Empresarios rechazan impuesto a bebidas y piden atender desorden en la Caja

Carlos Antillón, abogado de Cacia y (Izq. ) Mario Montero, Vicepresidente Ejecutivo de Cacia

Los empresarios del sector alimentario rechazaron de forma tajante la posibilidad de crear un nuevo impuesto a las bebidas, mediante el cual se pretende financiar la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas denominadas "de alto impacto financiero" para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La propuesta se encuentra en el expediente 20.144 que se tramita en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, y que este miércoles recibió a Carlos Antillón y Mario Montero, abogado y vicepresidente respectivamente de la Cámara de Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA).

En el documento se propone establecer un impuesto de 3,5 colones para las bebidas gaseosas y 2 colones para otras bebidas excepto el agua. Con ello se estima un ingreso en favor de la CCSS de unos 10 mil millones de colones anuales.

Según Montero establecer este impuesto no representa mayor diferencia para el consumidor final, pero sí para pequeñas empresas que dependen de un estrecho margen de ganancia para mantenerse.

Mencionó que solo dentro de la Cámara existen al menos ocho compañías dedicadas a la industria de las bebidas y en la CCSS hay inscritas entre 14 y 15.

Aprobar el proyecto – dijo- significaría promover que se trasladen a la informalidad.

El representante de los empresarios fue especialmente duro en sus críticas sobre lo que considera el verdadero causante del alto precio de los medicamentos: el desorden administrativo en la CCSS.

"Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza y como diputados ustedes tienen una enorme oportunidad de entrarle a la raíz del problema y no con un bachecito como este… hay numerosos informes que lo demuestran, el verdadero problema es de gobernanza y administración en la CCSS", dijo Montero.

El empresario se refirió a informes como el de la Junta de Notables en 2011, el último informe de Justicia elaborado por el Programa Estado de la Nación y varios emitidos por la Contraloría General de la República que alertan de defectos administrativos que generan alteraciones en los registros y procesos de compra en la seguridad social.

Al respecto la legisladora liberacionsita Maria José Corrales criticó al representante empresarial por no ofrecer cifras más concretas sobre los efectos en la industria y basar su argumento en el desorden en la CCSS, el cual, según ella, ahora es menor dados los procesos de digitalización de compras.

La comisión recibirá en las próximas semanas a representantes de la CCSS para que se refieran a la iniciativa y a los gastos que deben realizar en la compra de medicamentos.