Embargo a Japdeva encareció despidos pendientes, intentará reducir lista con ¢2 mil millones

(CRHoy.com) Inyectar dinero a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) es como lanzar agua dentro de un canasto vacío; cada vez son más los recursos económicos que se aprueban para la entidad y al mismo tiempo aumentan los montos de las cuentas pendientes por pagar.

No fueron suficientes los ¢49.000 millones aprobados en el Congreso como rescate financiero ni los ¢10.000 millones de los superávits de instituciones públicas ambos otorgados en 2019; tampoco alcanzaron los ¢3.500 millones que le entregó el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) y los ¢6.500 millones que aportó el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en 2020.

En 2021 se acerca la última inyección -hasta el momento- que provendrá de más endeudamiento del Gobierno Central por otros ¢6.000 millones que fueron aprobados por los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios este martes y que deberán discutir los diputados en plenario antes de su votación en segundo debate.

Según la presidenta de Japdeva, Andrea Centeno, en los últimos meses se deterioraron fuertemente las finanzas debido al embargo de las cuentas de la institución durante un año a partir de mayo del 2020, cuando el Juzgado de Trabajo de Limón obligó a congelar ¢5.740 millones tras una solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).

Esto cambió el panorama inicial y encareció los costos de los despidos pendientes.

Según el plan de reestructuración, la entidad debería operar con 275 empleados, pero actualmente paga planilla a 510 personas. Japdeva logró despedir en una primera etapa 700 trabajadores y quedan pendientes de cesar 235 colaboradores más y esto genera costos adicionales que no se habían previsto.

Para eso usarán parte de los nuevos ¢6.000 millones del presupuesto extraordinario, en caso de que los diputados lo aprueben en primer y segundo debate en el plenario legislativo.

"¢2.000 millones son para completar los extremos laborales de la gente que tiene que salir para llegar al número de la reorganización y que son necesarios de inyectar, dado que tuvimos congelada la planilla con más personal del necesario durante todo un año, aumentaron los rubros de derechos y extremos laborales que hay que cancelarles para su salida", indicó Centeno a este medio.

Según Centeno los otros ¢4.000 millones están incluidos en un plan de gastos que se distribuirá así:

• ¢2.014 millones gastos de operaciones y mantenimientos.
• ¢1.1180 millones en pago de salarios. 
• ¢481 millones en tercerización de servicios.
• ¢225 millones en mejora de servicios tecnológicos.
• ¢100 millones en continuación del servicio de gestión de talento. 

Rescate a medio camino

Aunque el plan es urgente desde el punto de vista de Japdeva, en la Asamblea Legislativa no existe consenso de que el camino de seguir aprobando presupuestos extraordinarios sea el correcto.

Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del PUSC no avala endeudarse más para darle nuevos recursos para Japdeva y más bien se inclina por otras opciones.

"Eso fue aprobado en la Comisión de Hacendarios, pero yo esperaría que en el plenario la sensatez prive y que no se aprueben los fondos y entonces esto obligue a Japdeva a tomar decisiones en serio y financiarse con los recursos de su patrimonio. La institución tiene propiedades muy valiosas y tiene una serie de actividades que tiene que readecuar, pero tiene que tomar decisiones como la tomaría cualquier empresa privada, vender propiedades o subastar, me parece que ahí hay otras opciones que no sean simplemente sacarle plata a la gente" indicó Abarca.

Por su parte, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides responsabilizó a la Administración y al sindicato por la precaria situación que vive la institución.

"Esta otra consecuencia de la irresponsabilidad y de la falta de visión institucional, es consecuencia en buena parte de acciones sindicales que impidieron el pago de cesantías y esto generó un efecto de cascada que, al no poder liquidar trabajadores, hubo que seguirles pagando salarios. El sindicato frenó los despidos y mantuvo el gasto más elevado; yo concuerdo con la Contraloría General de la República que al menos los ¢2.000 millones para despidos deben ser devueltos por la institución una vez que se liberen los fondos embargados" agregó Benavides.

El proceso de reestructuración de Japdeva fue acordado en una ley que la Asamblea Legislativa aprobó en 2019 para reducir la planilla de la institución y revisar sus costos operativos. El octavo presupuesto extraordinario ingresará ahora al orden del día del Plenario Legislativo para su discusión y votación en 2 debates reglamentarios.