Exministro recomienda derogar Ley de Agencia Espacial Costarricense
El exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Carlos Alvarado Briseño también recomendó a los diputados derogar la ley que creó la Agencia Espacial Costarricense, en el gobierno anterior, ya que es imposible ejecutar los planes y proyectos.
Esto debido a los requisitos con los que se construyó dicha agencia, que incluso han imposibilitado la designación de un director.
El exjerarca indicó en audiencia con los diputados de la Comisión de Reforma del Estado, donde se analiza un proyecto del partido Liberal Progresista para derogar esta ley, que la falta de estrategia para apoyar el sector es un obstáculo más.
Los diputados insistieron en preguntar a Alvarado si él considera necesario que Costa Rica cuente con una agencia espacial.
"En este momento para implementar la política pública no, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones tiene la potestad. En el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación vienen metas definidas que son transversales y la implementación de eso no lo hace la agencia espacial, lo hace el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que incluye universidades, otras entidades, el gobierno y la sociedad civil", explicó.
Alvarado dijo que la ley no tiene una sostenibilidad asegurada porque lo que hace es poner a descansar el presupuesto de la agencia en la "ineficiencia del gasto público", al depender del superávit de otras instituciones.
La ley aprobada indica que el financiamiento se daría en los primeros cinco años con el 0.40% del superávit libre liquidado por instituciones no financieras del Gobierno central.
De esos cinco años ya han pasado tres y según un cálculo que solo un año, ese superávit fue apenas de ¢20 millones.
Se ocuparían además un personal de unas 30 personas, que se estima en una planilla de ¢1000 millones anuales.
Otras figuras del sector que han dado su criterio, como el astronauta y físico costarricense Franklin Chang Díaz, recomendó a los diputados, no cerrar la Agencia, ya que hacerlo evitaría que Costa Rica entre a un mercado de más de $360 mil millones.
Aunque Chang si pidió reformar la ley y pensar en un presupuesto mucho más austero.
La comisión aún debe dictaminar este expediente antes de que pase al plenario.
