Empresarios estadounidenses en Costa Rica censuran llamado a huelga

(CRHoy.com).- La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham) censuró los llamados a huelga que hacen varios sindicatos de educadores para oponerse al proyecto de ley que discuten los diputados para regular las huelgas en el sector público.

Por el contrario, el organismo que agrupa a las empresas estadounidenses que tienen operaciones en suelo costarricense llamó a los legisladores a que aceleren la discusión y votación de la iniciativa de Ley que brinda seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos.

Las intenciones de los empresarios estadounidenses es que cuánto antes se protejan los intereses de todos los costarricenses, afirmaron en un comunicado de prensa.

"Queremos llamar la atención en el sentido de que los abusos al ejercicio del derecho de huelga no pueden ser protegidos por el ordenamiento. Si no ponemos coto a esta situación, se violentarán los derechos de todos los costarricenses. El derecho a huelga ejercido en perjuicio de otros solo va a afectar la convivencia social, a destruir empleos y a obstaculizar el crecimiento económico", afirmó Elías Soley, presidente de Amcham.

La representación empresarial hizo énfasis en que el país debe evitar que ocurran situaciones similares a las de finales del año pasado, cuando la ciudadanía tuvo que enfrentar una huelga de empleados públicos contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, movimiento que se extendió por cuatro meses. 

"La huelga anterior, redujo el crecimiento económico esperado del país en 0,4 puntos porcentuales, según estimaciones del Banco Central, lo que equivale aproximadamente a ¢138.700 millones. Esto sumado a todos los estudiantes que dejaron de recibir lecciones durante 93 días", lamentó la cámara en su comunicado.

El proyecto de Ley que brinda seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos pretende que se declaren como ilegales las huelgas que afecten los servicios públicos esenciales que afecten la vida, la salud y la seguridad.

Además establece como única causa para disolver un sindicato que este organice o incite a sus agremiados a realizar bloqueos de vías públicas, sabotajes sobre bienes del Estado, o si lleva a cabo cualquier acción que esté tipificada como un delito. 

Además, la propuesta contempla el rebajo de salarios para los empleados públicos que participen en huelgas que sean declaradas ilegales por un juez.