En medio de campaña y con Bukele, Gobierno arranca obras para ampliar La Reforma

A tan solo unos 15 días de las elecciones nacionales y con la presencia de El Salvador, Nayib Bukele, este miércoles el Gobierno de Rodrigo Chaves colocó la primera piedra del nuevo módulo que se construirá en el nuevo complejo carcelario conocido como La Reforma.

Se trata del denominado Centro de Alta Contención (CACCO), una obra de 31.000 m² que se ubicará en los terrenos del Sistema Penitenciario Nacional en San Rafael de Alajuela, con un costo estimado de ₡21.000 millones.

Los movimientos de tierras se han ejecutado en las últimas semanas y según el Gobierno, tardará aproximadamente 200 días en concluir las obras de construcción.

La inversión ronda los $23 millones (₡11.500 millones) en el Centro de Alta Contención, y genera críticas por su alto costo, en un contexto de recortes multimillonarios en áreas sensibles como seguridad, educación, subvenciones y salud.

El Poder Ejecutivo ha intensificado el impulso a este proyecto especialmente en los últimos meses preelectorales, pese a que el propio ministro de Justicia, Gerald Campos, ha admitido que conocía desde 2022 el colapso carcelario. Desde hace años estaba al tanto de las deterioradas condiciones del sistema penitenciario que administra y de la urgencia de contar con nuevos recintos.

Sin embargo, Campos defendió que se impulse la construcción de una nueva cárcel hasta el año electoral, cuando el gobierno de Rodrigo Chaves ya se encuentra de salida. Para justificar la construcción, Chaves y Campos han insistido en la "urgencia" de contar con nuevos espacios, aunque esa necesidad no es nueva.

El jerarca aceptó que desde que asumió, a principios del 2022, tenían conocimiento de los requerimientos carcelarios debido al desgaste y la sobrepoblación. Aun así, no fue sino hasta el año 2025 que el Ejecutivo "metió el acelerador" para impulsar lo que llaman una nueva cárcel, para privados de alta peligrosidad, cabecillas criminales y extraditables.

Se justificó

Meses atrás, este medio cuestionó a Campos por qué en los tres años previos no hubo avances, pero el jerarca se limitó a justificarse y culpar a factores externos.

"El primer año cuando llegamos, el presupuesto no lo hicimos nosotros, lo hizo otro gobierno. El segundo año empezamos a trabajar en un modelo de estructuras livianas para poder sacar gente y remodelar lo actual: la Asamblea no nos dejó.

El tercer año fue cuando dijimos: 'no, urge entonces una cárcel nueva'. Hicimos etapas, hay que entender. Usted no puede llegar a una casa a querer hacer todo si no lo entiende muy bien. Creo que vamos en los plazos necesarios.

Alguien tenía que hacer una cárcel nueva, nadie lo había hecho. Estamos trabajando nosotros", replicó el jerarca.

En realidad, fue hasta mayo del 2025 que se iniciaron los estudios de mercado para identificar posibles oferentes, según reconoció el propio Ministerio de Justicia. Además, hasta el 10 de julio del 2025 el proyecto fue inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública en la etapa de "perfil". Posteriormente, el 22 de agosto alcanzó la fase de prefactibilidad y recibió el informe de viabilidad de las autoridades competentes.

Según Campos, ninguna cárcel actual reúne las condiciones mínimas y la única solución es una nueva infraestructura que permita dar contención con menor cantidad de recurso policial disponible, de modo que los agentes puedan reorientarse a otras etapas del sistema penitenciario.

Pero estas advertencias no son nuevas para el ministro. Fuentes cercanas a su gestión confirmaron a CR Hoy que desde el 2022 ya tenían claro el estado crítico de las cárceles, al punto de que privados de libertad lograban arrancar varillas de las paredes para convertirlas en armas punzocortantes.

El mismo Campos admitió que estaban al tanto de la situación, pero aun así defiende que solo hasta ahora aceleren el proyecto.

"Hemos sacado un montón de videos de las circunstancias como ellos sacan las armas. Tenemos un sistema penitenciario obsoleto y deteriorado, eso es real. Lo dije desde el primer año de gestión a todos los jefes de fracción y llevamos todas las tomas y videos.

No creo que estemos descubriendo el agua tibia con esa afirmación", indicó el jerarca a este medio en recientes semanas.

La pifia de las carpas

En su defensa para justificar el impulso del proyecto en año electoral, Campos mencionó la negativa de la Asamblea Legislativa a permitirle gastar miles de millones de colones en la instalación de carpas o estructuras temporales para reos dentro del sistema penitenciario.

Este medio dio a conocer, a mediados del 2024, que el Gobierno evaluó esa opción como medida para el hacinamiento, aunque existían alertas de voces técnicas dentro del propio ministerio.

Estas alertaron sobre la inseguridad, el escaso margen de control para los policías penitenciarios, el riesgo de agresiones y fugas, los daños críticos en estructuras débiles, la posibilidad de fabricar armas hechizas con los materiales, el alto costo para una solución temporal, la baja durabilidad, la facilidad de vandalización, la ausencia de condiciones mínimas de contención y la facilidad para ocultar drogas o celulares.

Pese a esas advertencias, el Gobierno pretendía usar ₡2.685 millones en cárceles livianas. No obstante, tres días después de haber presentado ese presupuesto, el propio ministro admitió que no existían estudios técnicos ni una decisión firme sobre el uso de carpas u otras soluciones distintas a la construcción de recintos en concreto.

En lugar de destinar esos recursos al mantenimiento y reparación de edificios, la intención de Campos era utilizarlos en módulos livianos de baja contención, al tiempo que se afrontaba una sobrepoblación de más de 3.000 personas.

El ministro, para defender su idea, llegó a comparar las carpas para reos con los hoteles tipo glamping. En la práctica, el Gobierno perdió casi un año en una iniciativa que no resolvía el problema real y que no llegó a implementarse.