Ellos son los cuatro magistrados que se disputarán la presidencia de la Corte

Los cuatro magistrados que aspiran a presidir la Corte Suprema de Justicia tienen amplia experiencia dentro del Poder Judicial, especialmente como jueces. Tres de ellos se han desempeñado en materia penal y una, en materia agraria. Los aspirantes al cargo son Patricia Solano, Patricia Vargas, Gerardo Rubén Alfaro y Damaris Vargas.

Patricia Solano Castro

Solano Castro tiene más de 38 años de servicio en la judicatura. Fue la primera mujer en convertirse en presidenta de la Sala III de Casación Penal, órgano que integra desde 2018. Nunca ha sido reelegida como magistrada y, paralelamente a sus aspiraciones para presidir la Corte, solicitó su reelección, una decisión que corresponde tomar a los diputados.

El Congreso debe votar en las próximas semanas si se mantiene en el cargo. Según lo establece la Constitución Política, se requieren 38 votos en contra para impedir su continuidad. Solano fue la primera en confirmar su candidatura a la presidencia de la Corte.

Aunque durante cuatro décadas se ha dedicado principalmente a labores como jueza de tribunal y jueza coordinadora, también ha impartido clases en distintas universidades y se ha desempeñado como escritora.

Desde su cargo al frente de la Sala Tercera, ha impulsado distintos proyectos de ley para reformar y actualizar el proceso penal, desde las etapas preparatorias hasta el juicio. También fue clave en la implementación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), creada para juzgar a las principales bandas criminales.

Es licenciada en Derecho y Notariado por la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también obtuvo una maestría en Administración de Justicia y una especialidad en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Penal. Además, cursó una maestría en Compliance en la Universidad Antonio de Nebrija, en España.

Comenzó su carrera en 1988 como jueza de instrucción en San Ramón, Cañas y Puriscal. Durante 20 años se desempeñó como jueza en San José, hasta que se jubiló formalmente en 2017. Posteriormente, regresó al Poder Judicial como magistrada, puesto desde el cual también ha ejercido la vicepresidencia de la Corte.

Además, ha sido una de las principales voces contra el asedio político del Gobierno y de figuras como el exmandatario Rodrigo Chaves contra el Poder Judicial, lo que le ha valido ataques directos. También ha defendido la independencia judicial, la necesidad de mayores recursos para la institución y la importancia de desmentir informaciones falsas difundidas por el Poder Ejecutivo.

Dentro de la institución, lidera comisiones relacionadas con la transparencia y la jurisdicción penal, entre otras áreas.

Patricia Vargas González

Vargas González fue la segunda en presentar su postulación. También integra la Sala III de la Corte y al igual que Solano, nunca ha sido reelegida en el cargo. Tiene tres años como magistrada desde que el Congreso la designó en 2023, y forma parte del cambio generacional que ha experimentado la cúpula judicial en los últimos años.

En su trayectoria destaca su labor como jueza penal de juicio y de apelaciones, especialmente en Goicoechea. Con 25 años de experiencia judicial, sus primeros pasos en el sistema de administración de justicia fueron como defensora pública. También se desempeñó como letrada en la Sala de Casación Penal antes de convertirse en magistrada.

Es profesora en la Facultad de Derecho y en la Maestría en Ciencias Penales de la UCR, así como en la Universidad Nacional (UNA). Cuenta con múltiples publicaciones académicas e investigaciones especializadas. Se graduó en Derecho en la UCR, donde también obtuvo una maestría en Ciencias Penales.

Además, cuenta con un doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, en España, donde se graduó con la máxima distinción. Entre sus prioridades figuran la defensa de la independencia judicial y la sostenibilidad presupuestaria.

Gerardo Rubén Alfaro Vargas

Alfaro Vargas integra la Sala Tercera desde finales de 2019, cuando fue elegido por la Asamblea Legislativa. Deberá buscar su reelección el próximo año, cuando venza su nombramiento, especialmente si resulta electo presidente de la Corte.

Con más de 35 años de experiencia en el Poder Judicial, destaca a nivel nacional e internacional como uno de los principales impulsores de la justicia restaurativa en el país. Originario de Guanacaste, comenzó su carrera como defensor público y juez de juicio en Liberia y Santa Cruz. También fue juez de apelaciones en esa provincia.

Tuvo un breve paso como magistrado suplente de la Sala que hoy integra y ha ejercido la docencia en Derecho en diversas universidades públicas y privadas. Se graduó en Derecho en la UCR y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y un doctorado en Derecho por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Desde 2019, lidera a nivel nacional la implementación, el desarrollo y la ejecución de la Ley de Justicia Restaurativa. Esta normativa promueve un enfoque orientado a la resolución alterna de conflictos, con el objetivo de contribuir a descongestionar el sistema penal y penitenciario. También lidera varias comisiones dentro del Poder Judicial.

Damaris Vargas Vásquez

Vargas Vásquez es especialista en Derecho Agrario y Ambiental, actual vicepresidenta de la Corte y magistrada titular de la Sala Primera. Luego de que el expresidente de la Corte Orlando Aguirre anunciara que no buscaría la reelección, ella asumió de manera interina la dirección de la Corte Plena.

Es una de las figuras con mayor trayectoria dentro de la institución, con más de 33 años de carrera judicial ininterrumpida. Oriunda de Alajuela, ingresó al Poder Judicial en 1990 y trabajó como jueza agraria en múltiples despachos rurales.

Durante 20 años se desempeñó como jueza de segunda instancia en materia agraria, hasta que fue elegida magistrada en 2020. Tampoco ha sido reelegida.

Es licenciada en Derecho y Notariado por la UCR. Posee una especialidad en Derecho Agrario por esa misma universidad y otra en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Además, cuenta con un doctorado en Derecho Procesal Civil.

También tiene una maestría en Administración de Empresas (MBA), con énfasis en Finanzas, por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Dentro de la Corte lidera planes de inclusión y también ejerce la docencia en universidades privadas.