Exgerente de CCSS detenido por portación de arma solicitó trámite para evitar juicio y pena de cárcel
Solicitó someterse a proceso de justicia restaurativa para reparar daño con multa o trabajo comunitario
Marino Ramírez Carranza, el exgerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que fue detenido el pasado 23 de setiembre por tenencia ilegal de armas permitidas, estaría a un paso de evitar el juicio.
Ese día, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ejecutaron 28 allanamientos por el caso Barrenador: un escándalo de supuestas presiones y corrupción de la junta directiva de la CCSS, en la adjudicación de contratos para la administración de 138 ebais con sobreprecios de hasta ₡12.400 millones al año.
Durante el operativo, se registró la casa de Ramírez Carranza en Palmares y durante la diligencia, los agentes judiciales encontraron un revólver calibre 38 y municiones, que no contaban con los permisos respectivos.
Al doctor no se le iba a detener por el caso de la adjudicación de contratos, la Fiscalía al final ordenó su detención por poseer un arma de fuego de forma ilícita. Se hizo bajo el procedimiento expedito de flagrancia.
Ese día, Sánchez fue trasladado a la Fiscalía Adjunta de San Ramón para ser procesado allí, para identificarlo y citarlo a una audiencia, dado que en este tipo de procesos rápidos el Ministerio Público no toma declaración indagatoria.
Dos semanas y media, todavía no se ha fijado audiencia para el juicio de flagrancia ni se ha tramitado ninguna diligencia adicional en la causa penal 24-000498-1297-PE.
Por el contrario, la defensa técnica (abogados) del exgerente médico imputado pidió al Tribunal de Flagrancia de San Ramón remitir el expediente la Oficina de Justicia Restaurativa, para que se analice el caso. Así lo confirmó la Fiscalía ramonense, tras la consulta de crhoy.com.
Ramírez fue nombrado gerente médico de la CCSS el 25 de mayo del 2023 y finalizó en agosto de ese mismo año.
¿Evitará juicio y cárcel?
Joseph Alfonso Rivera, abogado penalista.
El procedimiento de justicia restaurativa, es un trámite especial que permite a las partes que intervienen en un conflicto legal, para buscar una solución alternativa a la persecución penal o a los castigos de cárcel.
Esto permite evitar tanto un eventual juicio, como algún castigo de prisión o restricción de libertad. Eso sí, la persona señalada o imputada debe aceptarlo de forma voluntaria e informada, así como cumplir una serie de requisitos.
En este tipo de casos, la persona ofensora acepta responsabilidad y reparar los daños causados: aplica para expedientes penales, contravencionales y ejecución de la pena. Así lo explicó el abogado penalista Joseph Rivera.
El trámite de justicia restaurativa es muy sencillo: si una persona lesiona un bien jurídico (se saltó una señal de alto, generó un choque con su vehículo o el no tener permisos de arma de fuego), entonces acepta los hechos, llega a un acuerdo con el estado para resarcir la situación con el pago de una multa o con el trabajo comunitario.
Además, por un plazo determinado la persona no va a poder cometer ningún delito cuya pena supere los tres años de cárcel. La ley es muy clara, si alguien llega a cometer un delito doloso de los 6 meses, se revoca el beneficio y dependiendo del hecho que se cometió, podría descontar una pena de prisión.
En estos temas tan delicados se tiene que analizar muy bien, porque la idea de la justicia restaurativa intenta que las causas no lleguen a juicio. Sin embargo, el Poder Judicial lleva un registro de las personas que se han sometido a medidas alternas y en los próximos 5 años no puede incumplir porque se le revoca el beneficio.
El jurista explicó que en este tipo de procesos también se realiza una audiencia en la cual se presentan pruebas, ante la presencia de un juez, un defensor y la Fiscalía.
De esta forma, las personas que se quieran someter a este proceso debe cumplir con un plan reparador que se adecúe a sus condiciones personales, sociales, económicas y culturales, así como un seguimiento, modificación y verificación de todas las obligaciones contraídas.
La justicia restaurativa tiene excepciones y no es aplicable en delitos sexuales, crimen organizado, trata de personas, violencia doméstica, intrafamiliar o contra las mujeres, ni tampoco a temas de narcotráfico como lo son delitos contemplados en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancia Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo.
Crhoy.com consultó a Marino Ramírez Carranza su posición sobre este proceso, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.