(CRHoy.com) -Los sindicatos "fueron tal vez prisioneros de pensar que un muchacho de 38 años no iba a hacer lo que estamos haciendo y ahí está casualmente uno de los principales errores que cometieron", dijo el presidente de la República, Carlos Alvarado, en octubre del año pasado.

La declaración la ofreció poco después de que los gremios perdieron el pulso que sostuvieron con el Gobierno para impedir que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como reforma fiscal.

Fue una expresión que -además de denotar inmadurez política y reflejar cierta soberbia en la conducción de su relación con los movimientos sociales– contribuyó a atizar un creciente clima de agitación social, que culminó en las últimas semanas con protestas frente a la Casa Presidencial, bloqueos en importantes vías nacionales y la renuncia de Édgar Mora como Ministro de Educación Pública.

Esta es una de varias valoraciones relacionadas con serias fallas de capacidad política y estrategia de comunicación del Presidente y su Gobierno que formula Sergio Araya, coordinaror de Proyectos de la Fundación Konrad Adenuaer.

"¿Prepotencia? Lamentablemente, sí. Inclusive el año pasado cuando él dijo a los sindicatos que un joven de 38 años los había derrotado. Las palabras que empleó no eran las más apropiadas porque un Presidente no puede derrotar a nadie. O sea, un Presidente debe derrotar los problemas que aquejan a la sociedad, pero no ponerse la camisa de unos actores en detrimento de otros. O sea, el Presidente tiene, más bien, que tratar de cerrar filas y, en última instancia, a los que sí tiene que derrotar son a los criminales, a los que quieren violentar nuestra soberanía, a los que quieren destruir las bases de nuestro sistema, pero no a sectores que lo que hacen es reinvidicar sus demandas que pueden ser muy legítimas, que como Presidente puede compartir o no, pero no desnaturalizarlas", opinó.

El mensaje presidencial, lejos de apaciguar ánimos, fue provocador y su administración -que llegó al poder con pocos vínculos con los movimientos sociales y en medio de una Costa Rica altamente polarizada por la escalada de la agenda a favor de los derechos humanos– tampoco tuvo la capacidad de vislumbrar cómo en el horizonte político más adelante se fraguaría una alianza entre sectores sindicales y grupos de orientación religiosa conservadora con representación legislativa.

"Eso pudo verse como soberbia, pero eso fue falta de madurez política que uno no esperaría del Presidente de la República. La soberbia la relaciono más con tener un proceso de diálogo más cercano, medios de comunicación, sectores sociales, académicos. Más allá de imponer, es escuchar (…) Este Gobierno ha sido soberbio en ese sentido, se ha negado sistemáticamente a establecer procesos de diálogo. No lo hizo con el plan fiscal y ha sido una constante con otros sectores", subrayó el politólogo Gustavo Araya.

Craso error

Ya cuando el malestar social y la frustración popular comenzaban a subir de tono, en parte por problemas sin resolver desde décadas atrás, el Presidente cometió otro error. Envió un mensaje altamente discriminador a sectores de la población con demandas que requieren atención del Gobierno.

En lo que fue uno de los momentos recientes de mayor tensión, pescadores de Puntarenas derribaron una de las barreras de seguridad de la Casa Presidencial, como parte de una protesta que terminó en un zafarrancho con golpes, heridos y gases lacrimógeneos el 25 de junio anterior.

El enojo de los pescadores -quienes reclaman la rehabilitación de la pesca de camarones con la técnica de arrastre- se desbordó cuando no fueron recibidos por el mandatario y en su, lugar, se les ofreció que serían atendidos por los viceministros de Agricultura y Ganadería.

Pero dos días antes el Presidente participó en la Marcha del Orgullo Gay, que se llevó a cabo en San José.

La lectura popular de ambos acontecimientos se condensó en un mensaje político muy inconveniente: Carlos Alvarado escoge con quienes se reúne y con quienes no. Un mensaje que apunta claramente a discriminación hacia algunos sectores de la población y que dejó sin asidero alguno la proclama de unidad nacional que el mismo Alvarado enarboló en su toma de posesión, el 8 de mayo de 2018.

"Parece que el Gobierno tiene alguna reticencia a sesiones de trabajo con algunos grupos, pero algunas espontaneidades cuando se trata de proactividad en la participación con otros", señala Gustavo Araya.

El Presidente y su Gobierno -apunta Sergio Araya- se desviaron del mensaje de unidad nacional que proclamaron tras ganar las elecciones en un país altamente polarizado por reclamos como el matrimonio homosexual, el aborto terapéutico y la familia tradicional frente a los nuevos modelos de familia.

Los equilibrios que, entonces, debió haber conducido de una manera más prudente se terminaron de romper con un conflicto como el de los pescadores, que tampoco era nuevo y que no fue bien atendido, y en medio de una fuerte molestia popular por la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 1 de julio anterior.

Nueva alianza

Para ese momento, la alianza entre dirigentes sindicales, liderados por Albino Vargas, y grupos de orientación religiosa con representación legislativa, como el bloque independiente Nueva República, estaban más que echadas a andar. Algo que, pareciera ser, que el Gobierno no supo leer a tiempo.

Mientras unos organizaban marchas hacia la Asamblea Legislativa -que tramita iniciativas de ley del desagrado de los sindicalistas, como las reformas al empleo público y la prohibición de huelgas políticas– otros montaban bloqueos en vías y en el Caribe, y otros azuzaban protestas estudiantiles para desestabilizar al entonces ministro de Educación Pública, Édgar Mora, quien finalmente renunció a su cargo el lunes pasado.

En el último caso, los reclamos iban desde las pruebas de bachillerato, la ideología de género en la enseñanza oficial y los llamados baños neutros. La desinformación reinaba en ese momento.

La mezcolanza de estas demandas elevaron la efervescencia social y al mismo tiempo saltaron a flote las nuevas alianzas entre grupos, alianzas que a un diputado como José María Villalta, del Frente Amplio, le extrañan.

Un sector del sindicalismo costarricense ahora abraza la agenda contra los derechos humanos y por "los valores cristianos", defendida por legisladores del bloque independiente Nueva República, antes parte de la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), y liderados por el excandidato presidencial Fabricio Alvarado.

"En río revuelto, ganancia de pescadores", recuerdan algunos.

De pronto, cuando vieron que la religión daba réditos electorales, un sector del sindicalismo también supo que era un vehículo para canalizar molestias populares.

"Es bastante extraña esta amalgama síndico-religiosa. Pareciera que quienes se dieron cuenta que la religión daba réditos electorales y que era posible plantear una campaña en términos religiosos, y como una especie de cruzada de buenos contra malos, pecadores contra salvos, de repente esa misma historia nos vuelve a pasar ahora (…) El sindicalismo le pide prestado una legitimidad que no tiene como movimiento a los sectores religiosos para poder movilizar a la población", sostiene Gustavo Araya.

El pliego de peticiones del denominado Encuentro Social Multisectorial (ESM) da cuenta inequívocamente del nuevo pacto entre sindicalismo y religión.

La nueva alianza, de una u otra manera, tomó por sorpresa a un Gobierno debilitado y ayuno de músculo político fuerte para contrarrestar las presiones.

Tanto Sergio Araya como Gustavo Araya coinciden en que al frente de la conflictividad estuvieron la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el extitular de Educación.

Pero el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza -principal responsable de la atención de los conflictos de un Gobierno- prácticamente brilló por su ausencia y la Ministra de Comunicación, Nancy Marín -en cuyo despacho reside la estrategia de comunicación e información de un Gobierno- se convirtió en una vocera más.

El Presidente -quien se veía solo- ahora está obligado a replantear la estrategia política y de comunicación para mantener a flote su administración en medio del creciente malestar popular y agitación social.