En firme reforma para que Mideplan rinda criterio cuando se quieran crear nuevas entidades
La ministra de Mideplan, Laura Fernández, junto a personal de este ministerio aguardaron en la barra del público mientras el proyecto era aprobado. (Foto: CRH)
(CRHoy.com) Con el voto de 46 diputados se aprobó este martes en segundo debate el expediente 23.214, una reforma al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) que busca limitar el crecimiento del Estado costarricense a futuro.
Se trata de una modificación al artículo 16 de la Ley de Planificación Nacional que fortalecerá las competencias de Mideplan para advertir a los diputados sobre la creación de nuevos órganos en la Administración Pública.
Es decir, cada vez que se presente un proyecto de ley para crear nuevas instituciones públicas, se deberá pedir al Mideplan un criterio técnico.
"Todo proyecto de ley cuando implique la creación, fusión o supresión de los órganos o entes menores de la Administración deberá ser consultado al Ministerio de Planificación y Política Económica por parte de la Asamblea Legislativa, a fin de que rinda criterio técnico y jurídico del proyecto de ley de que se trate. La Asamblea Legislativa podrá ampliar el plazo de consulta a solicitud del Ministerio cuando la complejidad del estudio lo amerite", indica lo aprobado.
La opinión de Mideplan no sería vinculante, pero aún así, las autoridades consideran que será un instrumento importante para evitar el crecimiento desordenado del Estado costarricense.
El Estado costarricense está conformado por 325 instituciones públicas de muy variada naturaleza jurídica, competencias y vinculadas entre sí a distintos sectores de desarrollo, según datos del Mideplan.
Solo entre 2018 y 2022 la Asamblea Legislativa creó 14 entidades nuevas.
"El país se enfrenta al reto de prestar servicios públicos de calidad a la ciudadanía, atendiendo necesidades urgentes de la población, con recursos limitados y ante importantes pérdidas de confianza, credibilidad y baja percepción de la calidad de los servicios públicos con una institucionalidad atomizada y fragmentada que complica su dirección intersubjetiva y la coordinación interinstitucional", se menciona en la justificación del proyecto de ley.
Esa fragmentación dificulta la coordinación de acciones de política pública interinstitucionales, así como liderar procesos de planificación estratégica con visión de largo plazo que oriente el modelo de desarrollo del país.
Criterios similares ha ofrecido la Contraloría General de la República (CGR) en reiteradas ocasiones. Incluso, la jerarca de la entidad fiscalizadora, Marta Acosta, recomendó a los diputados evitar la creación de más instituciones públicas durante un periodo de tiempo.
De acuerdo con Acosta, la dispersión de instituciones y la duplicidad de funciones obliga a una urgente revisión de la estructura del Estado costarricense.
Actualmente, los ministerios cuentan con 67 órganos adscritos en total que duplican funciones en áreas como proveeduría, asesoría legal, recursos humanos y auditorías internas.
Mientras, las instituciones autónomas poseen 17 órganos adscritos.