Esto es lo que le espera a Celso Gamboa y a “Pecho de rata” en Estados Unidos

Estados Unidos tiene un protocolo para recibir y mantener bajo detención a personas requeridas mediante procesos de extradición. Este procedimiento es el que se le aplicará a Celso Gamboa Sánchez y a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, a partir de hoy.

Gamboa y López son los primeros costarricenses extraditados gracias a una reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada en mayo del 2025.

Ambos serán procesados en Estados Unidos por los delitos de tráfico internacional de drogas y tráfico de drogas en grado de complicidad. Se exponen a penas que van desde los 10 años de cárcel y hasta los 50 años, debido a que Estados Unidos se comprometió con Costa Rica a no imponerles una pena mayor a la permitida en el país.

El traslado inició a las 6:10 a.m. desde La Reforma. Tardaron 7 minutos llegando a Base 2 del Aeropuerto Juan Santamaría. Ahí estuvieron varias horas en la sala consular donde se les explicó el proceso que afrontan. A las 8:53 a.m. despegó el avión de la DEA que los traslada a Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los trámites formales y diplomáticos previos al arribo los gestiona la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal o la Embajada de Estados Unidos.

Cuando los requeridos estén listos para la entrega, esa oficina debe notificar al fiscal encargado del caso. Luego se coordinan las gestiones con el Servicio de Alguaciles para que agentes escolten a Celso Gamboa y a López Vega apenas desciendan del avión de la DEA.

El Servicio de Alguaciles o U.S. Marshall es una agencia federal del Departamento de Justicia encargada de ejecutar órdenes de tribunales federales, capturar fugitivos, custodiar y trasladar prisioneros, proteger a jueces y administrar bienes decomisados a organizaciones criminales.

El procedimiento establece que los alguaciles deben custodiar a los costarricenses desde el momento en que toquen suelo tejano. También vigilarán su traslado por el aeropuerto y los trámites de ingreso al país, antes de llevarlos a vehículos especiales destinados al transporte de personas detenidas.

"En algunos casos se hacen arreglos para que agentes de la ley estatales u otros federales acompañen a los alguaciles de EE. UU. o realicen la escolta ellos mismos. Si el fugitivo es extranjero, la OIA solicitará al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que autorice la Libertad Condicional de Beneficio Público Significativo para permitir la entrada al extranjero", menciona el protocolo oficial.

Una vez coordinado el aseguramiento, la OIA debe proporcionar a la oficina de fiscales encargada del caso —en este proceso, la del Distrito Este de Texas— los puntos de contacto en el Departamento de Estado para completar el procedimiento de ingreso en territorio estadounidense.

Carlo Díaz, fiscal general de la República, coordinó las extradiciones con la DEA junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución que actualmente dirige de forma interina Michael Soto Rojas.

La Fiscalía de Texas ya definió la Corte donde recibirán inicialmente a los dos costarricenses, tras su registro en un centro de detención. Sin embargo, Díaz indicó que esa información se revelará a las partes involucradas y a las autoridades costarricenses hasta hoy.

"Una vez que llegan deben ser presentados ante la justicia, pero podría ocurrir como el caso de Nicolás Maduro, es posible que un día después deban trasladarlos a la Corte y escuchar los cargos que les están imputando y tienen la posibilidad de aceptarlo o negarlos.

Probablemente después de eso se les programe una audiencia y posteriormente se les notifica del centro penal o el lugar donde serán recluidos mientras avanza el proceso", explicó el fiscal.

¿Quién paga los costos?

El protocolo indica que los costos de traducción asociados al proceso de extradición los asume la fiscalía estadounidense que solicita el arresto.

"En las extradiciones en casos federales, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. generalmente paga los costes de transporte y alojamiento asociados al traslado de un preso de vuelta a Estados Unidos.

Los costes de traducción asociados a la solicitud de extradición de un gobierno extranjero suelen ser asumidos por el propio gobierno. Los fiscales deben contactar con la OIA para obtener información adicional en casos específicos", apunta el manual.