Exdirectora de Migración asegura que diputado Bojorges le pidió acelerar entrega de un pasaporte
Fiscalía decomisó celulares a diputado, alcaldesa, viceministro, jerarca de IFAM y directora de Infraestructura del MEP
Marlen Luna es uno de los altos funcionarios investigados por el Ministerio Público sobre unas supuestas dádivas brindadas por el empresario Jonathan Herrera González, quien descuenta un año de prisión preventiva porque en apariencia utilizaba una compañía autobusera que operaba en barrio San José, para legitimar ganancias provenientes de la venta de propiedades obtenidas mediante aparentes fraudes del caso "Madre Patria".
Luna ha sido una ficha casi permanentes del gobierno de Rodrigo Chaves y ha ocupado varios cargos: desde hace cuatro meses se desempeña como presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Previamente, fue la viceministra de Gobernación y Policía en el actual Gobierno y tuvo a su recargo desde junio del 2023, la Dirección de Migración y Extranjería. Previo ha fungido en otros puestos, como regidora, asesora en la Municipalidad de Alajuela y otros cargos municipales.
Además, fue directora jurídica en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), además de jueza en el Tribunal Administrativo Migratorio durante 13 años.
Marlen Luna brindó declaraciones, luego de que el pasado miércoles, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó su celular, como parte de una investigación sobre posible tráfico de influencias, en la cual figuran jerarcas, un diputado y autoridades municipales.
La exdirectora de Migración reveló a crhoy.com, que cuando aún ocupaba ese cargo, el diputado Leslye Bojorges le solicitó acelerar la entrega de un pasaporte de un juez o jueza de la República que necesitaba salir del país pronto y no tenía su documento al día.
"Lo que allí se investiga (en el expediente), es una llamada que me hiciera ese diputado para solicitar agilizar el trámite de un pasaporte, como lo han hecho muchísimas personas en este país, en el ejercicio de mi cargo como directora general", manifestó Luna mediante unas declaraciones en video enviadas.
Consultada por crhoy.com, la jerarca aseguró que no recuerda la identidad del pasaporte que el diputado presionó por entregar, pero recuerda que era "una persona jueza que viajaba pronto y se acababa de enterar que lo tenía vencido".
Además, la entonces directora de Migración y Extranjería señaló que esa petición de apurar el documento de un viajero es algo que frecuentemente ocurre en la entidad que ella lideraba.
Es un procedimiento normal, acostumbrado internamente en la institución, que se hace a través de un correo donde se pide que se entregue un pasaporte antes de la fecha establecida, porque a esa persona le urge viajar para no perder un tiquete de avión, o porque el país destino exige una vigencia del documento más allá de la que tiene.
Tanto Marlen Luna como Bojorges figuran como sospechosos del supuesto eventual de tráfico de influencias: son dos investigaciones conducidas por la Fiscalía General bajo los expedientes 23-000087-0033-PE (contra el diputado que tiene inmunidad) y el 24-000059-033-PE.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga estos funcionarios habrían recibido dádivas provenientes de un empresario vinculado con una compañía autobusera y tráfico de influencias, investigado bajo el megacaso Madre Patria.
En el expediente también figuran como investigados la alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales, el actual viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Carlos Ávila Arquin, y Lourdes Sáurez Barboza, directora de Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).
A los cinco les confiscaron su teléfono celular. Además, figura el regidor y excandidato a alcalde de Alajuela, Jorge Arturo Campos Araya, sin embargo, a él no le incautaron su teléfono.
Este medio solicitó al diputado Leslye Bojorges una reacción ante las declaraciones de Marlen Luna, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.
Migración bajo la lupa
No es la primera vez que algún funcionario de Migración y Extranjería o que la entidad se ve envuelta en algún expediente relacionado al megacaso de fraudes y legitimación de capitales, Madre Patria, en el cual se ligó al menos 40 personas imputadas entre abogados de alto perfil, funcionarios judiciales, miembros de la Policía de Tránsito y el Consejo de Transporte Público, testaferros y dos cabecillas extranjeros de origen español.
Esta organización criminal operaba mediante fraudes registrales para en apariencia apropiarse de terrenos y propiedades, principalmente de extranjeros y adultos mayores. Luego, se presume que legitimar el dinero ganado mediante varios negocios, como el transporte público de autobuses.
Aparentemente, múltiples funcionarios públicos colaboraron con diferentes funciones a la agrupación delictiva. Gran parte de los sujetos descuentan un año prisión preventiva.
En el expediente judicial, del cual crhoy.com tiene copia, revela que a la banda le colaboró un abogado del Departamento Legal de Migración, de apellidos Loaiza Chavarría y sobrino de otro abogado apellidos Loiza Bolandi, uno los supuestos líderes de la organización criminal.
En el informe policial, las autoridades señalan que para llevar a cabo escrituras públicas con declaraciones falsas de personas extranjeras con patrimonio en Costa Rica, era fundamental la participación del funcionario, dado que presuntamente brindaba información de entradas, salidas y hasta posibles defunciones de los propietarios de fincas que han sido dejadas en el olvido.
Durante la investigación, se apuntó al tío de este funcionario (Loaiza Bolandi), como una persona que en apariencia hacía funciones de inteligencia y logística para escoger los terrenos de alto valor, que iban a sustraer bajo fraude registral.
Para reducir el riesgo de ser descubiertos al presentar traspasos ante el Registro Público, Loaiza Bolandi se habría apoyado en su sobrino, quien tiene acceso a los sistemas de consulta y es inculpado por la Fiscalía de abusar de sus funciones y suministrar datos que posteriormente eran incorporados en las escrituras públicas manipuladas. Así consta en la solicitud de allanamiento.
Incluso en una llamada telefónica intervenida del cabecilla con su hijo, de apellidos Loaiza Bolandi, este se refirió a la ayuda prestada por el funcionario de Migración. Así lo muestra un extracto de la conversación incluida por la Fiscalía:
Aquí entre nos… ¡tengo un montón de propiedades, de sociedades liquidadas. En unas Tavillo me hace los estudios de entradas y salidas, hay unas en que está muerto (sic) otras que nunca más volvieron, otras que nunca estuvieron aquí…
En la misma conversación de setiembre del 2023, el abogado sospechoso reconoció que su sobrino no le cobraba nada por hacer las consultas en el sistema de Migración y Extranjería.
En conversaciones posteriores y con otros implicados, Loaiza Bolandi insiste en que ante las dudas, le envía un mensaje al sobrino, para revisar fechas y traslados de los extranjeros víctimas.
Aunque para una de las llamadas intervenidas en octubre, este sujeto dijo que las consultas al funcionario "llevaba un costo" y califica esa labor como "una salvada".
Pese a todo esto, la exdirectora de Migración, Marlen Luna, negó conocer a este sospechoso.
"En torno a las investigaciones de funcionarios de Migración que daban información sobre movimientos migratorios, tengo que decir que en ese momento yo no trabajaba en Migración, cuando surgen esos allanamientos y surge la noticia.
No tengo absolutamente nada que ver en el proceso (caso Madre Patria) ni conozco a la persona que fue detenida en ese momento dentro de la investigación", expresó la jerarca.
La funcionaria cuestionó la forma en que fue abordada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el decomiso de su celular.