Especialistas señalan que “ley jaguar” de Chaves choca con la Constitución Política

Los abogados constitucionalistas Rubén Hernández y Fernando Zamora consideran que el proyecto denominado "ley jaguar", que el presidente Chaves pretende enviar a una consulta popular vía referéndum, cocha con la Constitución Política por las reformas que se pretende a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Un criterio distinto es el que tiene el también constitucionalista Fabián Volio, quien fue parte de los expertos consultados por Casa Presidencial para formular esta propuesta.

Volio indicó al periodista Edgar Fonseca, de la plataforma Puro Periodismo, que la propuesta presenta no choca con lo que señala el artículo 105 de la Constitución Política, sobre los aspectos que no pueden llevarse a consulta popular.

Esos elementos son: la materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa.

"Entonces ninguna de las 3 áreas que se propone reformar este proyecto de ley tiene que ver con estas materias, entonces pasa en primer lugar el filtro de la Constitución", afirmó Volio.

No coincide con Volio el abogado Hernández, que señala que las reformas a la Contraloría serían inconstitucionales, además que convierte a este ente en una "institución inoperante".

Hernández recuerda que hay 3 votos de la Sala Constitucional, que hacen referencia a las
las potestades de fiscalización de la Hacienda Pública de la Contraloría que establece el artículo 183 de la Carta Magna.

Dice al artículo mencionado:

La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.

"Son 3 sentencias de la Sala que han dicho que por vía legal no se pueden cercenar las competencias que ha adquirido la Contraloría a lo largo de los años, por vía legal jurisprudencial", explicó.

"Cuando se sometan esos artículos a la consulta de la Sala, los magistrados van a decir que no son susceptibles de ser sometidos a referéndum porque serían inconstitucionales", agregó Hernández.

El Gobierno busca modificar el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa para gestionar el proyecto de Ciudad Gobierno, sin pasar por ese proceso de control.

"Estas dos normas, tal y como están redactadas, no pasarán la consulta de constitucionalidad de la Sala, pues violan el artículo 183 de la Constitución Política", agregó Hernández.

Otro jurista especialista en temas constitucionales, Fernando Zamora, indicó internar reforma la ley de la Contraloría no pasaría el tamiz de la Sala.

"Sería un tema de valoración de la Sala. Es trasladar el control de eficiencia y legalidad ex ante a exclusivamente ex post. Si la Sala mantiene su posición jurisprudencial de 1998, es probable que ella considere ese tema inconstitucional", indicó.

Zamora incluso lanzó una propuesta al Poder Ejecutivo para modificar la "ley jaguar" y que no se consulte al pueblo las reformas a la Contraloría.

Peligro de corrupción

La contralora General Marta Acosta ha dicho que aprobar la "ley jaguar" dejaría a este ente contralor sin las herramientas administrativas necesarias para ejercer las facultades de fiscalización de la hacienda pública.

"La Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde", indicó Acosta.

Tras un análisis de dicha ley (expediente legislativo 24.364) la Contraloría indicó con alarma que esta reforma, a varios artículos de la ley orgánica de este ente, tiene como fin principal "desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución Política le encarga a la Contraloría General".

"Manifestamos nuestra preocupación por la supresión de importantes competencias del sistema de control de los fondos públicos, no solo ejercidos por la Contraloría sino también desde las auditorías internas y desde la misma Asamblea Legislativa, porque cuando el fiscalizado; en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance", agregó la jerarca.

"Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles", enfatizó Acosta.

Consulta a la Sala

Este miércoles 22 legisladores ya presentaron la consulta a la Sala Constitucional de la "ley jaguar", lo que detiene el proceso de votación para autorizar al TSE verificar si se puede o no hacer la consulta pública.

Diputados de las fracciones legislativas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP), Frente Amplio (FA) e independientes presentaron ante la Sala.

Según explicó el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo Sandi, los congresistas están a favor del instrumento de consulta popular. Sin embargo, añadió que es responsabilidad de los legisladores estar seguros de que el proyecto que se va a consultar por esta vía cumple con lo que estipula la Constitución Política, pues de no ser así, implicaría un desperdicio de más de ¢3 mil millones en un proceso infructuoso.

"La consulta a la Sala Constitucional es necesaria para resguardar la legalidad del proyecto que el presidente quiere llevar a Referendo y, por ende, los recursos de la ciudadanía", dijo Izquierdo.

La consulta, según documentación aportada, se tramita ahora bajo el expediente 24-016511-000-70-CO.

El documento completo de la consulta lo puede leer aquí:Consulta Legislativa Ley Jaguar