Estos son todos los lugares allanados y personas detenidas por supuestas irregularidades en CCSS
Fiscalía y OIJ realizaron 28 operativos por supuestos sobreprecios en contratación de cooperativas
Oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social en San José fueron el foco de los operativos que realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Oficina Anticorrupción del OIJ, para investigar los supuestos delitos en los cuales aparentemente incurrieron directivos de la entidad, al adjudicar contratos para la administración de Ebais.
La oficina de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, la gerencia general y la gerencia médica, las Direcciones de TI y Proyección de Servicios de Salud, así como una oficina en el hospital de San Ramón, son parte de las locaciones allanadas.
También se realizaron diligencias en la sede principal de Coopesalud (cooperativa que administra dos clínicas del Área de Salud de Pavas y el Área de Salud de Desamparados 2); en las instalaciones de Coopesana (a cargo de los centros médicos de Escazú, Santa Ana y San Francisco); en Coopesiba (administrador de clínicas en San Pablo y Barva de Heredia); en Coopesain de Tibás; así como Asemeco, empresa encargad de los Ebais de La Carpio, San Sebastián y Paso Ancho, según consta en la denuncia presentada por la Auditoría de la CCSS ante el Ministerio Público.
También se allanó la residencia donde vive Marta Esquivel en una torre de apartamentos en Barrio Escalante y 11 viviendas más en San José, Alajuela, Cartago y Heredia. No obstante, la jerarca estaba en la Zona Sur del país y se entregó en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Zeledón.
Desde allí fue sacada en una patrulla tipo perrera de la policía judicial a eso de las 10:00 a.m., de la Unidad de Cárceles del OIJ.
Los sospechosos
La presidenta de la CCSS es la sospechosa de mayor jerarquía, aunque también figuran al menos 7 directivos, exdirectivos y altos funcionarios que fueron detenidos. Esquivel fue la última en arribar a las celdas del II Circuito Judicial de Goicoechea, cerca de las 12:30 m.d.
Los 8 imputados serán indagados por la Fiscalía Anticorrupción: a ellos se les inculpa los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricato e influencia contra la Hacienda Pública.
Posteriormente, se llevaría a cabo una audiencia de medidas cautelares será en Goicoechea, donde se ubica el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Los demás arrestados son de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez, Quirós y Camareno.
Hace un mes, el pasado 21 de agosto, Esquivel presentó a los miembros de la Junta Directiva que aprobaron la adjudicación, quienes hoy figuran como sospechosos y permanecen detenidos.
Son Jorge Porras López (quien renunció y estaba por salir) y María Isabel Camareno Camareno, representante del Estado; como representantes de los patronos estuvieron y fueron arrestados Johnny Gómez Pana y Jorge Luis Araya Chaves, quien hoy es Director Ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
También están investigados Zeirith Rojas Cerna, el actual vicepresidente de la Junta Directiva y representante de los patronos; María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, quien es gerente general interina y fue directora de Proyección de Servicios de Salud desde el 2008.
Roberto Quirós Coronado, exdirectivo representante de los patronos, también permanece bajo órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.
De forma separada, Marino Ramírez Carranza que se desempeñó como gerente médico y está vinculado a la investigación, fue detenido la mañana de este lunes por tenencia ilegal de armas permitidas.
Durante el operativo en una casa en Palmares, los agentes encontraron un revólver calibre 38 y municiones, que no contaban con los permisos respectivos.
Aunque al doctor no se le iba a detener por el caso de la adjudicación de contratos, la Fiscalía al final ordenó su detención por poseer un arma de fuego de forma ilícita. Se hizo bajo el procedimiento expedito de flagrancia.
El detalle de los hechos
De acuerdo con el preliminar de la investigación que comenzó a principios del 2023, al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el cual habrían ejercido controles y aportes para modificar las condiciones del acuerdo.
El proceso fue seguido, pese a las recomendaciones por parte de la Junta de Adquisiciones de la institución de declarar infructuosa la contratación. Según el OIJ, los imputados sabían del perjuicio económico que sufriría la institución y dejaron de lado los criterios técnicos.
"Resulta ser que hay un contrato realizado en el año 2021 con una vigencia de 4 años y este fue cancelado, anulado y modificado por un nuevo contrato en el cual se amplían los plazos. Además de eso, cambian los montos que se tenían que pagar.
Al respecto, el departamento financiero de la CCSS rechazó la posibilidad que se ampliaran los plazos y de que aumentaran los costos, siendo que lo usual según este departamento, es que anualmente se reconozca un incremento del 2% al 3% por costo de la vida e inflación.
Sin embargo, en el nuevo contrato los montos superaban al 33% de aumento, versus el contrato ya aprobado y cancelado en el 2021.
Resulta que se está pagando de más en apariencia, un total ₡1.033 millones por mes, siendo que al final del año el monto pagado de más es de prácticamente ₡12.400 millones", recalcó el director del OIJ, Randall Zúñiga.
La contratación era un concurso público para la administración de 138 Ebais en el Área Metropolitana. De acuerdo con la Fiscalía, los directivos de ese momento influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Según el Ministerio Público, este contrato hacía más costoso lo que invertiría, que si la CCSS tuviera que asumir el servicio. Además, las autoridades judiciales presumen que los miembros de esa Junta sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida.
Equipos de fiscales y policías trabajaron en la mañana, en registrar los inmuebles allanados para localizar prueba que puedan incorporar al expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE.
"Esta es una investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría de la CCSS. En la misma, se investiga la contratación de servicios de salud de 138 Ebais, con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva.
Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la CCSS que presentó la denuncia, pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus observaciones e informes en la misma. Consideramos que el mismo tiene el sustento probatorio necesario para poder continuar el trámite respectivo y la investigación de los delitos.
Esta investigación reviste de mucha importancia porque se están disponiendo de muchos recursos públicos, más de ₡12.400 millones al año: esto va a afectar el bolsillo de los costarricenses y el sistema de salud en donde habrá un detrimento al pagar precios excesivos", indicó el fiscal general Carlo Díaz.
El jerarca del Ministerio Público defendió que el actuar del órgano acusador es objetivo e independiente.
Lista de lugares allanados
- Oficina de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, en San José.
- Gerencia General de la CCSS, en San José.
- Gerencia Médica de la CCSS, en San José.
- Oficina en Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón.
- Dirección de Proyección de Servicios de Salud, de la CCSS.
- Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la CCSS, en San José.
- Oficina de Coopesalud en Pavas, San José.
- Oficina de Coopesiba, en San Pablo de Heredia.
- Oficina Coopesain, en Tibás.
- Oficina Coopesana, en Santa Ana.
- Oficina de Asemeco, en San José.
- Oficina en Barrio Escalante, San José.
- Casas de habitación múltiples sectores de San José: en Barrio Escalante, El Carmen de Guadalupe, San Rafael y San Antonio de Vásquez de Coronado, Granadilla y Curridabat, dos en Moravia, San Rafael de Escazú, Alto de las Palomas en Santa Ana y Gravilias de Desamparados.
- Casa en Palmares, en Alajuela.
- Casa en La Unión de Cartago.
- Casa en Rincón de Sabanilla San Pablo y otra en Santo Domingo de Heredia.
- Casa de habitación en Miramar, en Puntarenas.
