Exgerente de BCR SAFI denuncia pago de $19 millones por predios en Parque del Pacífico que no existían

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• El exgerente financiero de BCR SAFI, Laureano Verzola, denunció que la subsidiaria pagó hasta $19 millones por predios que no existían dentro de la compra del Parque Empresarial del Pacífico, operación que ascendió a $70,8 millones.
• La Fiscalía investiga a 14 personas por presunto sobreprecio e influencia contra la Hacienda Pública, tras detectar un patrón de compras con diferencias millonarias a favor del grupo vendedor.
• Verzola asegura que alertó a la auditoría interna en 2021 sobre posibles irregularidades, pero meses después lo despidieron tras denuncias de acoso de tres funcionarias, dos de ellas vinculadas a los hechos que hoy se investigan por la compra del Parque.

Laureano Verzola, exgerente financiero administrativo de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), dijo ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que la subsidiaria habría pagado hasta $19 millones para incorporar predios adicionales en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), que no existían.

El exgerente fue convocado para referirse al caso y confirmó datos que CR Hoy ha publicado durante los últimos tres años.

La adquisición se concretó con el Grupo HVC, vinculado al exdiputado Humberto Vargas Corrales (2018-2022) y a sus sociedades anónimas. Ese grupo había comprado el inmueble meses antes por $16 millones.

Informes técnicos indican que el parque no estaba concluido y presentaba múltiples faltantes. Según la investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), omitieron esos aspectos en la documentación para facilitar la aprobación de la compra. A la fecha, varios pendientes siguen sin resolverse.

Durante una visita al inmueble a inicios de 2021, Verzola relató que le manifestó a Marco Carbajal, entonces supervisor de Ingeniería de la SAFI, que no observaba los 400.000 metros cuadrados de predios que supuestamente estaban pagando. Esa situación despertó sus sospechas.

"Uno podía intuir que había algunas cosas adicionales que no estaban bien", señaló.

Exgerente: "predios no existían"

El exgerente denunció estos hechos en agosto de 2021, cuando detectó presuntas anomalías que, a su criterio, apuntaban a una posible estafa contra la SAFI. Primero presentó una denuncia verbal ante la auditoría interna —por teléfono, correos electrónicos y WhatsApp— y luego informó a sus superiores. Meses después lo despidieron tras la tramitación de una denuncia por acoso en su contra.

"Los dos principales hechos para ese momento, eran unos predios por los que se habían pagado además del precio del terreno $17 o $19 millones adicionales, que no existían, que decían que tenía una capacidad importante de soporte de 45 toneladas por metro cuadrado, según avalúo, eso no era cierto lo cual pude ver con mis propios ojos.

Y el otro elemento tiene que ver con los contratos de arrendamiento. Se decía que valían $90 millones, pero tenía capacidad de generar $450 mil mensuales, entonces eran contratos que sin lugar a dudas tenían tintes de irregulares para no ponerles ningún otro contexto", manifestó el exgerente.

Verzola enumeró las condiciones bajo las cuales, según dijo, se adquirió el inmueble:

• No contaba con permisos de construcción de la Municipalidad de Esparza.
• Carecía de disponibilidad de agua.
• Se ubica sobre una ruta nacional y no tiene acceso directo autorizado por el MOPT.
• Presentaba incumplimientos ante la Setena.
• Registraba inconsistencias en el sistema contra incendios, ya que se tramitó un diseño ante el Cuerpo de Bomberos, pero se construyó otro distinto.

Despedido tras denuncia de funcionaria ahora imputada

El exgerente fue cesado del BCR meses después de alertar sobre las presuntas irregularidades en la compra del PEP, luego de que tramitaran tres denuncias de acoso en su contra.

No obstante, destacó que dos de las denunciantes figuran en la investigación que tramita la Fapta: una como imputada y otra vinculada al seguimiento del inmueble. La tercera, afirmó, no tenía relación directa con sus funciones desde 2018.

También cuestionó que la decisión sobre su despido se tomara en la gerencia general del banco, pese a que él laboraba para la SAFI.

"Hubo hechos que no fueron típicos, inicialmente la supuesta denuncia de acoso que se presentó fue ante la gerencia general del banco y no de la SAFI, en teoría fueron tres funcionarias, según dijo Rosnie Díaz ante las instancias judiciales. Yo conocía a esas funcionarias, incluso una hoy es una de las imputadas en el proceso, otra fue una que tenía responsabilidades de seguimiento sobre el inmueble y otra con la que no tenía relación laboral desde el 2018. Me parece hoy extraño que Douglas Soto, siendo gerente general, tramitara la denuncia y diera la orden de hacer el despido, él mismo dijo aquí que no tenía injerencia en el comité de inversiones de BCR SAFI que presidía porque tenía múltiples ocupaciones, pero en mi despido sí figuró", declaró.

Investigación abierta por denuncia del exgerente

La Fapta mantiene abierta una causa desde 2021 por los delitos de sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública. El pasado 4 de diciembre ejecutó 16 allanamientos en oficinas de BCR SAFI y en las viviendas de 14 imputados.

El Ministerio Público investiga la compra de al menos nueve inmuebles que, según el expediente, Vargas Corrales, su hijo Humberto Vargas Sotres y sus socios Manrique Gutiérrez Loría y Héctor Giovanni Barrantes Marín vendieron con sobreprecio a la subsidiaria. Esa operación habría generado beneficios superiores a $92 millones para el grupo, al que la Fiscalía calificó como organización criminal.

La orden judicial indica que los señalados actuaron bajo un plan previamente establecido y con una distribución clara de funciones, junto con otros imputados que ocupaban cargos dentro de la SAFI. El objetivo consistía en concretar la compraventa sucesiva de propiedades del Fondo Inmobiliario No Diversificado y del Fondo de Inversión del Comercio y la Industria No Diversificado (FIIND).

Entre los inmuebles investigados figuran CE Santa Ana, Edificio Madrid, BC La Uruca, BC San Pablo, BC Ciudad Colón, BC Pavas y el Parque Empresarial del Pacífico.

"Las conclusiones anteriores, señalan irregularidades en todas las negociaciones que se realizaron entre el BCR SAFI y el Grupo HVC, siendo la más evidente de ellas la obtenida del Registro Público de la Propiedad de donde se puede apreciar como BCR SAFI pagó una diferencia injustificada en los precios de compra al Grupo HVC por más de noventa millones de dólares".

El patrón consistía en adquirir propiedades a un precio y venderlas poco después por un monto muy superior. En el caso del PEP, el grupo vendedor lo compró en $16 millones y lo traspasó a BCR SAFI en $70 millones en poco más de un año, con un incremento de $54 millones.

Otros investigados

La Fiscalía también cuestionó que el entonces gerente, Rosnnie Díaz Méndez, no interviniera pese a las advertencias ni impulsara acciones correctivas.

Asimismo, figura el accionar de Álvaro Antonio Jiménez Villegas, encargado del área legal de la SAFI, quien —como reveló CR Hoy— presentó un informe sin incluir aspectos relevantes como el estado inconcluso del inmueble ni la idoneidad del fondo en dólares para adquirirlo. Tampoco incorporó análisis municipales ni estudios sobre los contratos de los supuestos inquilinos.

El Ministerio Público señala, además, a integrantes del Comité de Inversión de la SAFI del BCR, entre ellos Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, quienes habrían sostenido negocios previos con Vargas Corrales, lo que podría configurar un conflicto de interés.

Ambos enfrentan una investigación desde 2023 por la presunta destrucción de documentos propiedad del BCR en oficinas del banco. Esos archivos contenían información relacionada con el negocio del PEP y, según informes remitidos a la Fiscalía, la orden habría provenido del entonces gerente general Douglas Soto Leitón.

Finalmente, la investigación también abarca la creación de sociedades en Panamá por parte de Bolaños y Camacho junto con Marlon Sequeira Gamboa, gerente de Negocios y Proyectos de la SAFI, pocos meses después de la millonaria compra del parque y tras su salida del BCR.