Expedientes OAS y FCC: fiscalía tica busca pruebas en Brasil y España
Constructora brasileña fue señalada por crear contratos falsos para desviar dinero sospechoso al país
La fiscalía tica abrió las causas que implican a OAS y a FCC durante 2019. CRH
(CRHoy.com). El Ministerio Público de Costa Rica procura encontrar en Brasil y España pruebas que permitan fortalecer las causas seguidas contra las empresas constructoras Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y OAS por presuntos delitos de soborno trasnacional.
Ambas compañías, de amplio renombre internacional, están bajo la lupa de la fiscalía tica tras revelaciones conocidas durante 2019 que señalaron la posibilidad de comisión de delitos en territorio costarricense.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó este 7 de enero a CRHoy.com que actualmente confeccionan las solicitudes de asistencia penal internacional para presentar las gestiones ante ambos países y así recabar pruebas de utilidad para incorporar a los expedientes penales en curso.
Entre 2012 y 2014 la brasileña OAS tuvo la concesión para modernizar el corredor vial entre San José y San Ramón. Ante dudas con el plan y una creciente oposición comunal, la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) puso punto final al vínculo para desarrollar el proyecto. Una decisión que se tradujo en un pago estatal cercano a los $35 millones para la constructora producto del rompimiento contractual.
¿Qué ocurrió años después? El 28 de febrero de 2019 el medio brasileño O'Globo, reveló que un joven abogado y exejecutivo de la constructora sudamericana, identificado como Alexandre Portela Barbosa, confesó ante la Fiscalía de Brasil que -presuntamente- OAS creó contratos ficticios en Costa Rica para desviar dinero que posteriormente se usó en el pago de sobornos en distintos países.
El abogado de 36 años, quien registró 2 visitas ‘relámpago' a Costa Rica durante 2013, habría fungido como encargado de la contabilidad clandestina de la compañía y habría participado como "burro" para mover dinero hacia los países donde -se presume- se ejecutaron los pagos irregulares.
Según la revelación, los contratos fraudulentos firmados por esos brazos clandestinos de la empresa entre 2010 y 2014 sumaron cerca de $120 millones y abastecieron las cuentas de los petroleros que movían los recursos clandestinos de OAS en el exterior o remitían el dinero a Brasil.
Portela Barbosa indicó en la declaración que la empresa también ideó y ejecutó contratos fraudulentos –por obras no realizadas o que no existían- en otros 7 países: Perú, Guatemala, Ecuador, Chile, Trinidad & Tobago e Islas Vírgenes Británicas.
A partir de esta situación, la FAPTA abrió la causa penal 19-000046-1218-PE por el presunto delito de soborno internacional.
MOPT/Con fines ilustrativos
Caso FCC
El 13 de junio del año pasado, el diario El País de España informó que la Policía del Principado de Andorra investigaba a la española FCC debido a que en una serie de documentos se citaron supuestos sobornos que se habrían pagado en distintos países de América Latina (entre ellos Costa Rica) a cambio de conseguir el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Al parecer y según la información, por medio de un abogado identificado como Mauricio Cort (español nacionalizado panameño), se habría ayudado a la empresa a obtener los contratos y a pagar los presuntos sobornos mediante cuentas bancarias y sociedades domiciliadas en Andorra.
El proyecto en territorio costarricense trató sobre la modernización de la ruta 3 entre Heredia y Alajuela, la cual tuvo un costo cercano a los $20 millones.
¿Cuál es el antecedente del caso? En 2009 FCC ofertó el precio más bajo para desarrollar el proyecto en territorio tico y por eso, entre otros detalles técnicos, resultó adjudicada. La obra, tras varios atrasos, fue concluida entre 2012 y 2013.
Tras análisis preliminares sobre posibles actos delictivos en Costa Rica, la FAPTA abrió la causa penal 19-000166-1218-PE por el presunto delito de soborno trasnacional.
"En ambos expedientes este despacho se encuentra elaborando las solicitudes de asistencia penal internacional para presentarlas, respectivamente, ante España y ante Brasil con la intención de recabar evidencia para ser analizada como parte de la etapa preparatoria de la investigación", detalló la FAPTA, a través de un correo remitido a CRHoy.com por la oficina de prensa del Ministerio Público.
En las 2 causas las pesquisas se siguen contra ignorado. Es decir, de momento no hay personas imputadas.
"Debido a que la fase actual de los casos es privada, no es posible brindar mayor información respecto a las actuaciones de la Fiscalía pues así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal", añadió la entidad.