Estado de la Nación: Costa Rica enfrenta envejecimiento acelerado sin plan para atender a población mayor

Según el Informe Estado de la Nación 2025, Costa Rica experimenta un envejecimiento acelerado que transformará su estructura social y económica en los próximos años, mientras el país continúa sin un plan integral para atender este cambio demográfico.
El documento resalta que, en menos de 25 años, el número de personas mayores de 80 años se multiplicará por cuatro y quienes superen los 65 años constituirán una cuarta parte de la población.
Este cambio exige desarrollar un sistema de cuidados sostenible, equitativo y preventivo, capaz de garantizar calidad de vida y autonomía a una población que envejece rápidamente.
Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, explicó que la Política Nacional de Cuidados (PNC) 2021–2031 establece metas para este y otros segmentos vulnerables de la población, pero no dispone del financiamiento necesario para cumplirlas.
"Los sucesivos gobiernos han impulsado servicios dirigidos a personas que requieren apoyo para su vida diaria, principalmente en hogares de bajos ingresos. Sin embargo, esta oferta es limitada, fragmentada y carece de un enfoque claro y sostenido para la atención integral de las personas en situación de dependencia, lo cual impide responder adecuadamente a las necesidades actuales y futuras", enfatizó Morales.
La investigadora agregó que "los servicios de atención para la población adulta mayor son costosos y excluyentes si se obtienen en el mercado; es decir, solo los hogares de mayores ingresos podrían asumir estos costos por tiempo indefinido".
Aunque en seguimiento de la PNC se han desarrollado iniciativas específicas en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y en algunas municipalidades, como Curridabat y Heredia, el informe advierte que el país necesita crear un entorno político y social adecuado para atender la creciente demanda de servicios de atención y cuidados de larga duración.
Cuidado recae en mujeres y agrava la desigualdad
Actualmente, cuando el cuido privado está fuera del alcance de las familias, estas tareas recaen principalmente sobre las mujeres, lo que amplía la brecha de género al restringir su participación laboral y el acceso a pensiones. Sin embargo, los cuidados familiares no alcanzarán para responder a las necesidades que generará el rápido envejecimiento poblacional.
El país enfrenta el desafío de garantizar condiciones de vida dignas para los adultos mayores sin agravar la desigualdad social.
Costa Rica invierte cerca del 0,1% del PIB en servicios de cuidado y apoyo a la población adulta mayor, muy por debajo de los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el promedio ronda el 3%.
El Informe incluye un estudio sobre los costos de atención de adultos mayores, el cual revela que los servicios privados son inaccesibles para la mayoría de los hogares, ya que superan el salario mínimo y los ingresos de al menos la mitad de las familias costarricenses. Además, la atención prolongada de una persona dependiente puede comprometer la estabilidad económica familiar.
- Atención diurna: entre ₡147.500 y ₡404.250
- Atención domiciliaria: entre ₡280.000 y ₡436.000
- Atención residencial: entre ₡575.000 y ₡1.800.000
El informe recomienda adoptar estrategias de inversión basadas en experiencias internacionales, según las cuales los sistemas de cuidado que priorizan la equidad y el acceso deben complementarse con mecanismos sólidos de financiamiento.
"Es importante adoptar un enfoque que considere la promoción de la salud, la mejora de la autonomía y la prevención de enfermedades, al involucrar activamente tanto a los sistemas de salud como a la comunidad, las familias y las propias personas mayores", señaló Morales.
Contraloría aprobó ₡2.700 millones para pagos de licencias
La Contraloría General de la República (CGR) aprobó este miércoles 12 de noviembre, los recursos presupuestarios necesarios para el pago de las licencias de cuido destinadas a personas que atienden pacientes en enfermedad o etapa terminal, por un monto total de ₡2.700 millones.
Estos fondos forman parte del presupuesto extraordinario N.º 2-2025 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), remitido por la institución a la CGR el pasado 6 de noviembre y aprobado este 12 de noviembre.
Según el informe DFOE-BIS-0653-2025, los recursos provienen de transferencias corrientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y están destinados a financiar los subsidios establecidos en la Ley N.º 7756, que garantiza beneficios a las personas responsables del cuido de pacientes en fase terminal y de menores de edad gravemente enfermos.
La Contraloría fundamentó su aprobación en dos resoluciones recientes de la Sala Constitucional, notificadas a la CCSS y al Fodesaf los días 4 y 5 de noviembre, en las que se ordenó el pago inmediato de estos subsidios al considerar que su cumplimiento tiene carácter constitucional y no puede postergarse.
El ente contralor aclaró que la ejecución de los recursos corresponde exclusivamente a la CCSS y que su función se limita a la aprobación presupuestaria, sin participación en la administración ni distribución de los fondos.
Además de los recursos para licencias de cuido, el presupuesto extraordinario incluye otras partidas aprobadas, entre ellas:
- ₡10.832 millones en transferencias del Gobierno Central para servicios a trabajadores independientes y convenios especiales.
- ₡25.329 millones para amortizar deudas del Estado con los regímenes de pensiones de la CCSS.
- ₡10.054 millones del Fodesaf para pensiones de personas adultas mayores en situación de pobreza.
Ley 7756: licencias y subsidios
El programa está regulado por la Ley N.º 7756, aprobada en 1998, que otorga licencias y subsidios a trabajadores asalariados encargados del cuido de pacientes en fase terminal o de menores gravemente enfermos.
El financiamiento proviene de un 0,5% del Fodesaf, que se transfiere a la CCSS para cubrir tanto los subsidios como los costos administrativos del programa. El monto del subsidio se calcula con base en el promedio salarial de los últimos tres meses reportados por el patrono:
- Hasta dos salarios base: se paga el 100% del promedio.
- Entre dos y tres salarios base: el 80%.
- Por encima de tres salarios base: el 60%.
Para 2025, el salario base establecido por la Ley N.º 7337 es de ₡462.200.