Empresarios piden sentar responsabilidades sobre vandalismo, bloqueos y acoso al Presidente

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Los empresarios del país condenaron severamente los actos de acoso e irrespeto que sufrió esta mañana el presidente de la República, Carlos Alvarado, a su salida del Teatro Nacional, donde inauguró un congreso sobre movilidad urbana.

"Está dejando de ser una huelga para ser un movimiento que traspasa la ilegalidad. (…) Los sindicatos deben asumir la responsabilidad de sus dirigentes que ha incitado a la violencia", dijo Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

El líder empresarial también pidió que les exija a los dirigentes sindicales que se responsabilicen por los daños al poliducto, el incendio a buses y cabezales, y el irrespeto al mandatario.

Igual de severo fue Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, quien aseveró que los hechos suscitados el miércoles.

"El ataque contra el Presidente de la República constituye un atentado contra la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia costarricense. Lo ocurrido es una nueva manifestación irresponsable, terrorista y de desprecio por el país. Exigimos respeto para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial", considera Egloff.

En su opinión, lo sucedido es "muestra de desesperación ante las declaratorias de ilegalidad de la huelga que hoy tiene el repudio de la gran mayoría de los costarricenses".

"Las cabezas sindicales deben asumir la responsabilidad de sus actos que lesionan la situación económica del país, la generación de empleo y el bien estar de los costarricenses y deben ser sancionados de inmediato", añadió.

Julio Castilla, vicepresidente Cámara Comercio, acuerpó la posición de las otras cámaras empresariales y repudió el irrespeto al Presidente.

"Reiteramos que estos hechos sobrepasan la legalidad, las buenas intenciones y están muy lejos del derecho de manifestarse que tiene la población trabajadora del sector público y privado nacional (…) bajo ninguna circunstancia el Primer mandatario de la República debe ser objeto de improperios, agresiones o manifestaciones irrespetuosas", comentó Castilla.

También Laura Bonilla, de la Cámara de Exportadores se manifestó contra los insultos que los manifestantes profirieron al presidente Alvarado.

"Estos hechos sobrepasan los derechos de manifestarse pactados en nuestra Constitución y no representan la defensa de los derechos de la población trabajadora de este país", dijo.

Por su parte, Jorge Arturo González, presidente de la Cámara de la Construcción, lamentó que el movimiento de protesta se caracterice por actuaciones reiteradas que irrespetan a las personas y a las leyes.

"Cientos de trabajadores del sector Construcción ya sufrieron las consecuencias de la huelga: la semana pasada, la Cámara anunció el despido de los primeros 300 empleados de empresas que se dedican al mantenimiento de vías, debido a la carencia del asfalto que distribuye Recope. Así, queda comprobado que este movimiento, lejos de ayudar a las familias de Costa Rica, está perjudicando el ingreso de muchas personas que dependen de tales fuentes de trabajo", aseveró.

"Esta huelga cada vez va perdiendo más legitimidad, conforme sus dirigentes insisten en promover actuaciones violentas y en generar un clima de inestabilidad", añadió González.

AmCham también condenó la situación.

Según Elías Soley, presidente de AmCham, actualmente se viven tiempos en los que hay que tomar decisiones trascendentales con espíritu patriótico; y por eso, no son admisibles ni tolerables los actos de irrespeto hacia la institucionalidad del país y a la investidura del Presidente de la República.

"Demandamos una inmediata y enérgica reacción del Poder Judicial, para que sea consecuente con el interés público y haga caer todo el peso de la ley sobre los instigadores y organizadores de este repudiable ataque al orden público, concretado en la agresión al Presidente, así como al resto de la ciudadanía mediante la realización de innumerables delitos como el sabotaje al oleoducto de Recope, la toma de los quirófanos del Hospital San Juan de Dios, el incendio de unidades de transporte en Limón, entre otros", comentó Soley.

"Este movimiento cayó en un ataque a nuestro sistema. Debemos tener la fortaleza moral para exigir una sanción justa y proporcionada a los daños sufridos por el país, para todos aquellos instigadores de los movimientos ilegales", añadió Soley.

Los empresarios hoteleros costarricenses reunidos en la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) también se unieron a la censura generalizada contra el irrespeto a la investidura presidencial.

"En la cámara somos respetuosos de las luchas que diversos grupos dan en defensa de sus derechos, pero nunca podremos cohonestar este tipo de conductas irracionales y salidas del contexto democrático costarricense.

La tradición nacional nos ha llevado siempre por el camino del respeto a las instituciones democráticas, y por la tolerancia hacia quienes las dirigen. La investidura presidencial, la comande quien la comande, nunca debe de ser mancillada", indicaron los hoteleros.