Erosión obliga a replantear el futuro de las costas de Limón
En Punta Uva se ven efectos de la erosión costera.
La erosión costera avanza en distintos puntos de Limón y amenaza con transformar playas, comunidades e infraestructura frente al mar. Estudios advierten que este proceso continuará y que algunas zonas del Caribe Sur enfrentan un retroceso de la línea costera más acelerado.
Playa Negra, en Puerto Viejo, Punta Cahuita y Gandoca figuran entre los sitios donde ya se observan los efectos de la erosión.
El fenómeno responde a varios factores. Gustavo Barrantes, académico de la Universidad Nacional (UNA) y coordinador del Programa de Geomorfología Ambiental, explicó que uno de ellos es el aumento del nivel del mar, que en el Caribe presenta un crecimiento mayor que en el Pacífico.
A esto se suma el comportamiento de las olas, que puede transportar arena hacia tierra firme, y el movimiento de las placas tectónicas frente al Caribe Sur, que provoca un ligero hundimiento de la costa.
En el norte de Limón, la erosión también se concentra en sectores cercanos a las desembocaduras de los ríos.
El avance del mar no solo modifica las playas. También obliga a las comunidades y autoridades a replantear cómo se ocupa y protege el territorio costero.
Comunidades ya observan el cambio
Pablo Bustamante, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Manzanillo y vecino de Punta Uva, asegura que en algunos sectores ya se perdieron alrededor de 25 metros de playa.
Por ahora, afirma, la erosión no afecta directamente estructuras en Punta Uva, pero el cambio en la línea costera genera preocupación entre quienes viven, trabajan o desarrollan actividades turísticas en la zona.
Bustamante también cuestiona el crecimiento de construcciones dentro de la zona pública de la playa. Algunas de esas estructuras ahora enfrentan la posibilidad de ser retiradas, pero cualquier proceso de desalojo puede generar conflictos con las personas que viven o trabajan en esos sitios.
El dirigente considera necesario diferenciar las situaciones y tomar en cuenta a quienes levantaron sus estructuras antes de la entrada en vigencia de las normas que regulan estas áreas.
En Puerto Viejo, por ejemplo, existen negocios ubicados cerca de la playa que forman parte de la dinámica económica y turística de la zona.
Ordenar la costa genera incertidumbre
El avance de la erosión plantea otra interrogante: cómo ordenar el territorio frente a los cambios de la costa.
Yajaira Rojas, coordinadora de la Comisión Vertiente Atlántica, señala que las comunidades enfrentan incertidumbre y buscan participar en la elaboración de los planes que definirán qué puede hacerse en las zonas costeras.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de que los procesos de regulación deriven en desalojos sin alternativas para las personas que viven o trabajan en esos territorios.
La Asamblea Legislativa ha aprobado extensiones y moratorias para suspender temporalmente algunos desalojos en zonas vulnerables. Sin embargo, estas medidas no resuelven el problema de fondo: cómo ordenar el territorio ante una costa que cambia.
La gestión de la zona marítimo-terrestre también involucra a distintas instituciones. Las municipalidades tienen competencias sobre buena parte de estos territorios, mientras que otras áreas están bajo responsabilidad de instituciones como Japdeva y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) también participa en determinados procesos de planificación.
Talamanca busca definir el uso de su territorio
Las municipalidades avanzan en la elaboración y aplicación de planes reguladores para ordenar el desarrollo costero y definir cómo se utilizará el territorio ante los cambios que enfrenta la costa.
En Talamanca, el plan regulador fue aprobado en octubre de 2023, pero posteriormente quedó suspendido y bajo revisión tras cuestionamientos planteados ante la Sala Constitucional.
Entre los reclamos figura la falta de consulta a la comunidad indígena Keköldi durante el proceso.
Líderes comunales también han cuestionado la posibilidad de otorgar concesiones privadas en zonas costeras y el impacto que las decisiones sobre el uso del suelo pueden tener sobre las comunidades tradicionales.
La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció en su reciente gira a Limón que el proyecto de la futura marina vendrá de la mano con concesiones en zona marítimo terrestre para inversiones hoteleras y turísticas.
CR Hoy solicitó una reacción al alcalde de Talamanca sobre estos cuestionamientos, pero al cierre de esta información no había respondido.
Limón prepara su propio plan
En el cantón central de Limón, la Municipalidad prevé comenzar en octubre la implementación de su proceso de planificación territorial. La primera etapa contempla la socialización del plan con las comunidades.
Ana Matarrita, alcaldesa de Limón, asegura que el objetivo es ordenar el crecimiento urbano, brindar seguridad jurídica a quienes invierten y proteger a las comunidades que históricamente han ocupado las zonas costeras.
El cantón enfrenta una situación de erosión menos severa que la observada en algunos sectores de Talamanca, pero la Municipalidad busca conocer cómo puede evolucionar el fenómeno y qué medidas debe tomar.
Matarrita también señaló que el próximo plan nacional de emergencias deberá considerar las condiciones de las costas y analizar los cambios registrados en las cercanías de la terminal de APM Terminals.
"Uno de los temas que vamos a hablar es entender qué sucedió con el desplazamiento de tierra y agua provocada por la infraestructura de APM Terminals. El mar era uno y el mar es otro ahora después de una construcción como esa", afirmó.
La Comisión Vertiente Atlántica también ha documentado una percepción negativa de comunidades sobre los cambios asociados con la infraestructura portuaria.
Adaptarse antes de que el mar avance más
La planificación también deberá contemplar los riesgos que genera el cambio de la costa. Para Matarrita, debe incluir escenarios de tsunami y posibles necesidades de reubicación de familias que enfrenten riesgos.
La Municipalidad podría gestionar soluciones habitacionales junto con el Gobierno central para las personas que eventualmente necesiten trasladarse, aunque todavía no existe una cifra definida de posibles afectados.
La alcaldesa reconoce que los planes reguladores generan temor en algunas comunidades por las restricciones que pueden establecer sobre el territorio.
"No hay desarrollo sin planes reguladores y las personas deben entender que la regulación es para protegerlos a ellos y para que Limón se desarrolle", sostuvo.
Barrantes considera que la adaptación será necesaria conforme avance la erosión. Entre las alternativas están la conservación de manglares y vegetación costera, la construcción de obras de protección en sitios donde sean necesarias y, sobre todo, adecuar la ocupación humana a las nuevas condiciones de la franja costera.
La planificación territorial será clave para definir qué puede construirse, dónde puede hacerse y cómo las comunidades podrán adaptarse a una costa que continuará cambiando.