Estado costarricense falla en prevenir violencia contra las mujeres y en facilitar el acceso a la justicia
De acuerdo con el Estado de la Justicia más reciente, un muy bajo porcentaje de denuncias por violencia contra la mujer termina finalmente en juicio: solo el 14% de los casos llega a ser juzgado y casi la mitad concluye con sentencia absolutoria.
La mayoría de los casos (66%) se resuelve mediante desestimaciones o sobreseimientos definitivos en la etapa preliminar, lo que significa que no superan esta fase inicial del proceso penal. De los expedientes que sí llegan a la etapa de juicio en los tribunales penales, un 48,8% recibe una sentencia absolutoria.
Un 32,8% concluye con condena y un 4,5% mediante un procedimiento especial abreviado. Además, entre 2019 y 2022, solo el 16% de los casos tramitados por la Fiscalía Adjunta de Género fue elevado a juicio, en contraste con el 20% registrado en las fiscalías territoriales.
No obstante, el primer fallo ocurre mucho antes de que se cometa un delito o un acto de violencia contra las mujeres. El problema va más allá de la resolución de los casos, que de por sí van en aumento. El Estado costarricense y sus instituciones están fallando principalmente en prevenir que ocurran actos violentos motivados por razones de género.
Cada año, el Ministerio Público recibe casi 54.000 denuncias por violencia doméstica, cerca de 16.000 por delitos sexuales contra mujeres y más de 20.000 denuncias por otros delitos contra la mujer penalizados por la ley.
Roxana Chacón, magistrada coordinadora de la Comisión de Género de la Corte Suprema de Justicia, reconoce la deuda histórica que existe en garantizar a las mujeres el acceso a la justicia. Además, subraya la urgencia de que el país adopte planes efectivos que permitan frenar la creciente ola de violencia.
Para la magistrada, el Estado debe desarrollar una estrategia integral contra la violencia, lo que implica que cada caso de mujeres que denuncian agresiones sea atendido también desde el plano psicológico.
"Eso significa terapias constantes para las mujeres hasta sacarlas del ciclo de violencia y brindarles también herramientas de trabajo para que puedan sobrevivir por sí solas, porque muchas de las limitaciones es que estas mujeres no tienen ingresos económicos y tienen hijos que alimentar.
Entonces, si sacan al agresor de la casa, piensan que se van a quedar sin comer y sienten miedo. Por eso conviven con el agresor y por eso muchas mueren a manos de él, tratando de resguardar el sustento de sus hijos. Ahí el Estado nos ha fallado.
Se requiere atención psicológica, que la Caja debería tener. Hay algunos lugares donde existe, pero muchas veces surge casi por iniciativa propia de enfermeras o personal de los centros hospitalarios que desarrollan programas con recursos limitados.
No tienen capacidad para atender a 200 o 300 personas que viven violencia; avanzan poco a poco, con grupos de unas 30 personas a las que brindan terapia para desescalar la violencia.
Deberíamos tener un programa a nivel nacional que permita desescalar la violencia, hacer comprender a las personas lo que están viviendo y promover procesos de rehabilitación", señaló.
Acceso a la justicia
Además de tratar de evitar que estos episodios violentos ocurran, asegurar la responsabilidad penal de los agresores también se ha vuelto problemático.
La mayoría de los sobreseimientos solicitados por la Fiscalía (2.172 de 2.720 casos en 2022) se fundamenta en la ausencia o insuficiencia de elementos de prueba.
Esto no implica necesariamente la inocencia del imputado, sino que las capacidades institucionales y las particularidades de los procesos de investigación no permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar la apertura a juicio.
La prescripción es otro problema. En 2022, 123 expedientes por delitos sexuales se cerraron mediante sobreseimiento definitivo por prescripción, lo que significa que el caso no fue resuelto dentro del plazo legal.
El Estado de la Justicia también menciona siete casos de violencia contra las mujeres que prescribieron durante el proceso judicial —tres por maltrato, tres por violación y uno por tentativa de femicidio— con duraciones de hasta 10 o 21 años.
A esto se suma que los procesos judiciales por delitos sexuales tienen una duración promedio superior a los 4.000 días.
La tentativa de violación es el delito que más tarda en resolverse, con un promedio de 4.383 días entre el juzgado y el tribunal penal, lo que equivale aproximadamente a 12 años.
Adicionalmente, las suspensiones de audiencias y juicios son frecuentes y se atribuyen en un 63% a las propias instancias judiciales, debido a choques de agenda o ausencia de personal. Esto expone a las víctimas a revivir el sufrimiento y prolonga los procesos.
También ocurre que las víctimas a menudo desconocen sus derechos y el funcionamiento del sistema judicial.
La falta de apoyo legal gratuito para víctimas de escasos recursos constituye otra deuda importante. Mientras la Defensa Pública representa a los imputados, el Ministerio Público representa al Estado, pero no actúa directamente como abogado de las víctimas.
Otro dato relevante es la baja participación en acciones civiles resarcitorias. A pesar de que el 85% de los imputados en los casos analizados contaba con salario o bienes, solo en el 8% de los expedientes se presentó una acción civil para reclamar compensación económica para la víctima.
El informe también contradice el argumento generalizado de que los procesos por violencia contra las mujeres fracasan por abandono de las víctimas. En un muestreo realizado, solo se encontraron dos casos en los que la víctima no se presentó a la primera audiencia, lo que demuestra que el desinterés de las mujeres no es el principal obstáculo.
Para Debby Garay, fiscala adjunta de género, gran parte del problema del pronto acceso a la justicia es la limitada cantidad de recurso humano para atender todo el problema, con apenas 60 fiscales especializados en todo el país atendiendo cada uno cientos o miles de casos.
"El volumen de ingreso en materia de violencia sexual y de violencia de género contra las mujeres es un momento elevado. Ocupa, cuando la sumas, el tercer lugar de ingreso más alto que tiene el Ministerio Público.
En 31 oficinas donde hay fiscalías que todavía no tienen personal, como Los Chiles, como Puriscal, como Batán, que son situaciones o lugares donde hay alta vulnerabilidad de las mujeres para sufrir estos eventos y donde hay estadísticas muy altas.
¿Qué se requiere? Más personal, más recursos, incluso para investigar la violencia digital, no tenemos personal suficiente, técnico especializado para abordar esas delincuencias", explicó.
Medidas de protección
En materia de violencia de género también se cuestiona constantemente la efectividad de las medidas de protección, ya que en algunos casos mujeres víctimas de femicidio tenían previamente medidas restrictivas contra sus agresores.
Entre el 1.° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 se solicitaron 259.002 medidas de protección, para un promedio de 142 medidas diarias.
En la mayoría de los casos, son mujeres quienes solicitan protección contra hombres (pareja sentimental, cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio o primo, entre otros). No obstante, no todas las medidas se solicitan en el contexto de relaciones de pareja.
Solo el año anterior se dictaron 41.340 medidas de este tipo. Según explicó Chacón, muy pocas de estas medidas son irrespetadas y el problema surge cuando las mujeres, aun con protección judicial, permanecen dentro de círculos de violencia por falta de acompañamiento institucional.
"Falla contar con personal especializado en las dependencias de la Caja Costarricense de Seguro Social y en otras instituciones que trabajan en el combate de la violencia.
Necesitamos desarticular los ciclos de violencia que viven las mujeres. Muchas veces se ha criticado las medidas de protección, pero en realidad estas medidas sí protegen a las víctimas.
Si se observa el número tan alto de denuncias —alrededor de 51.000 al año— es lamentable que llevemos ocho femicidios en apenas dos meses. Sin embargo, la mayoría de las personas que acude a los juzgados especializados y solicita medidas de protección logra mantenerse sin violencia.
Estas medidas se dictan contra los agresores para sacarlos de la casa, monitorearlos o prohibirles acercarse a las mujeres. Además, las víctimas cuentan con una orden judicial que les permite solicitar el auxilio de la policía.
Eso hace que la mayoría de las personas que pide medidas de protección tenga una garantía de que sus vidas serán resguardadas de esa violencia", explicó la magistrada.