Empleo Público enfrenta su prueba más dura: la Sala IV
FMI espera que este plan se apruebe antes de octubre, cuando haga su primera revisión semestral del acuerdo con gobierno
La Sala Constitucional (Archivo CRH)
(CRHoy.com).-El proyecto de reforma al Empleo Público superó su primera votación en el Congreso este jueves, con el apoyo de 32 diputados. Ahora este polémico proyecto de ley enfrenta quizás su prueba más dura en toda su etapa procesal: la consulta ante los magistrados de la Sala Constitucional, para determinar si sus propuestas tienen roces o vicios que vayan en contra de la Constitución Política, o si los diputados cometieron algún error en su tramitación en la Asamblea Legislativa.
Para los diputados opositores al proyecto de ley, para el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso y para algunos de los sectores sindicales y empresariales, en esta consulta ante la Sala IV es donde el proyecto podría "caerse".
Este proyecto busca hacer un equilibrio entre las diferentes y en algunos casos abusivas condiciones salariales de los empleados públicos.
Si la Sala IV encuentra vicios, el proyecto no se podrá votar en segundo debate y los diputados se verían obligados a retraer su discusión para corregir los errores, o en el peor de los casos, obligar al Poder Ejecutivo a proponer un nuevo texto. En caso que no encuentren vicios, para el segundo y último debate requerirá de 38 votos, como lo definió semanas atrás la Corte Plena.
Así las cosas, la última palabra del avance de este plan la tendrán los 7 magistrados de la Sala Constitucional (ver abajo su conformación).
Algunos de los presuntos vicios que los sectores opositores han señalado, son que se vulneraría la división de poderes, esto al someter al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Elecciones a que el Ministerio de Planificación y la Dirección General de Servicio Civil (como adscrita a Mideplan) "aplique manuales, circulares y resoluciones como actos administrativos de carácter específico".
También han cuestionado que serían afectados "los procesos de reclutamiento y selección de personal de estas entidades, y concursos internos como externos" porque cumplirán con estándares dictados por la Dirección General de Servicio Civil.
También se ha mencionado que podría violentar la autonomía de las universidades.
Proyecto a la expectativa del FMI
El FMI aprobó un crédito por $1.750 millones a Costa Rica, a cambio de reformas fiscales
Este proyecto de reforma al Empleo Público fue acordado como el eje central de la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un empréstito por $1.750 millones.
A finales de abril el ministro de Hacienda, Elian Villegas y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, aseguraron que este organismo espera que este proyecto se apruebe antes de octubre, para cuando está prevista su primera revisión semestral de los compromisos asumidos por el gobierno a cambio del crédito.
"El FMI espera la aprobación de Empleo Público y las leyes fiscales para la primera revisión. La ley de Empleo Público es fundamental para el tema de los gastos", dijo Cubero el 27 de abril ante la comisión de Asuntos Hacendarios.
El Gobierno le dijo al FMI que está reforma permitiría al Estado un ahorro del 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB) por año.
¿Quiénes son los magistrados que revisarán el proyecto?
La Sala Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la reforma a Ley de Empleo Público está integrada por 7 magistrados titulares y 12 suplentes, pero de estos últimos están nombrados solo 10 actualmente. En la siguiente galería de fotos puede observar los 7 magistrados titulares que podrían discutir este proyecto.
Los magistrados suplentes actuales son: Alejandro Delgado Faith, Alicia Salas Torres, Ana María Picado Brenes, Hubert Fernández Argüello, Ileana Sánchez Navarro, José Paulino Hernández Gutiérrez, Lucila Monge Pizarro, Marta Esquivel Rodríguez, Mauricio Chacón Jiménez y Ronald Salazar Murillo.
Los magistrados de la Sala IV no tienen un plazo definido para dar su pronunciamiento, sin embargo, usualmente toman alrededor de 30 días hábiles.
¿Cómo quedó el proyecto de ley?
A continuación, le resumimos las disposiciones más importantes de este proyecto:
- Los diputados dejaron en firme la inclusión de las universidades públicas y municipalidades dentro del proyecto. Las únicas instituciones que no quedaron incluidas fueron las entidades en competencia como los institutos Nacional de Seguros (INS) y Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos públicos y el Cuerpo de Bomberos.
- También quedó en firme el traslado, de forma gradual, de 28 mil funcionarios al esquema de salario global. Los diputados rechazaron hacer un incremento inmediato a los funcionarios que queden por debajo de este salario, con respecto a su familia de puestos.
- Se aprobó que, en el plazo de un año, después de aprobada la ley, las instituciones deberán de elaborar un plan para realizar los nombramientos en propiedad de las plazas interinas vacantes. En este sentido, se les dará prioridad a los burócratas que tengan más de 2 años en la plaza.
- Se estableció que cada una de las instituciones deberá negociar su escala salarial con el gobierno. La discusión se llevará a cabo con el Ministerio de Planificación y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).
- La rectoría de todo lo relacionado con el empleo público estará a cargo del Mideplan.
- Se estableció que el director de la DGSC será un cargo que ratificarán los diputados tras una recomendación del Consejo de Gobierno. El plazo será de 6 años.
- Los funcionarios que acumulen 2 calificaciones de su desempeño menores a 70 será despedidos. Los despidos justificados serán sin responsabilidad patronal.
- Se estableció que los funcionarios despedidos sin responsabilidad patronal no podrán ser recontratados por el Estado en un plazo de 2 años.
- Las universidades quedaron incluidas dentro de la ley, pero se les otorgó tener su propia regulación en materia de despidos.
Freno a convenciones colectivas
Los diputados aprobaron un nuevo marco para la aprobación de nuevas convenciones colectivas. No se podrán generar nuevas obligaciones o derechos o variar las condiciones referentes a :
- Salarios, remuneraciones, variar o modificar lo referente a la escala salarial o componentes de la columna salarial global
- La creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales
- Asuntos donde se deban hacer erogaciones adicionales de recursos que afecten el presupuesto nacional o de una institución mediante gastos que no se ajusten a principios de racionabilidad y proporcionalidad
- La creación de nuevas plazas
Algunos privilegios y temas polémicos
El proyecto no solo reguló aspectos salariales, también creó algunos privilegios para los burócratas. Se creó una licencia para los funcionarios públicos que tengan familiares con enfermedades terminales, con alguna discapacidad o que hayan sufrido un accidente. Se aprobó concederla de manera remunerada, es decir sin rebajos. La licencia se extenderá por un tercio de la jornada laboral y por un período máximo de un año a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Los burócratas que tengan un hijo o que adopten uno, podrán gozar también de un mes de licencia remunerada. En este mismo sentido, se decidió que a las funcionarias públicas que tengan un parto prematuro – previo a las 37 semanas de gestación-, también se les dará una licencia a las madres de niños que nazcan prematuros, con enfermedades crónicas, discapacidad o por partos múltiples.
Si bien los diputados acortaron los días de vacaciones a los que tendrán derecho los funcionarios, les fijaron en 20 los días al año que podrán disfrutar, es decir, 8 más a los que tienen derecho el grueso de trabajadores. En este sentido, se les prohibirá a los funcionarios acumular más de 2 períodos de vacaciones.
Otro de los temas que se aprobaron, a última hora y por presión de la diputada oficialista, Paola Vega – una de las más duras opositoras al plan- fue el que les permite que una vez que los funcionarios hayan cumplido con una sanción que los haya inhabilitado de ocupar puestos públicos, ese antecedente se borre de la plataforma de empleo público del gobierno, de tal modo que sus errores del pasado no sean tomados como antecedentes. A este cambio introducido se le conoce como "derecho al olvido".
Otra de los polémicas atribuciones de esta ley a los empleados públicos es el derecho de acogerse a la cláusula de objeción de conciencia, la cual consiste en que los funcionarios podrán decidir no recibir capacitaciones en sus lugares de trabajo que rocen sus creencias religiosas, éticas y morales.
La preocupación de algunos sectores es que esto sea un pretexto para que funcionarios no atiendan las instrucciones sobre como atender a poblaciones que tradicionalmente son discriminadas o que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, mujeres abusadas y miembros de la comunidad LGTBI.
Así votaron los diputados
El proyecto de reforma al Empleo Público se aprobó este jueves a las 5:04 p.m. en primer debate con 32 votos a favor y 15 en contra.
A favor:
PLN: Carlos Ricardo Benavides, Jorge Fonseca, Karine Niño, María José Corrales, Roberto Thompson, Wagner Jiménez, Aida Montiel, Gustavo Viales, Luis Fernando Chacón, Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y Yorleny León
PAC: Carolina Hidalgo, Enrique Sánchez, Luis Ramón Carranza, Laura Guido, Catalina Montero, Mario Castillo, Nielsen Pérez y Víctor Morales Mora
Restauración Nacional: Mileydi Alvarado, Carlos Avendaño, Eduardo Cruickshank, Giovanni Gómez y Xiomara Rodríguez
Nueva República: Ignacio Alpízar, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Jonathan Prendas y Marolin Azofeifa
PUSC: María Vita Monge
Independiente: Zoila Rosa Volio
En contra
PUSC: Pedro Muñoz, Aracelly Salas, Pablo Abarca, Shirley Díaz, Oscar Cascante, y María Inés Solís.
PLN: Franggi Nicolás, David Gourzong y Daniel Ulate
PAC: Paola Vega y Wilmer Ramos
PIN : Walter Muñoz y Patricia Villegas
Restauración Nacional: Floria Segreda
Frente Amplio: José María Villalta
