Presidentas de Supremos Poderes firman acuerdo de convivencia democrática

Eugenia Zamora, presidenta del TSE; Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa; Laura Fernández, presidenta de la República, y Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. CRH
Las presidentas de los Supremos Poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) firmaron una declaración conjunta sobre convivencia democrática, en el marco de una reunión convocada para fortalecer el diálogo y la coordinación entre las instituciones del Estado.
Se trata de una reunión histórica debido a que por primera vez los Poderes del Estado los presiden mujeres.
El documento fue suscrito por la presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; la jerarca del Poder Judicial, Patricia Vargas; y la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.
Vargas calificó el encuentro como el inicio de una nueva etapa frente a los desafíos que enfrenta el país.
En el documento, las jerarcas reivindican la separación de poderes, la independencia institucional, la libertad de prensa y expresión, y el respeto al Estado de Derecho.
¿Qué firmaron?
Conscientes de que, por primera vez en la historia del país, cuatro mujeres presidimos simultáneamente los Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones, 77 años después de que la Constitución de 1949 reconociera a las mujeres el derecho al sufragio, que ejercieron por primera vez en 1950; y reconociendo que este hecho es posible gracias a generaciones de mujeres que abrieron camino en la vida pública costarricense.
Teniendo presente que el artículo 9 de la Constitución Política confía el ejercicio del Gobierno al pueblo y a tres poderes distintos e independientes entre sí, y reconoce al Tribunal Supremo de Elecciones el rango y la independencia de los poderes del Estado; y que su artículo 11 establece que quienes ejercen la función pública son simples depositarios de la autoridad, sin más facultades que las que la ley les concede.
Considerando que el principio constitucional de coordinación y cooperación interinstitucional es de especial importancia para atender los asuntos nacionales e impulsar el desarrollo de Costa Rica, y que entre los Supremos Poderes se cumple con pleno respeto a la independencia de cada uno.
Convencidas de que la separación de poderes, que protege las libertades de las personas, se complementa con la colaboración leal entre instituciones que se respetan y ejercen las competencias que la Constitución otorga a cada una.
Advirtiendo que la violencia política, en particular la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, lesiona a las personas, debilita a las instituciones y aleja a la ciudadanía de la vida pública.
Declaratoria
1. Que la República pertenece a todas las personas que la habitan y descansa en la igualdad ante la ley, la división del poder y la participación ciudadana. Sus instituciones trascienden a quienes temporalmente las dirigimos, y nuestro deber es entregarlas fortalecidas a quienes nos sucedan.
2. Que la confianza ciudadana en el sufragio es la base sobre la que descansan las demás instituciones, y que cuidarla es tarea de todas ellas.
3. Que el principio de legalidad orienta la actuación de los Poderes de la República, y que el diálogo, de carácter consultivo, es la forma ordinaria en que se relacionan quienes ejercen funciones públicas. Este permite identificar objetivos comunes que cada institución persigue desde sus propias competencias. Cada institución rinde cuentas a la ciudadanía por el ejercicio de esas competencias, conforme al artículo 11 de la Constitución Política.
4. Que, como mujeres y servidoras de la República, entendemos el poder como servicio y como cuidado de lo común, y sabemos que la autoridad proviene de la ley y se fortalece cada día al escuchar a las personas y responderles.
5. Que la crítica, la protesta pacífica, la manifestación libre de opiniones, el disenso, el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, así como el escrutinio público, son elementos esenciales de la democracia y deben poder ejercerse sin temor. Las controversias sobre lo que se publica se resuelven por los cauces del derecho y nunca mediante la violencia.
6. Que la seguridad es condición de la paz y de la libertad, y que una República se mide por la tranquilidad con que todas las personas, desde la infancia, pueden vivir, estudiar, trabajar y participar en la vida pública. Frente al delito, y en especial frente al crimen organizado, las respuestas que mejor protegen a las víctimas se construyen dentro del Estado de Derecho, con respeto a los derechos humanos y a las competencias de cada institución.
Compromisos
Cada una, en el ámbito de sus competencias y con pleno respeto a la independencia de las demás:
1. A fortalecer, desde nuestras instituciones, la prevención, la atención y la sanción de la violencia política, en especial contra las mujeres en los procesos electorales, la función pública, el régimen municipal y las instituciones autónomas, así como de toda forma de violencia contra las mujeres, incluido el femicidio.
2. A impulsar una respuesta del Estado frente al delito que sea oportuna, eficaz y basada en evidencia en todos sus eslabones: desde la prevención de la violencia y la atención de los factores que la propician, pasando por la investigación y la persecución penal, hasta una justicia pronta y cumplida, el cumplimiento de las penas y la atención de las víctimas. Para ello, se promoverán leyes, políticas y servicios articulados entre nuestras instituciones, conforme a sus respectivas competencias.
3. A identificar, en el espacio de interlocución, objetivos de coordinación entre nuestras instituciones, que cada una atenderá conforme a sus competencias y sobre cuyo avance informará a la ciudadanía.
4. A reforzar la protección de quienes enfrentan amenazas contra su vida o su integridad por informar, denunciar delitos o ejercer funciones públicas, en especial en la lucha contra la criminalidad.
5. A promover, entre nuestras instituciones, un espacio periódico de interlocución y trabajo coordinado entre las presidencias, de carácter consultivo y de cooperación. Sus conclusiones serán valoradas por cada institución conforme a sus competencias y a los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. Los resultados se informarán a la ciudadanía, de acuerdo con el principio de rendición de cuentas.
6. A observar las reglas establecidas en el marco jurídico costarricense relacionadas con el proceso electoral municipal de 2028, para que Costa Rica siga siendo reconocida nacional e internacionalmente como una democracia plena.
Reconocemos que el apoyo interinstitucional, el respeto a los diversos actores de la dinámica comicial y la imparcialidad de las autoridades públicas frente a la elección de los gobernantes locales son garantías de la pureza del sufragio, según lo dispone el artículo 95, inciso 3, de nuestra Constitución Política.