Esquivel pasó de citar CGR para rechazar aumento salarial a descalificarla por su sobrepago
Exmagistrada se niega a acatar orden de la Contraloría de devolver pagos de más
En setiembre de 2022, a pocos días de haber asumido el cargo, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) defendió las competencias de la Contraloría General de la República (CGR).
La ejecutiva amenazó con las sanciones disciplinarias que aplica el ente contralor, al defender su rechazo al aumento salarial retroactivo que se aplicó en los funcionarios del Seguro Social durante el año pasado.
"Tenemos claro que no solo los trabajadores de la Caja, sino todos los empleados del sector público están en una situación particularmente compleja. Sin embargo, hay una ley de obligatorio cumplimiento.
De hecho, hay sanciones disciplinarias para quien rompa la regla fiscal, y eso es competencia de la Contraloría General de la Républica", manifestó la presidenta ejecutiva de la institución.
Sin embargo, su criterio cambió al ser ella la señalada en relación con el salario ilegal que recibió entre setiembre de 2022, cuando fue nombrada, y enero de este año, cuando le ajustaron el sueldo. El pasado 11 de enero, Esquivel desacreditó lo expuesto por el ente contralor sobre la violación a la Hacienda Pública que provocó el dinero extra que ganó.
La ejecutiva señaló en sesión de Junta Directiva que no devolvería el dinero que recibió de más, como ordenó la Contraloría, hasta no conocer un criterio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
"Si Mideplan hace un señalamiento de que la interpretación que está dando la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el salario), y no necesitamos ni siquiera hacer un procedimiento"
"A mí no se me ha respetado el debido proceso, ¿verdad? La Contraloría ni siquiera tuvo la condescendencia de darme participación de una denuncia que yo ni siquiera conozca", dijo la ejecutiva del Seguro Social.
Esquivel, además, recusó a los directivos del sector patronal que participaron del acuerdo del órgano colegiado de ajustar su salario al tope ordenado por la CGR.
Cabe recordar que una investigación de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, señaló que Esquivel gana ₡7.158.848,00 por mes, cuando el tope establecido en el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública es de ₡5.565.000,00.
La Contraloría recordó además que las reformas al sistema remunerativo para el sector público en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, disponen a la Administración central y descentralizada una serie de restricciones y estándares relativas al gasto público en el ámbito salarial.
Citó también el dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) que señala que "los objetivos fundamentales de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue disminuir las erogaciones del Estado y de los entes descentralizados en materia de remuneraciones, por lo que, en caso de duda, la interpretación de esa ley, y de las reformas que en ella se dispusieron, debe orientarse a ese objetivo".
"El transitorio XXV de la Ley Nro. 9635 estableció que el salario total de los servidores que se encontraran activos a la entrada en vigencia de esta Ley no podía ser disminuidos y se les respetarían los derechos adquiridos. No obstante, con motivo del cambio de gobierno, a partir del 8 de mayo de 2022, los salarios de los nuevos jerarcas, en especial aquellos bajo la modalidad de salario único, debían ajustarse a la limitación de mérito, toda vez que se activó la restricción al salario mensual equivalente a 20 salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, que para el caso particular corresponde a la suma de ₡5.565.000,00", argumentó el ente contralor.
Así las cosas, para la Contraloría, al momento de realizar una nueva designación en el puesto de Presidencia Ejecutiva, máxime considerando que le corresponde un salario único, el cálculo salarial debía ajustarse al marco legal vigente al momento del nombramiento.
"En el caso concreto, la Presidente Ejecutiva fue nombrada el día 19 de setiembre de 2022, momento para el cual ya se encontraba vigente el tope salarial de ₡5.565.000,00 y no resultando jurídicamente posible establecer un salario superior", concluyó.
Por eso, ordenaron a la Junta el ajuste de ese salario, y la recuperación del dinero dado de más.