Encuestas y bonos: TSE alerta de portillos para lavar dinero en campañas electorales

La relación entre las encuestas de intención de voto y la colocación de certificados de cesión (bonos) de los partidos políticos pasó de ser una herramienta de financiamiento a convertirse en un foco de alerta para las autoridades electorales.

Lo que en teoría funciona como un mecanismo de respaldo económico para solventar gastos de campaña, en la práctica se perfila como un "espacio riesgoso" que podría facilitar el blanqueo de capitales y las donaciones encubiertas, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según Andrei Cambronero, letrado del TSE, el valor y la facilidad de colocación de los bonos dependen directamente de los ejercicios de medición de intención de voto.

Una agrupación con resultados altos en las encuestas logra colocar sus certificados con mayor facilidad y con un menor margen de descuento.

Esta dinámica podría abrir la puerta a personas vinculadas con actividades delictivas para introducir dinero en campañas políticas mediante la compra de bonos.

Para ello, tomarían en cuenta los sondeos y elegirían al candidato con mayores probabilidades de devolver el capital, incluso con ganancias, si la agrupación vende los certificados con descuento.

El TSE advierte que la actual dependencia de capitales privados incrementa riesgos críticos para el sistema electoral.

La ausencia de mecanismos de financiamiento indirecto durante la campaña aumenta la vulnerabilidad del modelo vigente y permitiría, potencialmente, el ingreso de "dineros dudosos o mal habidos".

"Una agrupación que esté en esos ejercicios de medición como encuestas y sondeos probablemente tenga una mayor facilidad para colocar bonos que otro y lo está y también el precio de esos bonos y el descuento de esos bonos va a depender pues de esos ejercicios de medición o de intención de voto y también podría ser un espacio riesgoso para entre otras actividades, por ejemplo, las donaciones encubiertas o incluye este el blanqueo de capitales", destacó Cambronero.

Este escenario, según el funcionario, impacta de forma directa el acceso al financiamiento:

• Facilidad de colocación: las encuestas determinan qué tan rápido un partido obtiene liquidez.
• Margen de descuento: el precio de los bonos varía según el respaldo popular percibido.
• Riesgo bancario: las entidades financieras utilizan los sondeos como referencia para decidir si otorgan créditos a las agrupaciones políticas.

Vigilancia y solvencia económica

Ante estos riesgos, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFFP) intensificó los estudios de solvencia económica en los últimos meses.

Estas auditorías técnicas no se limitan a donaciones directas, sino que incluyen aportes y contribuciones de diverso tipo, como la adquisición de bonos.

Actualmente, se tramitan solicitudes de información adicionales a donantes para que justifiquen su patrimonio e ingresos, con el fin de determinar si su capacidad económica coincide con el volumen de sus aportaciones.

CR Hoy dio a conocer este mes varios casos relacionados con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), vinculados con personas que compraron certificados de cesión para impulsar la campaña de Laura Fernández y sobre quienes existían dudas respecto al origen del dinero utilizado para adquirir los bonos.

"Lo que sí es cierto es que los estudios de solvencia económica se hacen para todos los procesos electorales cuando el departamento con su criterio técnico considera que es un necesario profundizar en justamente el patrimonio de la persona que está haciendo algún tipo de donación a las agrupaciones políticas o participando en general de la financiación de la campaña, no solo hay donaciones, sino también hay aportes y contribuciones de otro tipo.

Este departamento ha cursado varias solicitudes de información a las personas donantes y contribuyentes en diversos casos, justamente para que aporten información adicional sobre su patrimonio e ingresos para determinar si efectivamente justifica o no cierto tipo de donaciones".

Casos de la última campaña

El caso más relevante corresponde a los hermanos Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler, quienes financiaron la campaña de la candidata Laura Fernández Delgado.

Entre ambos entregaron ₡123 millones al PPSO mediante la compra de bonos de cesión de deuda, serie A, en noviembre del año pasado.

Ante las dudas surgidas, incluso tras la documentación aportada por el partido en segunda instancia a solicitud del TSE, el órgano electoral decidió abrir un expediente de investigación.

"(…) vista la información aportada y ante la necesidad de profundizar sobre el origen y trazado de los recursos de interés ante la persistencia de dudas sobre estos extremos, este Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos ha dispuesto, el día de hoy, la apertura de una investigación administrativa preliminar, bajo la modalidad de estudio especial, con el número de expediente n.° DFPP-EE-001-2026", respondió el tribunal.

Otro caso corresponde a una donación a la campaña de la candidata chavista por parte de una persona reportada inicialmente en las listas del PPSO como Mario Antoni0 González de Goicoechea.

Tras una solicitud de información del TSE, el partido incorporó un nuevo nombre y número de cédula, determinándose finalmente que se trataba de Mario Antonio Carvajal Brenes, vecino de Heredia.

El jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Rónald Chacón, explicó que, aunque el partido realizó una aclaración, el tribunal investigará la solvencia económica del donante, quien aportó ₡10 millones.

"(…) la investigación administrativa preliminar seguida bajo el expediente n.° DFPP-EE-004-2025 actualmente se encuentra en desarrollo. Estas pesquisas iniciaron formalmente el 22 de diciembre de 2025, por lo que esta investigación está en etapas iniciales de su avance", indicó.

CR Hoy también reveló hace dos semanas que el TSE envió un oficio al PPSO para solicitar información sobre el origen de los fondos y la solvencia económica de otro comprador de bonos utilizados en la campaña presidencial de Laura Fernández.

Se trata de un comerciante de Ciudad Quesada, San Carlos, identificado como Eric David Retana Alpízar, alias Panamá, quien adquirió un bono por ₡1.000.000 con un descuento del 8%, según el reporte del TSE con corte al 31 de diciembre de 2025.

Retana Alpízar figura como socio en una sociedad anónima junto a sus hijos gemelos, quienes fueron detenidos en 2024 por delitos de tentativa de homicidio y tráfico de drogas, según informó en su momento el medio local San Carlos Digital.

El órgano electoral no descarta aplicar este mismo procedimiento a otras personas que compraron bonos y sobre las cuales no existe evidencia clara de solvencia económica para adquirir los certificados.

Propuesta de 2023 para frenar riesgo

Para mitigar esta combinación de factores, el TSE planteó en 2023 un proyecto que busca sustituir los certificados de cesión por mecanismos de financiamiento indirecto.

La propuesta plantea que el Estado asuma el pago directo de la pauta en medios de comunicación tradicionales y digitales, garantizando un "piso mínimo de visibilización" y eliminando la dependencia de la venta de bonos, influenciada por las encuestas.

"Esos son aspectos que han sido señalados por el tribunal en varios momentos de por qué debería repensarse el tener certificados de cesión y más bien sustituirlos por otros mecanismos", añadió Cambronero.

OEA coincide con riesgos de encuestas

Este planteamiento coincide con lo expuesto en el Primer Informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) en Costa Rica, sobre las Elecciones Nacionales 2026.

El análisis expresó preocupación por la posibilidad de infiltración del narcotráfico en el financiamiento de algún partido político durante la contienda que ganó Laura Fernández Delgado el pasado domingo.

El informe, divulgado este martes, recoge hallazgos obtenidos mediante entrevistas con personas involucradas en la campaña electoral, la cual concluyó el 1.º de febrero con los comicios nacionales.

La MOE-OEA advirtió que, aunque las elecciones se desarrollaron en un entorno democrático, persisten desafíos históricos relacionados con la inequidad del sistema de financiamiento político-electoral en Costa Rica.

"A esto se suman los diversos relatos recibidos por la Misión de preocupación sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico, así como de financiación prohibida proveniente del extranjero, en la competencia política", señala el informe.

La MOE/OEA ya había alertado sobre esta problemática durante las elecciones municipales de 2024, tras labores de observación antes, durante y después de la jornada electoral.

La mayor preocupación se concentra en la compra de bonos emitidos por los partidos políticos como forma de financiamiento.

"En el caso de Costa Rica, estos sondeos (o encuestas) también influyen en el financiamiento de las campañas", añade el estudio de la OEA.