Ejecutivo oculta con quienes “socializa” renta global dual
(CRHoy.com) La Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda no quieren revelar los sectores con los cuales, en sus propias palabras, "socializa" el proyecto de ley con el cual se quiere crear el Impuesto de Renta Global.
Cuando se habla de "socializar" la propuesta, el Poder Ejecutivo se refiere a su presentación ante los sectores económicos, productivos, empresariales y políticos de previo a mandar el proyecto de ley al Congreso para que arranque su discusión.
Al final del año pasado el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, mencionó que el proyecto se presentaría, supuestamente, la última semana de enero al Congreso, esto posterior a ese proceso de socialización de la propuesta. Según Acosta, en este proceso previo de presentación estaba detrás la ministra de Presidencia, Natalia Díaz Quintana.
CRHoy.com consultó a Díaz el listado de personas, organizaciones, cámaras y otros grupos a los cuales se les está presentando los pormenores del proyecto de previo a su discusión en Cuesta de Moras- sede de la Asamblea Legislativa-, pero desde el despacho de la ministra interlocutora del Poder Ejecutivo no se atendió la solicitud.
La renta global es un cobro porcentual que se hace a personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa.
Este tipo de cobro se aplica a los ingresos de forma gradual y proporcionalmente con respecto al monto de dinero que recibe cada mes por sus actividades económicas o laborales, esto con independencia de la fuente generadora, siempre que sea local.
La renta global consiste en sumar todos los ingresos en una misma cuenta y aplicar un impuesto diferenciado, de acuerdo con sus ganancias.
La renta global incluye los ingresos recibidos por el trabajo, los rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario, las rentas provenientes de las actividades económicas propias, así como las variaciones patrimoniales provenientes de las ganancias de capital eventuales. Se acumula la totalidad de dichos ingresos en la base de renta bruta.
El nuevo texto reemplazará a la propuesta que se enterró en septiembre pasado. La iniciativa que fracasó la presentó el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022),
En esa iniciativa, ese impuesto iba a recaer sobre aquellos costarricenses que perciban ingresos anuales que superaran los ¢8.425.000, es decir, los ¢702.083 mensuales. En ese cálculo, se excluía el aguinaldo.
La tarifa del impuesto oscilaba, en esa propuesta, entre el 10,0% y el 27,5%, dependiendo de los ingresos de cada persona.
Con estas condiciones, el pasado gobierno esperaba recaudar ¢170 mil millones anuales.
