Estos son los diputados que integran nueva comisión de reforma constitucional ante abusos a menores
El Plenario Legislativo conformó una nueva comisión especial que analizará exclusivamente la reforma del artículo 36 de la Constitución Política, que busca limitar el derecho de abstenerse de declarar en casos de delitos sexuales contra personas menores de edad cuando el agresor sea un familiar.
La iniciativa corresponde al expediente 23.729, titulado "Reforma del Artículo 36 de la Constitución Política para limitar el derecho de abstenerse a declarar en delitos que cometan familiares contra personas menores de edad y otras víctimas de violencia intrafamiliar y de género", presentado por la diputada liberacionista Carolina Delgado.
Esto se da luego Asamblea Legislativa aprobó la tercera lectura y dio admisibilidad, con 39 votos afirmativos, a la reforma del artículo 36 de la Constitución Política, el pasado 14 de enero.
Tras la votación de 38 diputados, estos son los legisladores electos:
- Melina Ajoy, PUSC (37 votos)
- Carolina Delgado, Liberación Nacional (35 votos)
- Rosalía Brown, Nueva República (35 votos)
- Priscilla Vindas, Frente Amplio (33 votos)
- Monserrat Ruiz, PLN (32 votos)
- Paola Nájera (30 votos)
No lograron quedar electos Gilbert Jiménez (19 votos), Gloria Navas (19 votos), Luz Mary Alpízar (2); y Rocío Alfaro, Dinorah Barquero, Rosaura Méndez y Kattia Cambronero, con 1 voto cada una. Hubo 19 votos en blanco.
Ahora deberán realizar una nueva votación para elegir al séptimo miembro del foro legislativo especial.
Reforma constitucional
El proyecto propone reformar el artículo 36 de la Constitución Política para eliminar la posibilidad de abstenerse de declarar contra un cónyuge o pariente hasta tercer grado cuando la víctima sea una persona menor de edad, en casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar o de género.
Una vez instalada la comisión, deberán elegir la presidencia, secretaria e iniciar el trámite del proyecto de ley.
La última reforma constitucional aprobada por el actual Congreso fue la que permite la extradición de nacionales en casos de terrorismo y narcotráfico internacionales.