos los procesos penales en Costa Rica y, eventualmente, tras el cumplimiento de las sentencias condenatorias que se les impongan.
Por ello, la estrategia del Ministerio Público fue solicitar la suspensión de la acción penal para agilizar la entrega, más aún tomando en cuenta que el Tribunal de Apelación ratificó en segunda instancia la extradición.
Lo mismo había sucedido en el caso del exministro de Seguridad, Celso Gamboa, quien ya tenía vía libre para su extradición. La gestión de la Fiscalía y el aval del fiscal general permitieron congelar dos causas.
El 21 de enero, el Tribunal Penal de Hacienda autorizó separar al exjerarca de un juicio por tráfico de influencias que tenía pendiente, al ser acusado de acciones en favor del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños. El juicio del que ahora fue separado Gamboa se remonta a hechos ocurridos cuando aún ocupaba una silla en la Corte Suprema de Justicia.
La causa surgió a partir de una denuncia que cuestionó su actuación en 2017 como magistrado de la Sala III, cuando presidió la sesión en la que se desestimó la causa contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, señalados por tráfico de influencias a favor de Juan Carlos Bolaños, principal encausado en el caso Cementazo.
Ese escándalo, uno de los mayores casos de corrupción en la historia costarricense, involucró presuntas influencias indebidas, sobornos e irregularidades para modificar normativas y facilitar préstamos millonarios al importador de cemento chino.
El entonces magistrado también resultó salpicado. El 11 de septiembre de 2017, este medio dio a conocer un polémico viaje en el que coincidieron en Panamá, Gamboa y Bolaños, durante las mismas fechas en que el empresario inscribió varias sociedades de papel.
Gamboa intentó ocultar el viaje al salir del país con un pasaporte convencional y utilizar su pasaporte diplomático para reingresar. Posteriormente, el 18 de octubre, CR Hoy reveló que los tiquetes aéreos de ambos fueron comprados con la misma tarjeta de crédito.
También se avaló un criterio de oportunidad en otra causa que apenas iba a audiencia preliminar. Gamboa ocupó varios de los puestos más relevantes dentro de la estructura pública de Costa Rica, especialmente en las áreas de seguridad y justicia. Fue fiscal jefe en varias provincias.
A lo largo de su carrera fue viceministro de Seguridad Pública, cargo desde el cual se esperaba que liderara esfuerzos contra el crimen y el narcotráfico.
Posteriormente, ascendió para convertirse en director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el servicio de inteligencia del Estado, y luego fue nombrado ministro de Seguridad Pública, puesto que ejerció durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Tras dejar el gabinete, regresó al ámbito judicial y asumió cargos relevantes en el Ministerio Público, incluido el de subjefe nacional. En febrero de 2016 fue electo por la Asamblea Legislativa como magistrado propietario de la Sala Tercera de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno de los cargos más altos dentro del Poder Judicial.
Estas posiciones reflejan su trayectoria como actor central en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Costa Rica, antes de enfrentar procesos penales tanto en el país como en el extranjero.
El expediente de extradición, revelado en primicia por CR Hoy, da cuenta de que, según la DEA, él habría utilizado su posición y contactos de alto nivel para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico.
Pecho de Rata fue el primero de los extraditables en ser detenido. Fue capturado por el OIJ en una de sus propiedades en Cahuita, Limón. Un informe de la DEA, que respalda la solicitud de extradición, sostiene que López utilizaba una finca en Sixaola para recibir avionetas cargadas con cocaína.
Se trata, aparentemente, de dos propiedades con acceso directo a playa Gandoca y al río Sixaola, ubicadas a solo diez minutos de distancia entre sí, puntos identificados como rutas de ingreso de droga y que, desde 2023, quedaron más expuestos tras el retiro del puesto de Guardacostas.
Las fincas no estaban inscritas a nombre de López Vega, sino arrendadas por la sociedad Hermanos López Tyndall, conformada por sus hijos y en la que él figuraba como fiscal. La sociedad continúa bajo control de sus familiares y las propiedades abarcan unas 95 hectáreas.
Una fuente confidencial declaró que López Vega adquirió la finca en Sixaola para recibir aeronaves con cocaína y que mantenía una estrecha colaboración con Celso Gamboa, incluso en operaciones de lavado de dinero a través de un equipo de fútbol profesional en Limón.