Declarar a Costa Rica como un Estado laico es una propuesta que ha estado presente en la discusión pública desde hace casi seis años, sin llegar a nada hasta el momento.

Ha pasado la mitad de un periodo constitucional y otro completo en la Asamblea Legislativa y la propuesta no se ha movido ni un centímetro.

Ahora, con la instalación del nuevo Congreso, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, quiere desempolvar el texto, a pesar de la oposición de los partidos de corte religioso y la cautela de otras fuerzas políticas.

¿En qué consiste la iniciativa? ¿Cómo cambiaría la Constitución Política? ¿Afectaría la libertad religiosa o no ? ¿Cómo la ven los nuevos diputados?

La propuesta

Costa Rica es un Estado confesional, esto quiere decir que desde su Constitución Política, en el artículo 75, profesa una única religión.

La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

El artículo 194, sobre el juramento constitucional que deben prestar los funcionarios públicos, reza lo siguiente:

¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden.

El proyecto, que ingresó a la corriente legislativa el 27 de junio de 2012 con la firma de 15 legisladores, reformaría esos dos artículos de la Constitución para que se lean de la siguiente forma:

Artículo 75

El Estado será neutral en materia religiosa, y garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley.

Artículo 194

¿Jura por Dios, o por sus convicciones personales y promete a la Patria observar y defender la Constitución, las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de su cargo? Sí, juro. Si así lo hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo demande.

Neutralidad religiosa

Con la reforma, según el texto propuesto, el Estado sería neutro desde el punto de vista religioso.

"El Estado, en tanto ficción jurídica, no puede profesar creencias religiosas, pues esto solo lo puede sentir y expresar el ser humano individual, en uso de su conciencia. La función del Estado entonces sería la de asegurar que cada persona goce de la libertad para vivir y expresar sus convicciones religiosas, defendiendo el trato igual para todos, en el marco de la vida social", argumentan los proponentes.

De esto, se desprende que la iniciativa, de ninguna forma, afectaría las libertades religiosas de los ciudadanos.

Por el contrario, la confesionalidad del Estado concede un estatuto superior a la religión que denomina como oficial e instaura, simbólicamente, una jerarquía entre ciudadanos, según sus elecciones personales, sostienen los firmantes del proyecto.

"Un Estado laico no es, en lo absoluto, sinónimo de Estado ateo o de Estado anti-religioso o anticlerical. El Estado, hemos dicho, al ser una unidad de carácter político, debe garantizar los derechos de toda la población, sea creyente o no lo
sea. Para cumplir a cabalidad con este deber, requiere la adherencia al principio
de neutralidad confesional, de modo tal que todas las creencias religiosas estén
en condiciones de igualdad y no se concedan privilegios a ninguna creencia. Así,
el Estado no puede ni afirmar creencias particulares, ni negarlas. Se limita a
proteger el derecho de cada individuo a disfrutar de su libertad de conciencia y a
su libertad de credo", concluye la propuesta.

Oposición

El diputado Villalta confirmó que retomará la iniciativa y espera que se pueda discutir en la agenda de reformas constitucionales, pero reconoció que ve dificultades para que avance en el Congreso.

"Lo veo difícil. Veo que hay diputados y diputadas que tienen una visión equivocada de lo que es el Estado laico. Consideran que es sinónimo de excluir la religión de la vida o de perseguir las creencias religiosas, y es todo lo contrario. Es la necesaria separación entre el Estado y las creencias religiosas, pero respetando la libertad religiosa", dijo.

Carlos Avendaño, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), agrupación con 14 votos en el Parlamento, fue categórico al afirmar que la propuesta no tendrá buen ambiente.

"Aquí en toda la historia del país no ha pasado nada, así como estamos, ni va a pasar. Pero sí hay urgencia en reformas al reglamento o una urgencia mayor en relación con el plan fiscal. Eso (el Estado laico) no tiene ámbito en este momento", declaró.

El legislador Otto Roberto Vargas, jefe de bancada del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), también manifestó su oposición a la reforma constitucional.

"Estoy en desacuerdo. Yo por lo menos tengo una formación de que soy católico, apostólico y romano, y es lo tradicional que se ha llevado, la costumbre de todos los gobiernos desde que se han instaurado los gobiernos democráticos en este país, ha sido la religión", alegó.

Cautela

Las bancadas legislativas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) ven con cautela la posibilidad de reactivar la discusión sobre un Estado laico.

Erwen Masís, jefe de fracción del PUSC, indicó que todavía no tienen una posición sobre el tema.

"Veríamos qué están pensando los 9 diputados nuestros y tomaríamos una decisión en conjunto", comentó.

El jefe de bancada del PLN, Carlos Ricardo Benavides, por su parte, respondió que prefiere ser prudente.

"Creo que ese es un tema que vale la pena discutir. Pero cuando digo prudente quiero decir que no quisiera adelantar cuál es la posición de la fracción porque es un tema que preferiría discutirlo", agregó.

Sin embargo, manifestó que, a título personal, no tendría problema con que se abra la discusión sobre la conveniencia o no de un Estado laico por la actualidad que reviste ese tema.