Empresa de Canciller alegó ausencia de beneficiario para no devolver $4 millones, dice denunciante

ATA Trust S.A., fiduciaria fundada y administrada por el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, se negó a devolver $4 millones que había recibido en custodia de la compañía hondureña SGM Comercial S.A., alegando la existencia de una tercera empresa que nunca figuró en el contrato.

También justificaron la retención del dinero por un "beneficiario inexistente" que no fue designado en el pacto inicial para el resguardo de los fondos.

Así lo declaró ante el Ministerio Público Dulce María Mejía Casco, dueña de la compañía catracha, tras interponer una denuncia contra André Tinoco por apropiación indebida de fondos; sin embargo, la Fiscalía General lo recalificó como administración fraudulenta.

La posible comisión de este delito por parte del Canciller se investiga en la causa penal 25-000040-0030-PE, en la Fiscalía General.

También se tramita otra causa penal paralela en la Fiscalía Adjunta de Goicoechea, tras haberse confeccionado un testimonio de piezas para indagar la participación de Phillip André (hijo del canciller) y Alonso Vargas Araya, representante de ATA Trust.

Mejía en su declaración reveló que tuvo que venir al país ante la negativa de la fiduciaria de devolver el dinero y el aporte de documentos para una auditoría interna y sostuvo un encuentro con representantes de la empresa del Canciller.

Ese día fue cuando le expusieron que había terceras empresas involucradas que debían autorizar el reembolso, pese a que en el contrato nunca figuró alguna compañía ajena a ATA Trust y SGM Comercial S.A.

"Los representantes durante esa reunión indicaron que no devolverían el dinero sin una instrucción conjunta con una empresa que yo no reconozco como parte del contrato. También afirmaron que el contrato no tenía vencimiento ni costos adicionales.

Ese supuesto tercero no existe contractualmente, no existe documento alguno que lo justifique", relató ante el ente acusador.

Mejía calificó de inadmisible que desconozcan la titularidad del dinero de SGM Comercial y por agregar terceros que mencionan como ajenos al contrato.

Según la documentación, el acuerdo fue expresamente de custodia de fondos, pero se incluyó la designación de beneficiarios, pese a que eso nunca fue autorizado por la dueña de los fondos.

"Yo revisé y autoricé la firma del contrato, el cual fue gestionado por nuestro contralor general con apoyo de asesoría legal. No hubo ningún consentimiento para alterar las condiciones del contrato original.

Todo uso del dinero debía estar respaldado por una instrucción expresa de nuestra parte. Esa fue la condición esencial para confiar los fondos", detalló la empresaria.

También mencionó la negatoria de ATA Trust usando como excusa un beneficiario que nunca figuró en el acuerdo firmado en setiembre del 2021, cuando se pactó dar en custodia los $4 millones que cuatro años después no han devuelto.

"Me sorprendió que mencionaran un supuesto beneficiario inexistente. Nunca autorizamos esa designación, ni se incorporó al contrato, ni fuimos consultados.

Nos dijeron que no podían devolver los fondos sin instrucción conjunta con un tercero que ni siquiera figuraba en el contrato. Esa posición es absurda y arbitraria", detalló.

¿Dinero se usó en campaña de Chaves?

Mejía Casco sospecha que los $4 millones se habrían utilizado con fines políticos entre 2021 y 2022. Así lo expuso en la declaración que brindó ante el Ministerio Público el pasado 24 de abril.

La empresaria asegura que existen muchas coincidencias entre lo ocurrido con su dinero y el informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sobre el presunto uso de estructuras paralelas de manera ilegal por parte del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el cual Rodrigo Chaves Robles ganó las últimas elecciones.

"El dinero fue usado con fines políticos, no tengo pruebas directas, pero las coincidencias con el informe del Tribunal Supremo de Elecciones son muy serias y me hacen sospechar un uso indebido del dinero que entregamos en custodia", dijo.

La dueña de SGM Comercial S.A. en su declaración refirió que detectaron la posibilidad de que los fondos que ellos aportaron para custodia se habrían mezclado con otros que no les pertenecían.

"Descubrimos durante el intento de la auditoría que los fondos estaban mezclados con otros fideicomisos, lo cual fue confirmado cuando se nos negó su realización con el argumento de que comprometeríamos otros fideicomisos por compartir cuenta", detalló.

Mejía sostuvo que una vez que supo de la supuesta comisión de delitos en el manejo oscuro de fondos de la campaña de Chaves, que estuvieron relacionados con ATA Trust, temió que su dinero estuviera redireccionándose a hechos ilícitos.

Después de conocer informes públicos en Costa Rica sobre un posible financiamiento electoral irregular en el que ATA TRUST habría estado implicado. Eso coincidió con la negativa de devolvernos los fondos.

(…) Los fondos estaban mezclados representa una violación directa al deber fiduciario y confirma nuestra sospecha de mal manejo o desvío de fondos.

Tal como lo adelantó CR Hoy, la fiduciaria habría obstaculizado una auditoría solicitada por la compañía hondureña en 2022, con la que se pretendía la devolución de los $3,8 millones. Desde entonces están luchando por tener el dinero de regreso a sus arcas.

ATA Trust remitió a este medio una posición sobre el caso, alegando que no conocen de ninguna denuncia en contra de la sociedad anónima, pero analizarán lo expuesto para tomar acciones al respecto.

Hasta el momento no tenemos conocimiento de que exista alguna denuncia presentada en contra de ATA Trust, ni de que se esté llevando a cabo algún tipo de investigación en curso contra la compañía. Sin embargo, en atención a su consulta, revisaremos el caso con nuestro equipo legal para contar con plena certeza sobre cualquier situación que pudiera estar relacionada con nuestra organización.

Fideicomiso Costa Rica Próspera

ATA Trust S.A. es la misma que administró el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue utilizado para financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles.

Costa Rica Próspera, constituido el 25 de febrero de 2021 por Chaves Robles y el empresario Jack Loeb Casanova como fideicomitentes y fideicomisarios, en asocio con ATA Trust Company S.A. —representada por Alonso Vargas Araya, en calidad de fiduciaria— surgió con la supuesta intención de recaudar y gestionar fondos para las aspiraciones políticas del hoy mandatario, y habría operado como una estructura paralela de financiamiento, al margen de la tesorería oficial del PPSD. Todo esto se realiza al margen de lo que establece el Código Electoral.

El informe final de investigación sobre presuntos delitos de financiamiento ilegal en la campaña del presidente, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, señaló que, durante la investigación preliminar, no se lograron identificar productos tangibles que respaldaran la versión de los fideicomitentes (como informes, reportes, propuestas, minutas de reunión, etc.) sobre el supuesto interés de analizar políticas públicas o temas de la realidad nacional.

El informe del TSE fue secuestrado por la Fiscalía General como parte de una investigación por presuntos delitos electorales cometidos durante la campaña del mandatario y André Tinoco.