Expresidentes cierran filas y alertan por ataques a la prensa
Ocho expresidentes cerraron filas este martes en defensa de la libertad de expresión y de prensa y advirtieron sobre señales de deterioro en un país históricamente reconocido por sus estándares democráticos en esta materia.
Óscar Arias Sánchez, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada suscribieron una declaración conjunta con motivo de la visita al país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Ambas organizaciones realizan una misión para evaluar la situación de la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica.
Los exmandatarios señalaron que la presencia de la SIP y el CPJ en el país debe ser motivo de "reflexión y preocupación", debido a que Costa Rica —según recuerdan— fue históricamente reconocida por sus altos estándares de libertad de prensa, pero en los últimos años pasó a ser objeto de monitoreo internacional por señales que consideran preocupantes.
Entre esas señales mencionaron medidas administrativas que buscan la "asfixia financiera" de medios de comunicación, restricciones al acceso a la información pública, el uso injustificado del secreto de Estado, el trato estigmatizante hacia medios y periodistas y el hostigamiento digital contra comunicadores y creadores de contenido críticos del Gobierno.
"Compartimos estas preocupaciones y consideramos nuestro deber contribuir al trabajo de la SIP y la CPJ", afirmaron.
Los expresidentes hicieron además un llamado directo a las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil para que faciliten la labor de ambas organizaciones y les garanticen "plena apertura y transparencia".
"La libertad de prensa es un derecho ciudadano y un pilar esencial de nuestra democracia. Defenderla es defender a Costa Rica", añadieron.
Una advertencia que viene de meses atrás
El pronunciamiento de los exmandatarios ocurre después de varias advertencias internacionales sobre la situación de la libertad de prensa en el país.
En marzo, la SIP alertó sobre una "erosión estructural impulsada por el Poder Ejecutivo" en Costa Rica, a partir de los resultados de la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, elaborado junto con la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela.
El informe señaló un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo, en un contexto marcado por enfrentamientos entre el Gobierno de Rodrigo Chaves y medios de comunicación.
Costa Rica obtuvo entonces 50,29 puntos, frente a los 55,23 de la medición anterior, una caída de casi cinco puntos que mantuvo al país en la categoría "En restricción".
El secreto de Estado encendió otra alerta
La preocupación volvió a tomar fuerza en agosto, esta vez por una decisión de la actual administración de Laura Fernández.
El 10 de agosto se publicó en La Gaceta el decreto 45870-MSP, mediante el cual el Gobierno declaró secreto de Estado y restringió el acceso público a información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo denominado Fuerza Élite.
La reserva abarca información, documentos, archivos y datos vinculados con esos órganos, además de elementos relacionados con estructuras de mando, recursos, presupuestos y contrataciones públicas.
La SIP cuestionó la amplitud de la medida y advirtió que, aunque el Estado puede proteger información cuya divulgación comprometa operaciones de seguridad, el secreto de Estado debe utilizarse de manera excepcional, con límites claros y controles independientes.
La organización puso especial atención en la inclusión de presupuestos, gastos y procedimientos de contratación pública, por tratarse de información vinculada directamente con la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos.
La declaratoria incluso llegó a la Sala Constitucional, donde se acumularon gestiones que cuestionan la restricción al acceso a información de interés público.
SIP y CPJ también cuestionaron canon a radio y televisión
Apenas seis días antes del pronunciamiento de los expresidentes, la SIP y el CPJ lanzaron otra advertencia.
El 26 de agosto ambas organizaciones cuestionaron el proyecto de ley que reforma el régimen de cobros por el uso de frecuencias de radio y televisión, al considerar que una carga económica desproporcionada podría provocar la salida del aire de algunos medios.
La iniciativa plantea actualizar los cánones establecidos en la Ley de Radio de 1954. La propuesta contempla cobros progresivos que pueden alcanzar hasta 7,73% de los ingresos brutos anuales para las televisoras y 3,13% para las radios, según información publicada sobre el proyecto.
La SIP y el CPJ reconocieron la potestad del Estado para regular el espectro radioeléctrico y establecer un canon, pero advirtieron que este debe responder a criterios objetivos, técnicos, proporcionales y transparentes.
El proyecto fue aprobado en primer debate el 27 de agosto con 48 votos a favor y tres en contra.
Para las organizaciones internacionales, un eventual cierre de medios afectaría el pluralismo informativo y el derecho de la población a recibir información, especialmente en hogares de menores ingresos, comunidades rurales y entre personas adultas mayores.
La declaración de este martes tiene un peso político particular porque reúne a los ocho expresidentes vivos del país, provenientes de distintas administraciones y partidos políticos.
Arias, Calderón, Figueres, Rodríguez, Pacheco, Chinchilla, Solís y Alvarado gobernaron Costa Rica entre 1986 y 2022 y, pese a sus diferencias políticas, coincidieron en pedir que la misión internacional de la SIP y el CPJ encuentre "plena apertura y transparencia" durante su trabajo en el país.
El pronunciamiento completo de los expresidentes puede verlo en este enlace Expresidentes SIP-CPJ en Costa Rica