Estrategia del OIJ contra crimen organizado apunta a bajar homicidios a menos de 800 en 2026
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) replanteó su estrategia para enfrentar la escalada de homicidios en el país de los últimos años con un enfoque más centrado en el crimen organizado, el narcomenudeo y los territorios más violentos.
Esta apuesta que —según sus propias proyecciones— podría llevar a que el 2026 cierre con menos de 800 asesinatos, por primera vez en cuatro años.
El giro en la estrategia surge tras el fuerte incremento registrado entre 2022 y 2023, cuando los homicidios pasaron de 654 a 905 casos, con un aumento significativo en el promedio diario de víctimas. Ambos años rompieron los históricos como los periodos más sangrientos en la historia nacional.
Ese comportamiento obligó a la institución a priorizar recursos y redefinir sus líneas de acción. A partir del segundo semestre de 2023, el OIJ puso en marcha el denominado Plan Estratégico de Contención y Control de la Violencia (PECOV).
Este se apoya en cuatro ejes: combatir el narcomenudeo, priorizar la investigación de homicidios, fortalecer las capacidades contra el crimen organizado y mejorar el análisis de información criminal. Allí se decidió priorizar los cantones con mayor incidencia, entre ellos Batán, Puntarenas y Limón.
Uno de los cambios más visibles fue la instrucción a todas las oficinas del país para concentrarse en la venta de droga a pequeña escala mediante el plan Escudo, bajo la premisa de que estos puntos generan disputas violentas entre grupos criminales.
En paralelo, la policía judicial reforzó el seguimiento de estructuras delictivas mediante un modelo de inteligencia que busca identificar sus liderazgos, financiamiento y redes de apoyo. También se instruyó la atención prioritaria de casos de homicidios.
El ajuste también implicó más recursos humanos con apoyo del Congreso. En 2024 se crearon cerca de 300 plazas especializadas en investigación de crimen organizado, con el objetivo de fortalecer las pesquisas y dar seguimiento más cercano a estas organizaciones. Las mismas fueron presupuestadas en la Asamblea Legislativa.
Otra de las medidas fue la revisión periódica de casos de homicidio en delegaciones y oficinas regionales, con especial énfasis en provincias como Limón y Puntarenas, donde se concentra una parte importante de la violencia letal.
En estas zonas, el OIJ intensificó los controles, operativos y análisis de casos para orientar mejor las intervenciones. Esa priorización territorial coincide con algunos resultados a la baja.
Limón cerró 2025 con 172 homicidios, una reducción de 41 casos en comparación con 2023, mientras que Puntarenas registró 130 asesinatos, 19 menos que ese mismo año.
De acuerdo con el informe, esta disminución se relaciona con un incremento en las acciones policiales, como allanamientos, detenciones y desarticulación de grupos criminales, así como con una mayor coordinación entre el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público y otras autoridades.
La estrategia también incorpora herramientas como la extradición de nacionales vinculados a crimen organizado, el debilitamiento de puntos de venta de droga y la intervención en zonas donde se detectan conflictos entre bandas.
En términos generales, el OIJ señala que la clave ha sido concentrar esfuerzos en los territorios con mayor incidencia de homicidios y atacar las estructuras que los generan, en lugar de dispersar recursos. Las cifras más recientes apuntan a una tendencia de contención.
Al 22 de marzo de 2026, el país contabilizaba 156 homicidios y mostraba una disminución en el promedio diario de casos en comparación con años anteriores.
Con base en este comportamiento, la institución estima que el 2026 podría cerrar con entre 693 y 766 homicidios, lo que implicaría una reducción frente a los picos alcanzados recientemente.
Pese a ello, el propio OIJ advierte que la mayoría de los asesinatos sigue vinculada a disputas entre organizaciones criminales, por lo que el reto será sostener la presión sobre estas estructuras y evitar que se reorganicen o trasladen la violencia a otros territorios.