Error de técnico judicial retrasó juicio más de un año en Upala: esta fue la sanción que recibió
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- Un técnico judicial no verificó la grabación de una audiencia en Upala y omitió testimonios clave, lo que pasó inadvertido por meses.
- El error obligó a repetir diligencias y retrasó casi un año la resolución de un proceso agrario que involucraba a un adulto mayor.
- Aunque el Tribunal calificó la falta como grave por negligencia, el funcionario fue sancionado únicamente con una amonestación escrita.
El error de un técnico judicial al momento de respaldar los testimonios durante una audiencia provocó el retraso de un juicio por más de un año. Así lo revela el acta de un tribunal de la Inspección del Poder Judicial, en la que se sancionó al funcionario por una "actuación negligente" en un proceso agrario en Upala.
La resolución, emitida el 20 de noviembre de 2025, concluyó que el funcionario incumplió sus deberes al no verificar ni asegurar la correcta grabación de la audiencia, lo que obligó a repetir parte del proceso y generó atrasos en el dictado de la sentencia.
El origen del caso: una audiencia con pruebas incompletas
El procedimiento disciplinario se originó tras detectarse una irregularidad en un expediente judicial correspondiente a un proceso ordinario agrario en el Juzgado Civil, de Trabajo y Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala.
En ese expediente, que involucra a un adulto mayor, se detalla que el 22 de marzo de 2024 se realizó una audiencia oral en el sitio del conflicto. Durante esa diligencia se recibieron diversas pruebas, entre ellas:
- Declaración de los involucrados.
- Reconocimiento judicial.
- Testimonios de testigos ofrecidos por la parte demandada.
El técnico judicial investigado fue el encargado de asistir al juez durante la audiencia, incluyendo la operación del equipo de grabación.
El problema: testimonios que nunca quedaron registrados
Semanas después de la audiencia, específicamente el 9 de mayo de 2024, el funcionario incorporó al expediente tres archivos de audio correspondientes a partes de la diligencia. Sin embargo, omitió incluir las declaraciones de tres testigos de la parte demandada.
No existía respaldo de esos testimonios en el expediente digital; no se encontraron grabaciones en la grabadora ni en respaldos, y el funcionario no informó de la situación al juez ni a otros funcionarios. Por lo tanto, el error pasó inadvertido durante varios meses.
La falla se detectó cuando el expediente estaba listo para sentencia
El caso avanzó con normalidad hasta que, el 27 de septiembre de 2024, quedó listo para dictar sentencia. No obstante, cuando una jueza del Área de Gestión y Apoyo revisó el expediente, detectó la ausencia de la prueba testimonial de la parte demandada.
Ante esa situación el expediente fue devuelto el 30 de abril de 2025, se indicó expresamente que faltaba prueba clave y no fue posible dictar sentencia. Esto obligó a retroceder en el proceso judicial.
Consecuencia directa: repetir la audiencia y retraso en la justicia
Debido a la falta de los audios, el juzgado tuvo que reprogramar la recepción de la prueba testimonial en julio de 2025, con el fin de volver a escuchar a los testigos cuya declaración no había sido registrada.
Esta situación generó varias consecuencias:
- Retraso significativo en el dictado de la sentencia.
- Repetición de diligencias judiciales ya realizadas.
- Malestar de la parte demandada, que tuvo que comparecer nuevamente.
El Tribunal consideró probado que la omisión del técnico judicial fue determinante en este atraso.
La defensa: el funcionario alegó que no era su responsabilidad
Durante el proceso disciplinario, el técnico judicial reconoció haber participado en la audiencia y haber incorporado los audios disponibles, pero negó haber actuado con negligencia.
Entre sus principales argumentos señaló que:
- No era el encargado del trámite del expediente.
- Su función era únicamente habilitar la grabadora para el juez.
- El juez era quien realizaba la grabación.
- Desconocía por qué no se registraron los testimonios faltantes.
- No era práctica habitual verificar los audios antes de cargarlos.
También indicó que la carga de trabajo en el despacho le impedía revisar detalladamente los archivos. La defensa añadió que existía duda sobre quién era el responsable de la falla y solicitó que se le eximiera de sanción.
Lo que determinó el Tribunal: sí hubo negligencia
El Tribunal de la Inspección Judicial rechazó los argumentos del funcionario y concluyó que sí existió una conducta negligente.
Según la resolución, el técnico judicial tenía obligaciones claras, entre ellas verificar que el equipo de grabación funcionara correctamente, operar el equipo durante la audiencia, custodiar y respaldar los audios, incorporar las grabaciones completas al expediente e informar cualquier falla o irregularidad.
El Tribunal enfatizó que estas funciones forman parte del perfil del puesto, independientemente de si la audiencia se realiza dentro o fuera del despacho.
Fallas clave identificadas
La investigación determinó varias omisiones graves en el actuar del funcionario:
- No verificó si la audiencia quedó completamente grabada, ni durante ni después de la diligencia.
- Incorporó los audios al expediente sin revisar su contenido, lo que impidió detectar la ausencia de testimonios.
- No informó oportunamente sobre la falla, lo que permitió que el expediente avanzara con prueba incompleta.
- Intentó trasladar la responsabilidad a otros funcionarios, incluyendo al juez, lo cual fue descartado por el Tribunal.
Además, se estableció que no existía ninguna justificación válida para estas omisiones.
El peso del testimonio del juez
El único testigo del proceso fue el juez que dirigió la audiencia, quien confirmó que el técnico judicial era el encargado de la grabación, debía manejar el equipo, asegurar el respaldo de los audios y verificar que las grabaciones estuvieran completas.
Este testimonio fue considerado clave y creíble por el Tribunal, ya que coincidía con la normativa interna del Poder Judicial.
Impacto en el servicio público de justicia
El Tribunal subrayó que la conducta del funcionario afectó directamente la administración de justicia, al impedir que el caso se resolviera en tiempo oportuno.
Entre los efectos negativos señalados destacan:
- Afectación al principio de eficiencia judicial.
- Dilación innecesaria del proceso.
- Perjuicio para las partes involucradas.
- Pérdida de confianza en el servicio judicial.
También se resaltó que las partes no pudieron acceder a una copia completa de la audiencia, lo que limita el ejercicio de sus derechos.
La calificación de la falta: grave
Tras analizar los hechos, el Tribunal concluyó que la conducta del técnico judicial constituía una falta grave, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se determinó que hubo una omisión material, responsabilidad personal del funcionario y una afectación real al funcionamiento del servicio.
Además, se consideró que el funcionario contaba con nueve años de experiencia, por lo que no podía alegar desconocimiento de sus funciones.
La sanción: amonestación escrita
A pesar de calificar la falta como grave, el Tribunal optó por imponer una sanción relativamente leve: una amonestación escrita. Para tomar esta decisión se valoraron elementos como:
- La ausencia de sanciones previas en el expediente del funcionario.
- Su tiempo de servicio en el Poder Judicial.
- El principio de proporcionalidad en la sanción.
No obstante, se le hizo un apercibimiento para que en el futuro actúe con mayor diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones.
Resolución final
El Tribunal declaró con lugar la queja disciplinaria y ordenó imponer la amonestación escrita al funcionario, registrar la sanción en su expediente personal y comunicar la decisión a la Dirección de Gestión Humana.
Un caso que evidencia fallas operativas
El caso pone en evidencia la importancia de los controles en la gestión de pruebas dentro del sistema judicial, especialmente en audiencias que dependen de registros digitales o manuales. También refleja cómo una omisión aparentemente técnica puede tener consecuencias relevantes en el acceso a la justicia, al retrasar procesos y obligar a repetir actuaciones judiciales.
En este caso, la falta de verificación de una grabación derivó en la pérdida de prueba, la repetición de testimonios y un atraso de varios meses en la resolución de un conflicto que involucraba, además, a un adulto mayor.