Enorme hueco en transitada vía dejó a conductor sin 2 llantas
Hueco está situado en cruce entre radial de Pavas y Circunvalación
(CRHoy.com). Un paseo de domingo se convirtió en un dolor de cabeza para Guillermo Madrigal y la familia.
El responsable: un enorme hueco situado en el cruce de la radial hacia Pavas (ruta nacional 104) con la carretera de Circunvalación (ruta nacional 39), hacia La Uruca, cuyo mantenimiento le corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Con fotografías en mano, Madrigal explicó a CRHoy.com que mientras se desplazaba por ese sitio, con destino a una finca en Alajuela, topó con el hueco y no lo pudo evadir con éxito.
El resultado fue desastroso, pues 2 de las llantas del vehículo (un KIA Picanto, modelo 2019) se estallaron. Es decir, no hubo paseo más que a un establecimiento comercial para comprar las llantas nuevas.
Madrigal denunció esta situación, no con miras a cobrar los daños o al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) o al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sino para que el hueco sea intervenido cuanto antes y así evitar desgracias mayores.
"Íbamos para Alajuela a una finca, para llevar al chiquito a celebrar el día del niño. Fuimos a echar gasolina y cuando intenté hacer derecha (para incorporarse a Circunvalación), vi el hueco e hice a capeármelo, pero no pude. Se me fueron las 2 llantas, me quedaron inservibles", narró el conductor.
Según detalló, las llantas dañadas no tenían ni 2 años de uso y tuvo que hacer una inversión cercana a los ₡140 mil para comprar unas nuevas.
"Si usted va, ahí está el hueco todavía. Si ese hueco se llena de agua, es peligroso. Yo ni siquiera iba rápido. Si yo hubiera ido con mayor velocidad, me mato o sigo recto", comentó Madrigal, quien es vecino de Pavas.
El chofer recriminó que como propietario de un vehículo cumple con todas las obligaciones al día. Tiene la Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente y el marchamo 2023.
Así las cosas, reprochó que las autoridades de gobierno no cumplan a cabalidad con mantener en buen estado la red vial nacional.
"Yo pago bastante marchamo, para que el pase a uno eso en una calle principal. Hice la advertencia para que quienes circulan por ahí tengan cuidado", enfatizó el conductor.
La ley 7088 estipula que, del monto total cobrado por el impuesto sobre la propiedad de los vehículos (el rubro más importante del marchamo), el 50% debe ser trasladado para dar mantenimiento a las rutas nacionales y a la construcción de obras nuevas.
El Ministerio de Hacienda proyectó recaudar ₡329 mil millones por el cobro del marchamo 2023. Es decir, un estimado de ₡164.500 millones debían destinarse a este fin. Para 2023 salieron al cobro 1.744.707 marchamos de distintos tipos de vehículos.
Pese a esto, Efraím Zeledón, viceministro de Infraestructura, reconoció que no se están girando la totalidad de los recursos que deben destinarse para dar mantenimiento a las rutas nacionales.
Lo mismo sucede con el Impuesto Único a los Combustibles. Ese tributo se fundamenta en la ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias, vigente desde el 4 de julio de 2001.
La legislación estipula que un 48% de lo recaudado se trasladará al Ministerio de Hacienda para que este lo distribuya en distintos fines específicos. Uno de esos beneficiados es el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Según la ley, la entidad debe recibir un 21.75% del 48% para atender la red vial nacional pavimentada.
De esta forma, los recursos deben destinarse "exclusivamente" a conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación y construcción de obras viales.
Pese a todos los alcances de la ley, el Gobierno no está cumpliendo. Es decir, el impuesto que usted paga al comprar gasolinas no está llegando a mejorar las condiciones de las carreteras nacionales.
"De la ley 8114, históricamente la totalidad de los recursos no se gira", acotó Zeledón, tras salir de una audiencia con la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a mediados de agosto.
Entre octubre de 2022 y mayo de 2023, Conavi adjudicó 10 contratos para atender las 22 zonas en que se divide la Red Vial Nacional Pavimentada (RVNP). En total, las contrataciones presupuestaban aproximadamente ₡35 mil millones para ser ejecutados durante 2 años.
Sin embargo, solo 3 meses después, la entidad ordenó la suspensión de todos los contratos, alegando falta de presupuesto. Un ejemplo ocurrió en la licitación para la Zona Sur, adjudicada a la empresa Quebradores del Sur S.A., la cual fue suspendida.
En el caso de las rutas nacionales existentes en el cantón central de San José, las tareas fueron adjudicadas a la empresa Constructora MECO S.A.
