El silencio del presidente de la Corte: suma 8 meses sin explicar desestimación del cementazo

Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue el magistrado instructor de la Sala Tercera que en febrero del 2017 coincidió con una solicitud enviada por la exfiscal general a.i. Berenice Smith Bonilla, quién sustituyó por unos días al exfiscal general Jorge Chavarría Guzmán.

Ella solicitó desestimar una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata, acusados de supuesto tráfico de influencias en favor del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños Rojas.

Tanto Smith como el magistrado Chinchilla ignoraron un informe de análisis criminal que realizó la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que encontró un flujo de 1.083 llamadas telefónicas entre Bolaños y los exdiputados denunciados. El informe criminal del OIJ recomendaba ampliar la investigación e incluir a otras personas como investigadas en la causa penal.

Pero Chinchilla y sus compañeros de Sala Tercera, los magistrados Doris Arias, Jesús Ramírez, Maria Elena Gómez y el exmagistrado Celso Gamboa apoyaron la solicitud de desestimación y en tiempo récord y contra las recomendaciones judiciales votaron a favor, dejando libres de toda responsabilidad a los exdiputados.

El Magistrado Román Solís, quién investigó el actuar de sus compañeros llegó a una conclusión: "se está ante un error grave e injustificado en la administración de la justicia por parte de los magistrados de la Sala Tercera… en resumen, omitir profundizar en ese informe de llamadas como elemento probatorio de peso, al menos realizar un ejercicio intelectual base para descartar su importancia y no simplemente referenciarlo (con base en las consideraciones del Ministerio Publico), es lo que se cataloga en este acto como un error grave e injustificado por parte de los investigados" indicó Solís en un informe enviado a los 22 magistrados que analizaron la situación.

Pese a ello, el pasado miércoles 10, de los 22  magistrados presentes en la sesión de Corte Plena decidieron castigar la falta de sus compañeroscon la pena disciplinaria más baja que admite la ley orgánica del Poder Judicial: una amonestación escrita.

Chinchilla cumple 8 meses sin dar explicaciones públicas sobre su actuar como magistrado instructor. CRHoy.com intentó en tres ocasiones ahondar con el magistrado sobre su decisión, sin embargo la primera vez huyó de la prensa, la segunda usó evasivas y culpó al Ministerio Público y desde hace dos meses no acepta una entrevista con este medio.

¿Acepta su responsabilidad?

CRHoy.com intentó una explicación del párrafo citado en el informe de la desestimación redactado por los magistrados de la Sala Tercera que cita:  "Las pesquisas llevadas a cabo por la representación fiscal, no permiten vincular con el grado de probabilidad razonada la denuncia interpuesta; y para llegar a tal conclusión el Ministerio Público procedió con una serie de investigaciones, que a lo sumo arrojaron como resultado un tráfico de llamadas entre los diputados Otto Guevara Güth y Víctor Morales Zapata, descartando cualquier contacto por este medio con el señor Juan Carlos Bolaños Rojas dueño de la empresa SINOCEM S.A".

Además agregaron "resulta inviable acreditar, bajo el grado de probabilidad, cualquier vinculación directa que medie entre la empresa SINOCEM S.A. o su propietario Bolaños Rojas, con el diputado Morales Zapata. En estos términos se referencia el requerimiento fiscal…". Esto pese a que el informe pericial indica que sí hubo vinculación directa.

Con eso, los magistrados desconocieron el tráfico de 608 comunicaciones que reportó el OIJ en su informe entre el exdiputado del Movimiento Libertario Otto Guevara Guth y Juan Carlos Bolaños. También dejan por fuera las 184 comunicaciones que se intercambiaron entre Bolaños y el exdiputado del PAC y mano derecha del expresidente Solís en la Asamblea Víctor Morales Zapata.

Chinchilla no quiso explicar su análisis jurídico al salir de una comparecencia sobre presupuesto del Poder Judicial en la Asamblea Legislativa a principios de octubre del 2017, cuando este medio lo cuestionó  en el inicio del escándalo del cementazo, que empezaba a tomar más fuerza.

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Si ésto fue un error, ¿cómo es posible que pasaron por cuatro filtros importantes y ustedes no lo detectaron? le preguntó el periodista de este medio a Chinchilla, refiriéndose al informe ignora del OIJ que fue visto por el fiscal adjunto, la exfiscal general a.i. Smith, el magistrado instructor (Chinchilla) y los otros cuatro magistrados miembros de la Sala Tercera,

Chinchilla indicó "yo no voy a entrar a esos detalles porque está en investigación que se está generando por parte de la inspección judicial, que yo soy el mismo denunciante, entonces vamos a esperar cuáles son los resultados de esa investigación y ver hacia donde se dirige"…

El periodista insistió "hay una responsabilidad por parte suya, por parte de los magistrados que votaron todos a favor, por parte de Berenice Smith…." a lo cuál  Chinchilla respondió "hay una causa abierta".

Cuando este medio intentó obtener más respuestas, el magistrado presidente huyó rodeado de sus guardaespaldas y asesores. "Yo no puedo dicirle nada de eso porque está sometido al tribunal de la inspección judicial…" indicó. Chinchilla no asumió la responsabilidad de ignorar el informe del OIJ.

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La segunda ocasión fue una entrevista pactada ese mismo día, en la que el magistrado cambió su versión y culpó al Ministerio Público por supuestamente entregar "información falsa" a la Sala Tercera. En esa ocasión indicó que dicha información permitió la desestimación de la denuncia contra los diputados Guevara y Morales e influyó para que el juzgado penal desechara la denuncia contra Céspedes y contra Juan Carlos Bolaños Rojas.

"Hay una información que se nos pasa falsa, que no se ajusta a la realidad, según el informe del OIJ que considero correcto…", dijo Chinchilla.

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En noviembre del 2017, los magistrados de la Sala Tercera fueron llamados a comparecer ante los diputados de la comisión investigadora de los créditos de la banca pública en la Asamblea Legislativa. Los cuatro magistrados se abstuvieron de declarar, mientras los exdiputados solicitaron en su informe final la separación de los cargos.

Por último, desde el 16 de abril del 2018 este medio a solicitado en reiteradas ocasiones una entrevista con el funcionario público, sin embargo la presidencia de la Corte no aceptó.

Primero indicaron que para esa fecha el magistrado presidente participaba de una cumbre judicial fuera del país, ante la insistencia, la última respuesta fue el 9 de mayo, cuando la oficina de prensa del Poder Judicial indicó que se ha había trasladado la gestión a la presidencia de la Corte donde siguen sin responder.