Estos magistrados sí aceptan que reforma fiscal toque sus salarios
Iris Rocío Rojas y Jaime Robleto están de acuerdo en alcances de reforma fiscal
Opuestos a la mayoría de sus compañeros, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia alzaron la voz durante la sesión del martes para afirmar que el plan de reforma fiscal era necesario y –2 de ellos- se mostraron abiertamente de acuerdo en que se toque la estructura salarial del Poder Judicial.
Así lo expresaron Iris Rocío Rojas (Sala Primera), José Jaime Robleto (suplente de Sala Tercera) y Luis Guillermo Rivas (Sala Primera).
Todos ellos coincidieron en que la situación fiscal del Estado es apremiante y requiere de un aporte de todos los sectores.
Rojas fue quien hizo la exposición más amplia sobre su postura, para respaldar el texto que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el pasado 5 de octubre.
"Los que ejercemos la judicatura lo hacemos por vocación. No se puede afirmar sin ningún sustento técnico que los recortes que promueve la normativa consultada (proyecto 20.580) tenga impacto en el reclutamiento de los jueces (…) Todos tenemos que poner. Es cierto, nos aumentan los impuestos a todos, pero tenemos que poner. Hay que hacer un esfuerzo. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo", consideró la magistrada.
Según la funcionaria, quien forma parte de la Sala Primera desde mayo de 2014, nada justifica el crecimiento presupuestario sin recursos en instituciones que carecen de ingresos propios. De igual forma, expresó que no existen motivos para que el Poder Judicial considere que el texto vulnera la independencia institucional.
"Mientras en este país haya pobreza extrema, haya personas que no tienen para su subsistencia básica, yo no tengo en ningún problema que una persona rectora de las finanzas públicas determine si a esos dineros los va a dar a comedores escolares o a personas en extrema pobreza, o si vamos a pagar defensores públicos o a comprar vehículos nuevos. Creo que las personas elegidas para gobernar están legitimadas para tomar esas decisiones. Llegó el momento en que se debe aplicar la solidaridad ¡Todos tenemos que poner!", expresó Rojas.
Por su parte, Robleto indicó que el Poder Judicial no provocó la crisis fiscal y mantuvo la tesis de que la situación no se solucionará solo con los recortes en salarios o los cambios a nivel de la entidad.
"También es cierto que vivimos una gran crisis fiscal (…) La equidad se refiere a la justicia social. Yo no puedo ser indiferente, aunque sea una gota de agua para palear el problema social que tiene este país, siento que es una obligación moral apoyar el proyecto para sanear las finanzas públicas. Todos tenemos que sacrificarnos y los que ganamos más, sacrificarnos más", expuso el magistrado.
Desde la óptica de Rivas el texto sí incide en la independencia del Poder Judicial. Pese a que no hizo una referencia concreta al tema salarial, expresó su apoyo a la aplicación de una reforma fiscal en procura de sanear las finanzas públicas.
"Solo tenemos una fuente ingreso: los tributos de todos los costarricenses. No tenemos otra fuente y debe ser distribuida en forma equitativa y en forma justa (…) Nos han mostrado una situación dantesca y caótica a punto de llegar (…) Yo sí me pronunciaría a favor del país. Yo sí me pronunciaría a favor del entorno, yo sí me pronunciaría a favor de que se agreguen nuevos ingresos a este país y a este Poder Judicial. Sí me parece, que de todas maneras, si esos ingresos no se hacen llegar, no vamos a tener lo que nosotros pretendemos posteriormente", indicó el magistrado.
Acuerdo tomado
Por mayoría, la Corte Plena acordó en la sesión del martes determinar que el plan fiscal (expediente 20.580) sí afecta al Poder Judicial. Con eso, 11 de 15 magistrados votaron por una opción que establecía una afectación a la entidad y por lo tanto pedía discutir 4 aspectos puntuales que incluye el proyecto.
¿Cuáles son esos 4 puntos?:
Que el Ministerio de Planificación (Mideplan) no tenga rectoría sobre el Poder Judicial: no es un tema la salarial. Son otros aspectos, es decir, que no interfiera en la estructura u organización de los puestos.
Que se excluya la posibilidad de que el Servicio Civil, que es un simple orden con carácter vinculante y obligatorio, vincule al Poder Judicial en los temas de evaluación del desempeño.
Que las transferencias previstas a nivel constitucional y a nivel legal no se vean afectada por la regla fiscal. Esto tiene que ver con transferencias para leyes que el legislador ha creado (como lucha contra el crimen organizado, Defensa Pública, Protección de Víctimas y Testigos).
Que en el tema de componentes salariales se abra el respeto a las particularidades que tiene el Poder Judicial. En aspectos como Carrera Judicial, labores de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o jueces que trabajan en la noche.