Escasa competencia: el jalón de orejas persistente de la OCDE

(CRHoy.com).- Costa Rica tiene su brújula fija hacia la integración plena como socio de la OCDE. Pero el país se colgará ese carné a finales de este año con una vieja deuda con la organización en materia de fortalecimiento de la competencia para beneficiar el bolsillo de su población con mejores precios de bienes y servicios que hoy operan exentos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

La Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho un estudio económico sobre Costa Rica cada dos años desde que el país empezó formalmente con su proceso de incorporación al "club". El primero de esos análisis fue en el 2016 y el segundo, y último hasta la fecha, se publicó en el 2018.

El grupo de los países con las mejores políticas públicas le ha señalado al Gobierno en ambos informes que el débil régimen de competencia provoca muchos perjuicios a la población. La siguiente publicación sobre el estado de la economía costarricense se realizará durante el presente mes y es previsible que la observación se repita, aunque el país aplicó algunas de las recomendaciones de la OCDE en materia de competencia durante el proceso de adaptación de su legislación a los estándares de la Organización, lo que implicó el aval a 14 nuevas leyes.

Para el 2016, la investigación estimó que una marcada reducción de los obstáculos a la iniciativa empresarial mejorará el entorno de negocios y fortalecerá las presiones competitivas.

El beneficio de marchar en esa dirección, estimó en aquel momento la Organización, sería reducir la informalidad en el mercado laboral. Y en el 2018 el grupo lo reitero: los grandes obstáculos que existen para el emprendedurismo se reflejan en el bajo nivel de dinamismo de los negocios y en las altas tasas de informalidad.

Según la última Encuesta Continua de Empleo (ECE), que publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al primer trimestre del 2020 el empleo informal alcanzó a un 47,1% de la población ocupada.

Es decir, que casi un millón de trabajadores labora sin todas las garantías de ley, un problema que se presenta más entre las mujeres que entre los hombres pues, en el primer caso, afectó a 625.000 personas y, en el segundo, a 415.000.

Monopolios encarecen la vida en Costa Rica

Hace cuatro años la Organización subrayó que el país también debe procurar la eliminación de exenciones antimonopolio, algo que consideró clave para exponer una porción aún mayor de la economía a las fuerzas competitivas y así mejorar el bienestar general de la población, siempre y cuando no se creen monopolios privados.

"Las mejores prácticas internacionales entre los países de la OCDE han avanzado hacia la derogatoria de las exenciones antimonopolistas", señaló el estudio.

Sus mismas páginas ampliaron que en los sectores exentos de la ley de la competencia, como el de los servicios públicos que requieren concesiones estatales por ley, la presión competitiva entre los actores del mercado es débil o inexistente, que la participación privada solo se permite en algunos casos y que si en el caso de la generación de electricidad se le permitiera a los generadores privados competir en el mercado "generaría grandes beneficios como resultado de una mayor participación del sector privado", afirmó el estudio.

Y desarrolló: "Suspender las restricciones a la competencia generaría grandes beneficios para la sociedad en general. La experiencia reciente del sector de las telecomunicaciones apunta en esta dirección y podría servir de modelo para otros sectores".

La afirmación la hizo en el contexto de otros monopolios como el de la refinería y distribución de petróleo y sus derivados, en manos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope); el de la fabricación de alcohol que ostenta la Fábrica Nacional de Licores (Fanal); el de la producción y comercialización de azúcar y arroz, sujeta a leyes específicas del sector, en relación con la Liga Agrícola Industrial de la Caña (Laica) y de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). En todos los casos, las exenciones a la ley de la competencia siguen vigentes hasta la fecha.

A lo largo de su estudio económico del 2018, la OCDE reiteró la existencia de amplias exenciones antimonopolio. En ese libro reiteró además que la economía costarricense está sujeta a regulaciones "excesivamente complejas" que, entre otros males, frenan el emprendedurismo, y definió como rigurosas las regulaciones que pesan al mercado de productos y reseñó que hay un alto control estatal en muchos sectores.

"Las ganancias potenciales en la productividad mediante la reducción de regulaciones anticompetitivas son considerables. Mejorar la gobernanza de las empresas estatales de conformidad con las normas de la OCDE, establecer ventanillas únicas para el registro y la concesión de licencias, simplificar los trámites en los casos de insolvencia, eliminar las exenciones antimonopolio y hacer mejoras para facilitar el comercio, aportarían grandes beneficios de crecimiento", explicó el informe.

De hecho, el análisis citó, con base en datos del 2013 del informe Regulación del Mercado de Productos para todos los países, que Costa Rica se encontraba en aquel momento cerca de un un punto arriba del promedio de la OCDE en el índice de regulación del mercado de productos.

Mientras el promedio de la OCDE en el índice era de 1,5, Costa Rica rozaba un 2,5.

Débil competencia en la banca perjudica a clientes

Tanto en el 2016 como en el 2018 la OCDE afirmó que la competencia en el sector bancario también es deficiente y que esa característica impulsa los costos de intermediación que perjudican la billetera de los clientes de la banca.

En el sector bancario, expuso la Organización en el 2016, las "asimetrías normativas significativas" favorecen a los bancos estatales.

Esto dificulta la competencia plena entre los bancos públicos y privados, al tiempo que los bancos estatales disfrutan de la garantía del gobierno sobre depósitos bancarios mientras los bancos privados no.

"Además de esto, todas las instituciones públicas están obligadas por ley a depositar su efectivo en uno de los bancos estatales. Aunque los tres bancos estatales (Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y Banco de Crédito Agrícola de Cartago—que cerró sus operaciones en el 2018—) son menos eficientes que los privados, los bancos estatales continúan teniendo un papel dominante, representando a mediados de 2015 alrededor de un 55% de los activos y pasivos. Las ineficiencias y la falta de competencia en el sector bancario contribuyen a que existan altos diferenciales en las tasas de interés entre préstamos y depósitos en moneda local (Castro Arias y Serrano López, 2013) y dificultan la concesión de créditos", alertó la OCDE desde hace 4 años.

Y hace dos años el diagnóstico fue igual de desalentador en cuanto a la situación de la competencia en la banca, circunstancia en la que opera el sistema desde 1995 cuando los bancos estatales dejaron de tener el monopolio sobre las cuentas corrientes y de ahorro.

Empero, la OCDE señaló que en el 2017 los bancos estatales y el Popular acaparaban un 63% de los activos totales del sistema bancario y un 60% del total de préstamos.

"En sus Programas Macroeconómicos y en documentos de investigación, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha indicado que el sector bancario nacional muestra una menor competencia que ha conducido a mayores márgenes de intermediación y a una falta de capacidad de respuesta a los movimientos que se dan en la tasa de política monetaria, afectando negativamente el desempeño económico del país. Sin embargo, no existe una política específica del BCCR relacionada con la competencia en el sector financiero", recogió el informe de la OCDE del 2018.

PIB per cápita aumentaría un 0,08%

Ese mismo año, la investigación estimó que un tercio de la economía costarricense está exenta de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472) y, como varios de los sectores donde no se aplica esa norma son proveedores inmediatos, según la Organización el porcentaje de la economía afectado indirectamente por esas exenciones es mucho mayor.

La situación repercute en los incentivos para mejorar la productividad los sectores de procesamiento posterior, disminuye la competitividad internacional y reduce la resiliencia económica.

"En la mayoría de los casos, parece que no existe una justificación económica para las exenciones, y en varios casos, especialmente con respecto al arroz, Coprocom (Comisión para Promover la Competencia—adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio—) ha argumentado reiteradamente que se deben eliminar las exenciones existentes. La OCDE recomienda que se eliminen en Costa Rica todas las exenciones injustificadas. Esto podría aumentar el PIB (producto interno bruto) per cápita en un 0,08%", destacó el estudio.

Al momento de la publicación Costa Rica avanzaba en el análisis de 25 sectores exentos de la ley de la competencia, por lo que es probable que el país muestre alguna mejoría en el próximo estudio económico de la OCDE, que está por publicarse.