Estas son las medidas que solicitó la Fiscalía contra Batalla e implicados en caso Pista Oscura

Tras más de 10 horas de exposición en una audiencia que arrancó a la 1:30 p.m. y se extendió hasta el filo de la medianoche de ayer miércoles, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) finalmente detalló las medidas cautelares que solicitó en contra de los cuatro sospechosos detenidos el martes por el caso Pista Oscura. 

En ningún caso se solicitó prisión preventiva, por lo cual el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó poner en libertad inmediata al exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; al jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de esa entidad, Henry Villalobos y al director general de Aviación Civil (DGAG), Marcos Castillo.

Todos ellos salieron de celdas judiciales tras 40 horas de estar detenidos y dormir una noche en los Tribunales de Goicoechea.

Contra casi todos los imputados, el Ministerio Público pidió la suspensión del cargo para que no puedan estorbar en la investigación ni seguir influyendo en el proceso. Dado que Batalla Otárola renunció el 30 de diciembre al gabinete y no tiene ningún otro puesto, en su caso no aplicaría la separación.

Contra todos en general, también se solicitaron algunas otras medidas cautelares como el impedimento de salida del país, la prohibición de intervenir en el proceso o contactar a testigos y firmar periódicamente ante una autoridad judicial.

"El Ministerio Público a final de cuentas solicitó medidas diferentes a la prisión preventiva y pues nosotros eventualmente, solicitamos la inmediata libertad de los imputados y así se resolvió", detalló anoche Remiro Dennis, abogado co-defensor del exministro.

El plazo de estas restricciones sería por un año. La audiencia se suspendió con el término de la exposición de la Fiscalía y a partir de la 1:30 p.m. se retomará con la rendición de los representantes legales de los sospechosos.

Durante las primeras horas del martes, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto al Ministerio Público, intervinieron las casas de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, donde de paso los arrestaron, dado que figuran como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.

Esta causa se relaciona a una serie anomalías orquestadas para desviar unos $40 millones y reparar parcialmente la pista del aeropuerto internacional de Guanacaste, el Daniel Oduber Quirós.

Las supuestas acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación, la primera, vinculada a la preparación del contrato para las obras y la modificación de un decreto de emergencia para meses después, incluir Liberia y por ende, la terminal aérea.

La segunda línea recae sobre la ejecución de las obras, dado que al parecer en medio de irregularidades, se redujeron la cantidad de reparaciones sobre la pista y el valor del contrato solo bajó en $4 millones.