Esta tarde dictan sentencia por supuesto soborno de Pancho Villa y abogada a jueza
Este miércoles, a las 2:00 p. m., el Tribunal Penal de Goicoechea dictará sentencia en el juicio contra el narcotraficante Darwin de la Trinidad González Hernández, alias Pancho Villa, y la abogada Gracel María Arguedas González, por supuestamente ofrecer un soborno a una jueza de la República.
La lectura de la parte dispositiva del fallo, o el "por tanto", se realizará en el Segundo Circuito Judicial de San José, donde durante las últimas semanas se efectuó el debate oral y público contra ambos, acusados del delito de procuración de impunidad.
La Fiscalía Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó una condena de 10 años de prisión contra cada uno de los implicados, aunque la defensa, en sus argumentos finales expuestos el pasado lunes, pidió una sentencia absolutoria.
Para el abogado Juan Carlos Peralta, sus clientes deben salir bien librados, al considerar que existe una atipicidad en los hechos, es decir que los hechos no se ajustan a la descripción del tipo penal en la ley, ya que el delito acusado por el Ministerio Público consiste en exhortar por cualquier medio a un funcionario público para lograr la impunidad de algún imputado.
Pero en sus conclusiones, Peralta Montoya sostuvo que la Fiscalía no pudo demostrar que la jueza Hazel Murillo Beita, el día que se reunió con la acusada, lo hiciera en su condición de jueza y en ejercicio de sus funciones, ni tampoco que se le haya exhortado a hacer algo para procurar la impunidad de alguien.
"En la propia declaración que dio en el debate, la denunciante sostuvo ante el Tribunal que su puesto de jueza nunca fue tema de conversación, que nunca hubo ofrecimiento de dinero y que lo que la acusada le indicó fue que la alertaba que alguien iba a llegarla a buscar la luego para ofrecerla como testigo y que le iban a hacer una propuesta.
Ante preguntas de la defensa, la señora Murillo que después de ese día nadie la llegó a buscar y no recibió ofrecimiento de dinero ni tampoco recibió amenazas", indicó el jurista.
Otro de los alegatos de la defensa para solicitar la absolutoria es que, en la sentencia del caso conocido como Pancho Villa, dictada en diciembre anterior, el Tribunal de la Jurisdicción contra la Delincuencia Organizada (JEDO), a cargo de la causa principal, tuvo como hecho demostrado que la jueza sostuvo una relación con Miguel Campos Jiménez, exagente judicial acusado y condenado en aquel proceso. Supuestamente querían que ella declarara al respecto.
La Fiscalía sostiene que, desde una celda en la cárcel La Reforma, Pancho Villa habría gestado el intento de soborno a una juzgadora para que declarara a su favor.
La acusación
Todo comenzó a gestarse alrededor del 22 de enero de 2024, cuando, desde máxima seguridad, el cabecilla habría tenido acceso a un teléfono celular con el cual enviaba mensajes y audios vía WhatsApp para girar instrucciones a Paniagua, su primer intermediario.
Paniagua habría contactado a la abogada Arguedas para aprovechar que conocía desde la universidad a la jueza Murillo, con el fin de acercarse a ella y ofrecerle, presuntamente, una compensación económica a cambio de colaborar en el juicio por narcotráfico y legitimación de capitales que enfrentaban González y otros 13 imputados miembros de su banda.
Arguedas contactó a la jueza por Messenger y le solicitó su número para coordinar un encuentro. Según la acusación, el 15 de febrero de 2024 la abogada le propuso verse el 17 de febrero en la cafetería Tutti Bum, en el centro de Heredia.
Ese día, Paniagua trasladó a Arguedas en un Isuzu D-Max desde la Zona Sur hasta la reunión, prevista para las 6:41 p. m. La jueza llegó acompañada de su hijo. A las 8:02 p. m., ambas mujeres abandonaron el lugar y la jueza llevó a Arguedas hasta el parqueo del hotel Crowne Plaza, en Sabana Norte, donde —según la Fiscalía— la abogada hizo creer que se encontraba hospedada.
Dentro del vehículo, y siguiendo instrucciones del líder narco, Arguedas habría exhortado a la jueza a declarar como testigo de la defensa, alegando que debió inhibirse en fases tempranas de la causa, porque supuestamente mantuvo una relación sentimental con el imputado Miguel Elmer Campos Jiménez, exinvestigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y miembro de la organización.
El objetivo era que Murillo testificara que no se inhibió por resentimiento hacia Campos y que, con ello, se lograra anular diligencias judiciales y afectar el proceso. De acuerdo con la acusación, Arguedas llegó a preguntarle:
"Amiguis, ¿Usted no aceptaría que le paguen?"
En su testimonio, la jueza afirmó que Arguedas incluso presionó a su hijo para que observara vehículos de lujo en el parqueo —entre ellos un Toyota Fortuner y un Range Rover— insinuando que podrían adquirirlos si aceptaba la propuesta.
El hijo rechazó la insinuación y la jueza respondió que no recibiría dinero "de ninguna banda narcotraficante". Arguedas se retiró en el pick-up conducido por Paniagua. La Fiscalía atribuye a González la autoría intelectual del plan.
Murillo ya había relatado estos hechos en el primer juicio contra la estructura criminal y volvió a declarar en el debate actual, en el que se acusa a González, Arguedas y Paniagua por procuración de impunidad, delito que sanciona a quienes impidan o pretendan impedir la acción de la justicia.
Según su testimonio, Arguedas le manifestó que había sido contactada por "la gente del caso del Sur, de Darwin" y que sabía que ella no aceptaría nada, pero debía formular la propuesta. La jueza describió que la abogada insistió a su hijo:
"Imagínese si a su mamá le pagaran, podrían comprar ese carro".
El joven contestó que su mamá no aceptaría dinero, "ni ¢200 millones ni por ningún monto". Murillo aseguró haberle respondido:
"Usted me conoce y sabe cuáles son mis principios. Yo nunca voy a aceptar absolutamente nada de una banda narcotraficante. Y dígales que no me busquen, porque esto no se queda así".
Arguedas afirmó que comunicaría la negativa y se bajó del vehículo. La organización narco fue juzgada el año anterior por tráfico de droga proveniente de Sudamérica, parte de la cual salía del país y otra se distribuía en el Pacífico Central. Entre los acusados figuraban familiares, colaboradores y dos exagentes del OIJ.
En febrero de 2024, en medio del proceso, el grupo habría intentado influir nuevamente en el debate mediante el contacto con la jueza, aprovechando el vínculo universitario de 2005 entre Arguedas y Murillo. Finalmente, la red fue condenada a finales de año anterior por narcotráfico y legitimación de capitales, según el Ministerio Público.