Estas 5 herramientas pondrían fin a los pluses salariales abusivos en el sector público
MAGISTRADOS ESTUDIAN 44 ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA CONVENCIONES COLECTIVAS DEL SECTOR PÚBLICO

En Japdeva se pagan anualmente 13 mil millones de colones en pluses salariales. Foto: Archivo/ Casa Presidencial.
(CRHoy.com) En medio de la situación económica que atraviesa Costa Rica distintos sectores políticos y la ciudadanía en general han puesto la mirada sobre los pluses salariales de los que gozan algunos empleados públicos.
Sin embargo, dos abogados laboralistas aseguran que el fin de estos accesorios salariales pudo haber llegadoy que hay al menos cinco herramientas para que esto no vuelva a minar las finanzas públicas.
Ciertas cifras han dejado un sinsabor en la boca de los costarricenses. Por ejemplo, la Junta Administradora Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) paga anualmente 13 mil millones de colones anuales solo en pluses. Estos incentivos superan en 33% el gasto de Japdeva en el pago de salarios básicos.
Otro ejemplo. En el 2018 la Universidad de Costa Rica (UCR) usó 196.723 millones de colones para el pago de remuneraciones. Esto representa el 66,05% del presupuesto total ejecutado por la institución.
"¿Cuántas leyes en este país no pasan por la Asamblea Legislativa donde se dan un montón de beneficios y nadie sabe? Después se vera, Dios proveerá, después veremos de dónde sale la plata. Eso es un problema nacional", dijo la abogada Paola Gutiérrez, en el programa Enfoques de CRHoy.com.
Pero pronto el monto de los fondos públicos destinado a pagar pluses extra al salario podría bajar. El pasado jueves 23 de mayo la Sala Constitucional anuló 11 de estos beneficios a los empleados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) por considerarlos desproporcionados e irrazonables.
¿Cuáles pluses consideraron los magistrados que eran inconstitucionales? Por ejemplo cesantía con un tope de 20 años, subsidio de alimentacióin, transporte para familiares de los empleados, servicio de odontología para la familia y licencias con pagos de salario por el matrimonio de los hijos.
Esta decisión podría repetirse en otras instituciones, pues los magistrados tienen pendiente resolver 45 acciones de inconstitucionalidad como la de Recope, en la que se denunciaron supuestos abusos en beneficios que las instituciones dan a sus empleados.
Pero la solución a este gran gasto también puede llegar desde la redacción de las Convenciones Colectivas. Estos documentos establecen los acuerdos entre patronos y trabajadores y es aquí donde están contenidos los pluses salariales.
Paola Gutiérrez y Marco Durante, ambos abogados del campo laboral, explicaron que cuando se hagan cambios a las nuevas convenciones, o bien, cuando se redacten desde cero, hay al menos cinco herramientas que impiden que los negociadores tomen decisiones abusivas.
Estas herramientas son:
- La Reforma Procesal Laboral que en su segundo capítulo establece lineamientos sobre Convenciones Colectivas. Esta rige desde el 25 de julio del 2017.
- La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que desde diciembre del 2018 establece nuevas reglas de juego en el sector público, especialmente para los nuevos trabajadores
- Comisión interinstitucional del Ministerio de Trabajo que estudia convenciones y que, según el abogado Marco Durante, podría dictar lineamientos interinstitucionales que siga todo el aparato público sobre los beneficios.
- Revisión del Ministerio de Trabajo que, cuando se llega a un acuerdo entre patronos y empleados, revisa las condiciones acordadas.
- Control de la Sala Constitucional. Este es el último filtro antes de que se aprueben convenciones abusivas. Los magistrados podrían encontrar que los incentivos van en contra del principio de igualdad.
"Ya tenemos cinco límites. Negociar fuera de esto creo que puede representar responsabilidades para quienes están negociando y desoyendo todos estos límites", dijo el abogado Marco Durante.
Pendiente por resolver
Según datos de la Jefatura de Prensa de la Sala Constitucional, los magistrados tienen pendiente por resolver 45 acciones de inconstitucionalidad contra convenciones colectivas de instituciones que podrían ser abusivas.
Por ejemplo, la Sala deberá referirse a las Convenciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Japdeva y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (Cnfl).
También están sometidas a análisis las convenciones de la Municipalidad de Moravia, Orotina, Mora,Limón, Heredia, Curridabat y otras.
En el siguiente video usted puede ver la entrevista completa a Paola Gutiérrez y Marco Durante.