Experto: Convención de Derechos Humanos no prohíbe extraditar ticos
Pese a ser encerrados, estructuras narco se rearman rápidamente
De acuerdo con el abogado constitucionalista Rubén Hernández, Costa Rica no tendría ninguna prohibición para autorizar la expulsión de nacionales en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, dado que la Convención Americana de Derechos Humanos no impide la extradición como tal.
Así lo hizo ante la Comisión Legislativa que se encarga de analizar el proyecto de ley 23.701 impulsado por el Gobierno de Rodrigo Chaves, que pretende reformar parcialmente la Constitución para abrir ese portillo legal.
El especialista explicó que los organismos internacionales limitan la expulsión de sus ciudadanos por razones políticas o similares; no obstante, la extradición no está prohibida. Hay una diferencia entre ambos términos.
La expulsión del territorio se da cuando una persona se considera que actúa contraria al interés público. Sobre todo esto se aplicaba a extranjeros y nacinales cuando eran espías, y eran personas que atentaban contra la seguridad interna y externa al país.
Hoy día se puede ampliar al espionaje por intromisión en asuntos políticos. Antes en Costa Rica aplicaba tanto a nacionales como extranjeros, por eso fue que a don José Figueres primero y el Dr. Calderón Guardia fueron expulsados.
Justamente la introducción del Artículo 32 (de la Constitución) se da para evitar las expulsiones por razones políticas.
No es la solución
Según Hernández, muchos países latinoamericanos han aprobado reformas para extraditar a sus ciudadanos, porque "ilusamente" creen que pueden resolver el problema del narcotráfico, pero señala que esas naciones, en la práctica, no han logrado mermar la distribución de drogas en grandes dimensiones.
Esto lo hacen bajo el supuesto que muchos de los criminales extraditados podrían terminar en cárceles de los Estados Unidos, donde las condiciones son muchos más fuertes que en Latinoamérica.
El abogado constitucionalista fue enfático en que la expulsión de los cabecillas de las bandas y grandes organizaciones delictivas no resuelve el problema, dado que esas ‘plazas' son reocupadas rápidamente.
"Desde la cárcel siguen dando órdenes y manejando los cárteles. Se pueden mandar a todos los ‘capos' de ahora y a los 15 días ya están reorganizados los grupos y siguen el problema igual. Imagínese en que en México se llevaron al Chapo y al Chapito, y el cartel más bien se hizo más fuerte", señaló respondiendo a la pregunta de Pilar Cisneros.
Una solución más viable y efectivo es que los extranjeros naturalizados pierdan la nacionalidad costarricense cuando se compruebe que cometen delitos graves. El experto señaló que un proyecto de ley presentado por Rodrigo Arias en ese sentido podría tramitarse de forma más rápida.
Además, indicó que el país debería dedicarse a crear la ley de ejecución de la pena y a contar con un centro penitenciario de alta tecnología y especializado en contener narcotraficantes, para evitar que sigan dirigiendo estructuras criminales.
Hernández también detalló que la Asamblea Legislativa, la extradición de costarricenses, no puede ser aprobada por los diputados, sino que se requiere la confirmación de una Asamblea Constituyente para reformar más ampliamente la Constitución.