Exalcalde de Paraíso condenado e inhabilitado por permisos para construcción de motel
Marvin Solano Zúñiga, exalcalde de Paraíso.
El exalcalde de Paraíso Marvin Solano Zúñiga fue condenado e inhabilitado por los delitos de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública determinó que Solano intervino, mientras ejercía como alcalde, para que se aprobara el permiso de construcción de un motel.
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), durante la tramitación del permiso existió un conflicto de intereses. Los funcionarios que participaron en el proceso de aprobación también trabajaban para la empresa constructora.
Los jueces condenaron a Solano a tres años de prisión y lo inhabilitaron, por el mismo plazo, para ejercer cargos públicos, incluidos los puestos de elección popular.
Recibió el beneficio de ejecución condicional
El tribunal le concedió al exalcalde el beneficio de ejecución condicional de la pena durante tres años. Esto significa que no deberá ingresar en prisión mientras cumpla las condiciones establecidas.
Durante ese periodo, Solano no podrá cometer un nuevo delito doloso sancionado con más de seis meses de prisión. Si incumple esta condición, el tribunal podría revocar el beneficio y ordenar el cumplimiento de la pena en la cárcel.
Los jueces también declararon con lugar la demanda civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República. El tribunal fijó un pago de ₡6.600.000 por daño social, intereses y costas procesales y personales.
Había sido absuelto en el primer juicio
Solano fue absuelto en un primer juicio realizado en 2023. Sin embargo, un tribunal de apelación acogió un recurso y ordenó, en setiembre de 2024, efectuar un nuevo debate. Este segundo juicio se desarrolló entre setiembre y octubre de este año.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2016. Según la FAPTA, Solano ordenó por escrito al jefe del Departamento de Ingeniería que aprobara el permiso de construcción.
La Fiscalía señaló que el entonces alcalde invocó un texto legal para dar apariencia de legalidad a su solicitud.