Exjuez de Limón acepta cargos de soborno por $15 mil y es condenado a 14 años de cárcel
El exjuez penal de Limón, Jean Carlo Sandí Chaverri, fue condenado luego de someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual aceptó los hechos que le atribuía la Fiscalía dentro de una investigación por corrupción judicial.
Durante la audiencia, el imputado admitió su responsabilidad en los delitos investigados y acordó con la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada una pena de 14 años de prisión, la cual fue presentada ante el tribunal para su homologación. Los delitos aceptados por el exfuncionario son Procuración de Impunidad, Legitimación de Capitales, Peculado de Uso y Pornografía Infantil.
Tras analizar el acuerdo y la admisión de culpabilidad del encartado, el juez a cargo del proceso decidió acoger el procedimiento abreviado y dictar la sentencia conforme a la pena negociada entre las partes, con lo que se evitó la realización de un juicio oral y público.
La investigación contra Sandí Chaverri se originó luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía detectaran una negociación para favorecer judicialmente a un imputado ligado a un caso de narcotráfico.
De acuerdo con la causa penal, el entonces juez habría recibido $15.000 a cambio de favorecer con un cambio de medidas cautelares a un hombre de apellido Herrera, alias "Banano", quien era investigado por vínculos con la organización criminal liderada por Tonny Peña Russell, alias "Tony".
Según las autoridades, el abogado Jorge Alberto Ramírez Salas, defensor de Peña Russell, actuó como intermediario entre el funcionario judicial y el imputado que buscaba beneficiarse con el cambio de medidas.
Ramírez fue asesinado el 16 de agosto en el sector de Terrazas del Mar, hecho que posteriormente se convirtió en un elemento clave dentro de la investigación.
El análisis del teléfono celular del abogado permitió a los investigadores del OIJ detectar comunicaciones que evidenciaban una relación irregular entre el jurista y el juez Sandí, lo que llevó a profundizar en las pesquisas.
Tras la detención, Javier Valerio, fiscal adjunto contra la Delincuencia Organizada, explicó que la información obtenida permitió establecer que el sospechoso de apellido Herrera habría entregado el dinero al juez por medio del abogado mediador.
A partir de esos elementos, el Ministerio Público y el OIJ realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de Limón, incluidos los barrios Villa del Mar y Cieneguita, así como en el Juzgado Penal de Limón y en el Departamento de Tecnologías de Información del Poder Judicial.
En ese expediente, la Fiscalía atribuyó a Herrera el delito de penalidad del corruptor, figura que se aplica a quienes ofrecen o entregan beneficios indebidos a funcionarios públicos.
Este medio está a la espera de posición oficial del exfuncionario por medio de su abogado defensor.